Un estudio publicado en la revista Sustainability de MDPI, revisó más de 180 artículos científicos en busca de los indicadores y metodologías de evaluación de impacto social más comunes en proyectos asociados a ERNC.
En los últimos años, el agudizamiento de fenómenos asociados al cambio climático ha forzado a gobiernos de todo el mundo a acelerar sus procesos de reemplazo de soluciones energéticas basadas en combustibles fósiles, al uso más sustentable de las así llamadas Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Sin embargo, a medida que estas iniciativas avanzan, la pregunta sobre su real impacto dentro de las comunidades locales aún no es del todo respondida.
Para ayudar a esa respuesta, un grupo de investigadores del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES UC), el Centro de Investigación e Innovación en Energía Marina y el nuevo Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS), analizó el modo en que se han ido incorporando criterios sociales y mecanismos de participación en los procesos de toma de decisiones asociadas a proyectos de energías renovables, en aras a anticipar mejor la factibilidad de estos proyectos en los territorios en que se insertan.
Su estudio, publicado en la revista Sustainability de MDPI, consistió en una revisión bibliográfica de más de 180 artículos científicos donde se identificaron 490 indicadores de evaluación de impactos sociales, los cuales fueron clasificados en 9 categorías dependiendo del tipo de impacto que se buscaba estimar: empleo, aceptación social, desarrollo social, impacto en salud, gobernanza, impacto visual, conocimiento y conciencia, valor cultural y justicia social.
Entre sus resultados, los investigadores observaron que la mayoría de los artículos revisados (92,3 por ciento) incluían un componente participativo, siendo la consulta a expertos el formato de participación preferente (75,4 por ciento).
Si bien estos datos revelan avances en el uso de lo que se conoce como enfoques de análisis de decisiones multicriterio (o MCDA, por sus siglas en inglés), también revelan una serie de desafíos en la implementación de este tipo de metodologías, que buscan incorporar a la ciudadanía en la evaluación de iniciativas con alto impacto social, en este caso, al momento de desarrollar iniciativas y políticas de energía renovable.
Un campo por conocer
El incremento sustancial de las energías renovables a escala global, argumentan los autores, exige la incorporación sistemática del factor “impacto social” como un aspecto central durante el desarrollo de cualquier proyecto energético. Sin embargo, medir los atributos sociales que inciden en este impacto es una tarea compleja.
“Los impactos sociales no son objetivamente negativos ni positivos”, explican, “más bien, dependen de las percepciones subjetivas y de la escala de análisis”. Esa incertidumbre obliga al estudio profundo de las expectativas sociales de participación en la discusión pública sobre nuevos modelos energéticos —ya sea en la adopción de prácticas de consumo más consientes ambientalmente, o la instalación de fuentes de energía renovables— y sus posibles consecuencias para el medio ambiente.
“Como articulador de políticas o proyectos energéticos, necesitas conocer las expectativas, demandas, y preferencias de todos los involucrados en un proyecto, incluyendo a la sociedad civil” comenta Roberto Ponce Oliva, co-autor del estudio, investigador CAPES y académico de la Universidad del Desarrollo. “El objetivo es conocer, de preferencia a priori, cuál es la posición de la ciudadanía con respecto a tu proyecto, qué aspectos le parecen positivos, y cuales negativos. Además, por medio de una adecuada participación ciudadana es posible conocer externalidades negativas (que genera el proyecto) y que el Titular puede no identificar” añade.
En el ámbito de las ERNC, continua el experto, existen varias externalidades negativas asociadas a su implementación. “Por ejemplo, la energía eólica podría generar ruidos molestos a las comunidades cercanas, afectación en el paisaje, e impactos negativos en las rutas migratorias de aves. Una adecuada participación ciudadana permitiría dos cosas: por un lado, que la comunidad conozca de primera fuente cuales son las características e impactos del proyecto, y por otro permite al Titular del proyecto identificar grupos de interés, potenciales afectados, y tener una idea de la magnitud de los efectos negativos”.
Tareas pendientes
Ponce y el resto del equipo investigador observaron un aumento significativo en la introducción de prácticas que aseguran esta participación, especialmente en proyectos sobre energías bioenergética, solar y eólica. Áreas como el estudio de energías geotérmicas y marinas presentan una menor presencia de estas metodologías.
Entre los objetivos más presentes a la hora de incluir la voz ciudadana en estas iniciativas, están la elección de la alternativa energética más adecuada a nivel de sostenibilidad, costo-beneficio, eficiencia, y su compatibilidad con políticas nacionales, además de la mejor ubicación para la instalación de plantas de energía en los territorios.
Por otra parte, un alto porcentaje de los trabajos analizados buscaron evaluar el impacto social de los proyectos en ámbitos como el efecto que éstos podrían tener en el empleo, su aceptación entre sus usuarios, consumidores o el público en general, o el desarrollo social que traerían a nivel local, de acceso a la energía o de calidad de vida en caso de implementarse. Otro aspecto mencionado fue el impacto en salud de estas iniciativas, particularmente en cuanto al ruido, la seguridad y el riesgo, y la contaminación.
Los resultados de esta revisión revelan no sólo avances importantes, sino también desafíos y brechas importantes en la inclusión efectiva de los impactos sociales y una participación más amplia en el desarrollo de las energías renovables, proporcionando conocimientos críticos para las políticas públicas en el sector energético. Para empezar, el grueso de los artículos revisados se concentró en países asiáticos y europeos, con una clara ausencia de artículos en América Latina y África.
En el futuro, comentan los investigadores, se espera que los países en desarrollo con alto potencial de generación de energía a partir de fuentes renovables, como Chile, enfrenten desafíos para incluir mecanismos de participación y evaluación de impactos sociales potenciales, como la inclusión efectiva de expertos como fuentes válidas de evaluación de estos impactos, la creación de plataformas regionales de aprendizaje en las que se puedan compartir experiencias y casos locales de aplicación de estas energía, y la adopción de mejores prácticas que permitan la inclusión de múltiples partes interesadas y sus valores de una manera estructurada y transparente.
En el caso de nuestro país, plantea Roberto Ponce Oliva, la legislación considera la participación ciudadana tanto para las Evaluaciones (EIA) como para las Declaraciones de Impacto Ambiental DIA, aunque, en estos casos, “la discusión que existe es si el mecanismo de participación actual es suficiente para evitar la judicialización de los proyectos” dice. “El problema es que la simple participación no garantiza que, una vez ejecutado el proyecto, y dadas sus externalidades negativas, la comunidad no recurra a la justicia para reclamar por sus derechos. Lo único que garantizaría que se evite la judicialización, es que se considere la opinión de las comunidades potencialmente afectadas desde la etapa de diseño del proyecto. Y esto último no es tarea fácil”.
Texto: Comunicaciones CAPES