Por medio de un modelo de planificación que considera la representación de la biodiversidad y el acceso social a la naturaleza, un grupo conformado por investigadores CAPES estudió el nivel de accesibilidad y representatividad que poseen actualmente las áreas protegidas que resguardan la biodiversidad de la zona central de Chile, una de las zonas más amenazadas y biodiversas del mundo.
Desde los primeros esfuerzos por catalogarlas a comienzos de este siglo, la identificación de aquellas zonas con mayor diversidad biológica y, al mismo tiempo, más amenazas del planeta—conocidas como hotspots o “puntos calientes” —, planteó el enorme desafío de proteger y conservar las especies presentes en ellas. Estos puntos de biodiversidad comparten un alto endemismo vegetacional (un gran porcentaje de su flora sólo existe allí) y cierto nivel de vulnerabilidad en la región. Se sabe que, en conjunto, estas zonas ocupan menos del 5% del territorio del planeta, pero contienen más de la mitad de sus especies conocidas.
Declarada como tal el año 2000, la región de nuestro país que abarca parte del desierto de Atacama, el bosque matorral esclerófilo y el bosque Valdiviano, denominada formalmente como el “Chile Central”, es una de estas zonas.
De este amplio territorio en peligro, la biodiversidad de Chile central ha recibido especial atención a causa de su alto nivel de vulnerabilidad, provocada principalmente por la alta concentración de personas (gran parte de la población del país) que cohabita este ecosistema, la desigualdad en el acceso de éstas a las áreas silvestres, y los altos grados de amenaza que sufren las especies allí presentes (23% de ellas presente en la lista roja de especies de la IUCN).
Ante este escenario, la pregunta sobre qué tan accesibles a las personas son las áreas protegidas que resguardan el matorral esclerófilo, y qué tan representativas son éstas últimas de la biodiversidad de la región, motivó a la ecóloga del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) María José Martínez, a indagar sobre el estado de conservación presente en una de las zonas con mayor riesgo de colapso ecológico del país.
Martínez abordó estas preguntas a través de una metodología denominada planificación sistemática de la conservación, un proceso que busca establecer metas y objetivos de conservación a través de soluciones óptimas a costos mínimos. Los objetivos de esta metodología incluyen evaluar la representación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos —es decir los beneficios que la sociedad obtiene de la naturaleza para el bienestar humano— presentes en los territorios.
“Tener en cuenta los costos de la conservación (como el costo de adquisición de tierras) tiene el potencial de mejorar la efectividad de los resultados en la planificación de áreas para la conservación, y ayuda a evitar errores costosos. Además, esta planificación sistemática permite incorporar la mejor información científica y clarificar los costos y beneficios que implican ciertos escenarios que llevan a una toma de decisiones más informada. La serie de soluciones que se generan implica la selección óptima de una red de áreas que cumplan mejor con las metas de conservación definidas, además de informar sobre cuándo y cómo agregar áreas a la red de conservación ya existente”, explicó la investigadora.
En un reciente artículo publicado en la revista People and Nature, Martínez y un conjunto de colaboradores detallaron la aplicación de esta metodología en el Chile Central, el cual cuenta con 65 áreas protegidas, tanto públicas como privadas, que buscan asegurar su conservación. Los resultados mostraron que es posible mejorar la accesibilidad social y la representación de la biodiversidad existente en estas áreas, a un menor costo.
Entre sus conclusiones, los autores plantearon un escenario más eficiente que considera tanto el costo de la tierra como el acceso social, el cual propone que la ampliación de la actual red de áreas protegidas en tan solo un 3%, podría significar un 86% de crecimiento en la representación de su biodiversidad, y un 18% de aumento en la accesibilidad social a estas áreas protegidas.
Dichos resultados son particularmente relevantes considerando la situación de los ecosistemas de bosque mediterráneo costero de la zona central, donde la actual red de áreas protegidas solo cubre una pequeña proporción de estos bosques. Así, el estudio podría ayudar a encontrar nuevas oportunidades de conservación en la región, determinando que acciones tomar y dónde.
“La clave del estudio, es que incorpora aspectos sociales y servicios ecosistémicos culturales en la planificación para la conservación. De esta forma se sugieren mejoras a sistemas de áreas protegidas que incluyen aspectos tan importantes como la equidad en el acceso a estas zonas” explicó el biólogo CAPES Stefan Gelcich, uno de los autores del estudio.
Los investigadores también señalan que la nueva política de conservación privada (Derecho real de conservación, Ley 20.930), instituida en Chile en 2016, podría ayudar a compensar los costos de conservación a través de asociaciones público-privadas, sobre todo si consideramos que la mayor parte del área estudiada, con alto valor de conservación, se encuentra en terrenos privados.
Chile es uno de los países con mayores índices de desigualdad del mundo, los cuales afectan todas las dimensiones del bienestar humano, entre ellos el acceso a la naturaleza. “La consideración de la accesibilidad social a las áreas protegidas utilizada en este estudio podría incrementar el éxito de las áreas protegidas como herramienta de conservación al acercar a las personas a la naturaleza”, finalizó Martínez.
Texto: Comunicaciones CAPES