- Así lo consigna una nueva edición del reporte «Compromisos y Cumplimiento de Promesas en Materia Ambiental 2022- 2024», elaborado por CAPES, SECOS y el Programa de Derecho y Medio Ambiente UC.
- Del total de compromisos de relevancia ambiental presentados por el Pdte. Boric, 20 han sido calificados como “cumplidos” y 57 “en proceso”, mientras que 4 no registran avances.
Esta semana se dio a conocer el “Reporte Compromisos y Cumplimiento de Promesas en Materia Ambiental 2022-2024”, publicación anual del Proyecto Votaciones Ambientales, que identifica el nivel de avance y cumplimiento de los compromisos de relevancia ambiental presentados por el gobierno del Presidente Gabriel Boric en su programa de gobierno o en alguna de sus cuentas públicas.
El reporte concluye que, de los 82 compromisos ambientales evaluados para esta edición, 20 pueden ser calificados como cumplidos, 57 se encuentran en proceso de cumplimiento, 4 no registran avances y para 1 compromiso no se encontró información.
Como explica la doctora Francisca Reyes Mendy, investigadora CAPES y SECOS, y directora del proyecto Votaciones Ambientales, “este reporte ha evaluado las respuestas de política pública que se han diseñado durante estos dos años y tres meses desde que asumió el Pdte. Gabriel Boric, para dar cumplimiento a los compromisos ambientales que ha presentado el gobierno. Si bien es posible calificar como cumplidos sólo el 24% de sus compromisos, casi un 70% del total están actualmente en proceso de cumplimiento, lo que es una muy buena noticia”, afirma.
La también académica del Instituto de Desarrollo Sustentable UC, agregó: “Si bien las cifras son destacables, lo verdaderamente relevante es que el gobierno pueda implementar las medidas que dan cumplimiento a estos compromisos hasta su total conclusión, ya sea durante esta administración presidencial o en la siguiente, para lo que se requiere seguimiento y monitoreo”.
Para esta evaluación, se analizaron las acciones de política pública a los compromisos de relevancia ambiental contenidos en el Programa de Gobierno del Presidente Boric y en su posterior «Acuerdo de Implementación Programática», además de aquellos incorporados en sus cuentas públicas de 2022 y 2023. Estos fueron clasificados en 14 temas de relevancia ambiental: agricultura; agua; aire; biodiversidad; cambio climático; contaminación electromagnética, ruido y contaminación lumínica; energía; institucionalidad y gestión ambiental; minería; paisaje y territorio; pesca y acuicultura; residuos y sustancias peligrosas; silvicultura; y suelo.
Además de las iniciativas de política pública analizadas en este informe, se presentaron cinco nuevos compromisos que el mandatario incorporó en su Cuenta Pública de 2024: la protección de un 30% de la superficie de los salares de Chile; avanzar en acero verde; a 2030 Codelco sólo trabajará con energías renovables; el diseño y construcción de diez nuevas plazas sobre las ruta 5, 68 y Américo Vespucio, en la región Metropolitana; y el fortalecimiento presupuestario del Ministerio del Medio Ambiente.
Iniciativas implementadas
Este Reporte de Votaciones Ambientales, iniciativa conjunta del Programa de Derecho y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES UC, identificó que los compromisos que presentaron mayor nivel de cumplimiento durante el último año refieren a temas relativos a institucionalidad y gestión ambiental (6), agricultura (4) y biodiversidad (3).
Entre los compromisos “cumplidos” de la categoría institucionalidad y gestión ambiental, destacan el presentar el proyecto de ley para fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia (Boletín 16552-12), que introduce cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y otros instrumentos, el cual fue ingresado por el Ejecutivo el 10 de enero de 2024. También se encuentra el proceso de elaboración del Plan Estratégico y de Implementación para la creación del Instituto Tecnológico y de Investigación Público para Enfrentar la Crisis Climática y Ecológica, que buscar abordar la crisis climática y ecológica, y sus interconexiones con las crisis de pérdida de biodiversidad y de contaminación.
En materia de agricultura, se ha profundizado la modernización del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) para aumentar la velocidad de traspaso de tecnologías más sustentables para este sector productivo. Por otra parte, se logró aprobar la Ley 21.597 que modifica y prorroga la vigencia de la Ley de Riego, que propende a la diversificación de cultivos y la seguridad alimentaria con foco en cultivos tradicionales, así como en pequeña y mediana agricultura, organizaciones de usuarios de aguas y comunidades indígenas y agrícolas, ampliando de los tipos de proyectos susceptibles de bonificación.
Mientras, en biodiversidad destaca la creación de 33 nuevas áreas protegidas terrestres y marinas, que en total suman una superficie de 1,2 millones de hectáreas.
«Celebramos todas estas políticas públicas implementadas que dan cumplimiento a varios compromisos, porque en ellos hay un trabajo de gestión importante. El desafío que tiene ahora el gobierno es avanzar en los 62 compromisos restantes y para ello, creemos que se deben establecer objetivos concretos, responsables claramente identificados, e indicadores y metas que permitan medir sus avances y niveles de cumplimiento”, explica la Dra. Reyes.
Entre los compromisos que avanzan, destacan el progreso hacia una gobernanza hídrica con carácter sistémico, descentralizado y con enfoque de cuencas y la creación de los organismos de cuencas; una estrategia que inicie un proceso de transición ecológica justa; la implementación de un modelo de soberanía energética enfocada en descarbonización, descentralización y pobreza, y vulnerabilidad energética; la promoción de iniciativas científicas para minimizar el impacto de relaves mineros y regularización de los pasivos ambientales mineros; el diseño de una nueva ley de ordenamiento territorial, así como la dictación de un una nueva Ley de Pesca.
Entre los compromisos que no registran avance, en tanto, resaltan el aumento al “impuesto al CO2 desde 5 a 40 USD/tCO2”, y del “impuesto específico a los combustibles a 7 UTM por metro cúbico en promedio a nivel nacional”, establecidos en el programa de gobierno.
Respecto de los hallazgos de este Reporte, Ricardo Irarrázabal, director del Programa de Derecho y Medio Ambiente UC, explica que “buscamos entregar información en materia ambiental que creemos relevante para la ciudadanía y la comunidad científica y que permite conocer la complejidad y diversidad de estos desafíos. Esto nos pone en contexto la envergadura de la tarea que tenemos por delante y llama a la academia a poder contribuir, con el mejor conocimiento disponible, al diseño e implementación de las respuestas de política pública que se llevan a cabo”.
Votaciones Ambientales es una iniciativa conjunta del Programa Derecho y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Center of Applied Ecology and Sustainability – Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES UC.
Puede descargar el informe directamente aquí. Para mayor información ingresar al sitio web votacionesambientales.cl