El nuevo Servicio tendrá por fin ejecutar las políticas públicas para el cuidado y gestión de la biodiversidad y el patrimonio natural del país, integrando en una sola entidad la gestión de todas las áreas protegidas a lo largo de su territorio.
El próximo martes 23 de julio, en su segunda discusión particular, el Senado votará el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP, un nuevo organismo público dependiente del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y cuyo objetivo será la protección y conservación de la biodiversidad en el país.
La votación de este martes se da tras ocho años de tramitación de la iniciativa, la que incluyó el despacho de dos proyectos de ley, ingresados en 2011 y 2014 respectivamente, y la revisión y aprobación de tres comisiones parlamentarias, la última de ellas la de Trabajo y Previsión Social, que presentó su informe final el pasado 17 de julio.
Nueva institucionalidad
Entre otros instrumentos, el Servicio tendrá a su cargo la gestión de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que unificará bajo una sola figura todas las áreas protegidas del Estado, tanto terrestres como marinas, actualmente repartidas en cinco ministerios, permitiendo focalizar de mejor manera los esfuerzos de cuidado de dichos territorios.
La iniciativa también incluye el traspaso de los recursos financieros y personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a este nuevo organismo, salvaguardando todos los derechos laborales de sus trabajadores y aumentando el presupuesto destinado a sus labores 15 mil a 38 mil millones de pesos. Ello, en un intento por reducir el déficit histórico de este sector en materia de financiamiento.
Junto a estas medidas, se contempla el establecimiento de una nueva normativa ambiental, vigilada por el MMA, que protegerá la variedad biológica nacional fuera de las áreas protegidas por ley, extendiendo su campo de acción a todas aquellas amenazas que enfrentan hoy nuestros ecosistemas, especies y genes, como la erradicación y control de especies invasoras, el cambio indiscriminado de uso de suelo, o las alteraciones ecológicas provocadas por el Cambio Climático, entre otras.
Una deuda pendiente
La creación de una institucionalidad ambiental que integre, bajo una mirada país, todas las atribuciones y responsabilidades en torno a la conservación de nuestro patrimonio natural es una demanda histórica de múltiples organizaciones de la sociedad civil, centros de estudios y universidades chilenas, las cuales han recalcado la importancia de proteger los bienes y servicios que provee la naturaleza a la sociedad.
En una carta enviada en enero de este año, el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018 y Director del Centro UC de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES), Fabián Jaksic, junto a otros tres Premios Nacionales de Ciencias, recordaron que la biodiversidad “es la base que sostiene nuestra vida en la Tierra, y tanto el bienestar presente y futuro de los seres humanos está directamente relacionado con ella. En especial, las personas más vulnerables de la sociedad (…) Se estima que los servicios ecosistémicos y otros bienes no comercializados representan entre el 50% y 90% del todas las fuentes de sustento de los hogares pobres de zonas rurales y forestales”.
En la misiva, dirigida a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, los investigadores destacaron la especial situación de Chile como “isla biogeográfica”, aislada del resto de los ecosistemas del continente a causa de las barreras naturales que representan la Cordillera de los Andes por el este y el desierto de Atacama por el norte.
“Nuestras especies se caracterizan por ser endémicas, es decir, que solo existen en Chile y en ningún otro país. Igualmente, la biodiversidad marina (intermareal y submareal) también está aislada geográficamente de sus vecinos, como consecuencia de la dirección del flujo y la temperatura de la Corriente de Humboldt. Además, los paisajes, ecosistemas y variedades genéticas de nuestro territorio y maritorio también son únicos”, indicaron.
Pese a ello, Chile es el único país de América Latina que no cuenta con un sistema integrado de áreas protegidas ni destina el cuidado de éstas a su ministerio medioambiental (a diferencia de estados como México, Costa Rica, Colombia y Perú). Además, es una de las naciones que menos recursos invierte en el cuidado de éstas áreas (menos de 2 USD por hectárea).
Para Francisca Boher, encargada de Vinculación y Transferencia Tecnológica de CAPES, la importancia de este proyecto se relaciona directamente con los compromisos adquiridos por Chile como sede de la próxima COP 25. “Comparativamente hablando, el rol que tiene Chile como emisor de gases de efecto invernadero es más bien marginal, pero donde sí tenemos un papel importante que cumplir es en la captura y absorción de carbono de vuelta a la naturaleza, y la única forma de cumplir esta misión es protegiendo y conservando nuestra propia biodiversidad. La aprobación del SBAP es la principal carta que tiene Chile ante la COP para asegurar el cumplimiento de la carbono-neutralidad como medida de mitigación ante el Cambio Climático”, explica.
Asimismo, la aprobación de este proyecto de ley le permitiría al estado chileno cumplir con la recomendación hecha a nuestro país en 2016 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), de “aprobar el proyecto de ley de creación del Servicio de Diversidad Biológica y Áreas Protegidas y acelerar su implementación”.
De votarse favorablemente la iniciativa, ésta pasará a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, última etapa legislativa antes de su promulgación como ley.