De un total de 80 promesas de relevancia ambiental realizadas por el gobierno, 8 han sido calificadas como “cumplidas” y 64 “en proceso”, mientras que 7 no registran avances.
Esta semana se dio a conocer una nueva publicación del proyecto de Votaciones Ambientales del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Universidad Católica de Chile, CAPES, titulado “Reporte Compromisos y Cumplimiento de Promesas en Materia Ambiental 2022-2023”. El documento identifica el nivel de avance y cumplimiento de los compromisos de relevancia ambiental durante los primeros 15 meses del gobierno del Presidente Gabriel Boric.
En él, se concluye que de los 80 compromisos en materia ambiental evaluados, 8 pueden ser calificados como cumplidos, 64 se encuentran en proceso de cumplimiento, 7 no registran avances y para 1 compromiso no se encontró información.
“Si bien es posible calificar como cumplidos sólo 8 de los 80 compromisos de relevancia ambiental del Presidente Boric, durante sus primeros 15 meses de gobierno hay un alto porcentaje de promesas que están actualmente en ejecución, lo que es una muy buena noticia”, afirma la doctora Francisca Reyes Mendy, directora del proyecto Votaciones Ambientales, investigadora de CAPES y del Instituto Milenio SECOS, y académica del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica. Y agrega: “Lo relevante es darle continuidad y seguimiento a estos avances, hasta su total conclusión, ya sea durante esta administración presidencial o en la siguiente”.
Para esta evaluación se analizaron las respuestas de política pública a los compromisos de relevancia ambiental contenidos en el Programa de Gobierno del Pdte. Boric y en su posterior Acuerdo de Implementación Programática, además de aquellos incorporados en su primera Cuenta Pública de 2022. Estos, son clasificados en 14 temas de relevancia ambiental: agricultura; agua; aire; biodiversidad; cambio climático; contaminación electromagnética, ruido y contaminación lumínica; energía; institucionalidad y gestión ambiental; minería; paisaje y territorio; pesca y acuicultura; residuos y sustancias peligrosas; silvicultura; y suelo.
Nivel de cumplimiento
De los 80 compromisos evaluados en este reporte, se identificó que los ámbitos que presentan mayor nivel de cumplimiento se encuentran institucionalidad y gestión ambiental (4), biodiversidad (2), energía (1) y cambio climático (1).
Entre los compromisos “cumplidos” de la categoría institucionalidad y gestión ambiental, destacan la urgencia en la tramitación y posterior aprobación, aunque con unos días de desfase de la Cuenta Pública de 2023, del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que ingresó al Congreso en 2014. También se identifica la creación del Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa y la creación de la Oficina de Transición Socioecológica Justa al interior del Ministerio del Medio Ambiente; la firma, tramitación y promulgación del Acuerdo de Escazú durante los primeros meses de la administración; la certificación de empresas turísticas con un sello sustentable; y el trabajo realizado en Política Exterior Turquesa, con una serie de iniciativas internacionales para la protección de los océanos y la biodiversidad, como por ejemplo, la “Coalición de Alta Ambición”, lanzada por 19 países para acabar con la contaminación por plásticos.
En Biodiversidad, se da cumplimiento al objetivo de liderar, junto a Canadá, un acuerdo para la creación de corredores marinos protegidos en todo el Océano Pacífico, lo que se inició con la creación de la “Coalición Américas por la Protección del Océano», durante la Cumbre de las Américas de 2022.
En Energía, se dio tramitación expedita a la ley que regula los biocombustibles sólidos, la cual fue promulgada en octubre de 2022. Finalmente, en Cambio Climático, destaca la incorporación de variables de cambio climático en la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos de planificación territorial.
«Celebramos estos logros porque en ellos hay un trabajo de gestión importante. El desafío que tiene ahora el gobierno es avanzar en los 72 compromisos restantes y para ello, creemos que se deben establecer objetivos concretos, responsables claramente identificados, e indicadores y metas que permitan medir sus avances y niveles de cumplimiento, puesto que no todos los compromisos identificados en este reporte permiten hacer ese trabajo”, explica la Dra. Reyes.
Además de las respuestas de política pública que revelan el cumplimiento de los 80 compromisos de relevancia ambiental analizados en este informe, se presentan los dos nuevos compromisos que el Pdte. Boric incorporó en su Cuenta Pública de 2023: un proyecto de ley para fortalecer el sistema de financiamiento para el desarrollo y transición productiva clave, apoyando en el acceso a crédito a las Pymes de base tecnológica y duplicando el presupuesto público en I+D; además de un proyecto de ley de incendios forestales.
Conclusión de procesos y temas nuevos
El “Reporte de Compromisos y Cumplimiento de Promesas en Materia Ambiental 2022- 2023” no sólo midió el cumplimiento de los compromisos de gobierno, sino que también permite hacer un trabajo de análisis de las materias y objetivos que estas promesas persiguen.
Tal como explica la doctora Francisca Reyes, «en nuestro análisis hemos visto que tanto en los compromisos que han sido calificados como “cumplidos” y en aquellos que están “en proceso”, hay una gran diversidad de promesas que buscan concluir o dar continuidad a procesos que se iniciaron en gobiernos anteriores, lo que es muy positivo puesto que una buena política pública trasciende los 4 años de gobierno. También vemos que se han introducido nuevos temas, que aparecen por primera vez en la agenda pública como compromiso presidencial y, por último, que también se han retomado iniciativas que en el pasado no han tenido total consenso político para llevarlas a cabo y que, por ser materias no resueltas, vuelven a la agenda política”.
Entre las primeras, además de la aprobación de SBAP, que viene a completar la institucionalidad ambiental del país, o la firma del Acuerdo de Escazú que quedó pendiente desde 2020; destaca también el compromiso por la protección de los océanos; el aumento de las áreas prioritarias para la conservación, principalmente en áreas marinas y humedales; y la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, que ha avanzado a través de la elaboración de distintos reglamentos, programas y planes nacionales, regionales y comunales.
Entre aquellos temas nuevos, se encuentran la creación del Comité Interministerial y de la Oficina de Transición Socioecológica Justa, la conformación del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, las acciones para la reparación socioambiental de las zonas de sacrificio y la conformación de la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Entre aquellos temas que no han logrado total consenso político y que han sido retomados se encuentran el aumento de los impuesto verdes (al CO2 y a los combustibles); la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la elaboración de una nueva Ley de Pesca y Acuicultura.
Materias pendientes
El Reporte identificó también aquellas iniciativas que no presentan avances, las cuales se encuentran en 6 temas de relevancia ambiental.
Entre éstos, se pueden nombrar la creación de un programa de eficiencia hídrica para agua caliente sanitaria a partir del “recambio de chayas” (Agua); el aumento “gradual” del impuesto específico a los combustibles (Aire); modificaciones de las leyes sobre Protección a los Animales y la que aplica la Convención CITES (Biodiversidad); la creación de un Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático (Cambio Climático); sistemas de reciclaje de desechos y maquinaria en la pequeña minería y el impulso a la modernización tecnológica y sustentabilidad de la pequeña y mediana minería (Minería); y finalmente la elaboración de una ley de ordenamiento territorial (Paisaje y Territorio).
“En los 6 años que llevamos realizando este informe anualmente, hemos constatado que para que exista avance en la ejecución y concreción de los compromisos no sólo se requieren acciones de gestión, sino también una coordinación virtuosa con el Congreso para avanzar en materias que requieren de la actividad legislativa. Para el caso del gobierno del Presidente Gabriel Boric, al menos una decena de compromisos se basan en la creación o modificación de leyes. Es de esperar que esta coordinación se realice con altura de miras y poniendo el interés del país como prioridad”, puntualiza Reye.
Votaciones Ambientales es una iniciativa financiada por el Center of Applied Ecology and Sustainability – Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES UC (ANID PIA/BASAL FB0002). Además, cuenta con el patrocinio del Programa Derecho y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y, entre sus colaboradores se encuentra el Instituto Milenio de Socio-Ecología Costera (SECOS).
Puede descargar el informe directamente aquí.
Para mayor información ingresar al sitio web votacionesambientales.cl
Texto: Karen González, Votaciones Ambientales