Un mapa que recopila, caracteriza y sintetiza la evidencia científica asociada al conocimiento de la conservación en la Patagonia Chilena es la nueva herramienta creada por un grupo interdisciplinario de investigadores nacionales liderados por la ecóloga espacial María José Martínez, y con la participación de investigadores del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) y el Instituto Milenio en Socio-ecología Costera (SECOS).
El objetivo de este trabajo fue apoyar la toma de decisiones en torno al desarrollo y aplicación de planes de manejo que resguarden efectivamente los delicados ambientes terrestres y marinos de la zona, una de las pocas partes del mundo que todavía cuentan con más de la mitad de sus hábitats naturales legalmente protegidos (54%).
Sin embargo, “pese a los progresos realizados a la fecha, sigue habiendo serias preocupaciones, debido, principalmente, a las brechas que aún existen entre la protección legal y la protección real de éstas áreas”, afirman los investigadores. Y aun cuando el interés científico, nacional e internacional, por conservar la región está, así como la información científica necesaria para conocer en tiempo real el estado de su biodiversidad, sus procesos ecológicos y sus principales amenazas, “esta información”, recalcan “se encuentra actualmente fragmentada y nunca ha sido colectada, integrada o analizada a escala regional”.
Para remediar este problema, los autores levantaron una base de datos con más de 1.000 publicaciones abocadas al estudio de la Patagonia Chilena entre 1975 y 2018, las cuales fueron clasificadas según el tipo de ecosistema que trataban (terrestre, marino, de agua dulce, social u otro), y el conocimiento asociada a los impactos que los principales impulsores de cambio global de la zona (cambio climático cambio de hábitat, especies invasoras, sobreexplotación y contaminación) tenían sobre dichos ecosistemas y sus áreas protegidas.
Predilección por la tierra
Entre sus principales hallazgos, los investigadores notaron que la mayoría de las publicaciones correspondían a estudios sobre ecosistemas marinos (33%) y terrestres (29%) con un lento incremento en el tiempo de aquellos asociados a sistemas sociales (21%), y a la inclusión de variables sociales y dimensiones humanas relativas a la conservación y manejo de estos ecosistemas.
En cuanto a los impulsores de cambio global, los estudios referidos a los efectos del cambio climático (19%) y las especies invasoras (13%, concentrándose en investigaciones sobre la introducción del salmón y el castor) fueron los más numerosos. El estudio de estos estresores en ecosistemas terrestres mostró una tendencia significativa al alza entre los años 2000 y 2010, mientras que aquellos dedicados al cambio de hábitat (también en sistemas terrestres) comienza un crecimiento a partir de la segunda década del Siglo XXI.
El problema más estudiado en el caso de los sistemas marinos, en cambio, fue la contaminación, con un 7% de los estudios dedicados a este tema en particular. Le siguen igualmente especies invasoras (6%), hábitat (3,5%), y cambio climático (3,3%). Para estudios sobre ecosistemas de agua dulce, la mayoría versó sobre este último tema (9%) abocándose principalmente a la pérdida de masa de glaciares a causa del calentamiento global.
Por último, los estudios sobre sistemas sociales exploraron mayoritariamente el problema de la sobreexplotación de recursos (1,8%) y la contaminación (1%), aunque gran parte de ellos atendían más bien a las relaciones humano-naturaleza, a pueblos originarios, y a los patrones humanos de ocupación en la Patagonia, y no consideraban otros impulsores de cambio global.
Junto con estas clasificaciones, los investigadores también analizaron la distribución espacial de estos estudios, detectando que menos del 31,5% de la evidencia recopilada fue adquirida dentro del sistema de áreas protegidas. “La mayoría de los estudios se concentran en sólo tres de los parques nacionales más grandes (el Parque Bernardo O’Higgins, la laguna San Rafael y las Torres del Paine), lo que revela que hay una vasta fracción de esta región se mantiene subestudiada, y que trabajo adicional será necesario para mejores el conocimiento de estas áreas a nivel de conversación” comentan.
Otras brechas de conocimiento
Pero esta no fue la única brecha de conocimiento identificada por el estudio. Durante la confección de este mapa, los autores también pudieron descubrir vacíos y sesgos de conocimiento en el conjunto de la evidencia existente hasta ahora. Estos hallazgos, sumados a un conjunto de recomendaciones de conservación elaboradas por el grupo de expertos que analizó dicha evidencia, fueron presentados en el libro “Conservación en la Patagonia Chilena: Evaluación del conocimiento, oportunidades y desafíos”, editado por los autores Juan Carlos Castilla, Juan Armesto y María José Martínez.
Entre las tareas pendientes, los expertos señalan un énfasis en la investigación asociada a ecosistemas terrestres en desmedro de otros sistemas, tendencia que se refleja también en términos del manejo de áreas protegidas de la región. “Hay grandes brechas entre protección legal y protección real, particularmente en materia marina” señalan, “la cual se haya enormemente amenazada por el uso agro-industrial”.
«También identificamos cómo una brecha, la necesidad de incorporar el estudio de las dimensiones sociales de la conservación, y los esfuerzos futuros deben enfocarse en incorporar el conocimiento tradicional y local, ya que esto puede ayudar a señalar el camino hacia la conservación de los ecosistemas» explica María José Martínez, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y SECOS, además de colaboradora CAPES.
Pese a estos vacíos, los autores coinciden en que los 1.600 km de extensión que comprenden la Patagonia Chilena, el más largo sistema de fiordos y estuarios del hemisferio sur, representan una oportunidad única para la conservación de grandes paisajes terrestres y marinos no intervenidos. “La aplicación de estrategias innovadoras de conservación, como proyectos integrados tierra-mar, la gestión de parques, la conservación marina de usos múltiples y la conservación biocultural a través de la asignación de derechos de acceso y gestión sobre áreas marinas a comunidades indígenas”, explican, son algunas de las medidas que deben impulsarse para continuar estos esfuerzos.
«Es urgente intensificar los esfuerzos para entregar la evidencia a los tomadores de decisión en un formato que permita su consideración e incorporación en políticas de conservación» advierte Martínez. «En esta revisión, proporcionamos una herramienta que puede ayudar a alcanzar este objetivo de manera confiable y transparente».
Este trabajo, que contó con la co-autoría de los investigadores CAPES Stefan Gelcich y Patricio Pliscoff, fue publicado en la revista Conservation Science and Practice, y la base de datos generada por los autores se encuentra libremente disponible en Mendeley Data.
Texto: Comunicaciones CAPES
Imágenes: Jennifer Argáez (foto principal) y Simenon (foto interior)