Investigación basada en teoría de juegos en el que participaron más de cien pescadores artesanales de la zona central del país, reveló que sistemas de manejo colectivo y participativo con derecho exclusivo sobre recursos marinos, como el loco, favorecen la cooperación y la regulación entre pares y, de paso, su gestión sostenible.
Los pescadores artesanales tienden a una mayor cooperación y autorregulación entre ellos en sistemas de manejo colectivo de recursos. Así lo plantea un estudio que llevaron a cabo investigadores del Centro de Investigación en Complejidad Social (CICS) de la Universidad del Desarrollo, Universidad de California Santa Bárbara e Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS). El estudio, basado en teoría de juegos, midió el nivel de cumplimiento de 120 pescadores artesanales de la zona central de Chile, respecto a las cuotas de extracción de recursos y la disposición a sancionar a quienes infringían estas cuotas. Los resultados, reafirmaron la capacidad de los sistemas de co-manejo de uso exclusivo de recursos, de generar condiciones para su sostenibilidad.
Los investigadores realizaron el estudio con juegos, simulando condiciones reales, para evaluar cómo la experiencia previa de los pescadores con distintos regímenes de manejo y acceso (pesquerías de acceso exclusivo y pseudo libre acceso), se relaciona con sus comportamientos de cumplimiento y de sanción de pares en un escenario simulado. Además, se compararon los resultados de asociaciones de pescadores que han mostrado desempeño de manejo relativamente alto y bajo con las políticas de acceso exclusivo. De esta forma, a través de la co-producción de conocimiento, pescadores e investigadores pudieron explorar qué tipo de política pública está asociada a más cooperación para favorecer la sustentabilidad de una pesquería.
Un primer grupo de pescadores jugó en torno a la extracción del loco, que desde mediados de la década de los 90 es extraído bajo el sistema de gestión de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), el cual otorga derechos de uso exclusivos a organizaciones de pescadores artesanales en sectores geográficos delimitados. Este sistema de co-manejo, hoy cuenta con más de 500 áreas operativas y cerca de 770 en total a lo largo del país y, según evidencia reciente, lograrían fomentar la sostenibilidad de los recursos, a través de la consolidación de las organizaciones de pescadores y su capacidad de gestión cooperativa.
El segundo grupo que participó en la investigación fueron pescadores artesanales que simularon extracción de merluza, especie que hoy es explotada en un sistema de pseudo libre acceso, lo que se debe, entre otros factores, a que es una especie móvil y donde su manejo aún no ha asegurado su sostenibilidad. Hoy, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la pesquería de merluza común se encuentra sobreexplotada.
Cooperación para la sostenibilidad
Los resultados del estudio, publicados en la revista Conservation Biology, respaldan investigaciones previas sobre la gobernanza de recursos marinos, mediante la evaluación experimental del papel que tienen las políticas de acceso participativas en la gestión del usuario y sugieren mecanismos para la internalización de dicha gestión.
“Encontramos evidencia de que los regímenes de acceso exclusivo-colectivo pueden apoyar la cooperación entre usuarios para el uso sostenible de recursos comunes. Los comportamientos que observamos en el juego sugieren que algunos grupos de usuarios son capaces de desarrollar normas sociales que favorecen conductas como el cumplimiento con las cuotas de extracción, o la sanción de miembros que exceden la cuota. Estas normas aplican solo al contexto de régimen de acceso exclusivo-colectivo y no se manifiestan en el contexto de libre acceso», explica María Ignacia Rivera, autora principal del artículo, investigadora del Centro de Investigación en Complejidad Social (CICS) de la Universidad del Desarrollo y doctora del Bren School of Environmental Science & Management de la Universidad de California Santa Bárbara.
Según Rivera, “las políticas que asignan acceso exclusivo a grupos de usuarios para apoyar la acción colectiva, son cada vez más promovidas para el manejo de recursos de uso comunitario bajo la premisa de que fomentan la gestión ambiental responsable. Sin embargo, la evidencia experimental vinculada a políticas existentes que respalden esta premisa, es insuficiente. En este estudio contribuimos con evidencia que lo respalda”.
“En la investigación demostramos que este tipo de política pública, asociada a mayor participación por parte de los usuarios en la gestión de recursos, pudiese tener influencias importantes en gatillar la cooperación. A mi juicio, las políticas pesqueras debiesen apoyar de una forma más fuerte y concreta a las pesquerías de pequeña escala y artesanales. Las nuevas políticas pesqueras tienen que considerar la heterogeneidad y la diversidad que existe dentro de estas pesquerías, para lo que es fundamental que tengan una aproximación participativa importante y que vayan desarrollando espacios para la toma de decisiones más deliberativa.”, analiza Stefan Gelcich, director del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS), académico de la Facultad de Ciencias Biológicas UC y coautor del artículo.
Para Gelgich, también investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES), “esto último es clave para la gestión de recursos naturales, en especial en el océano, ya que la fiscalización es muy difícil, por lo que necesitamos generar los instrumentos de políticas públicas para que haya un proceso de autofiscalización y autorregulación en la extracción de los recursos. Los resultados evidencian que marcos institucionales más participativos, que otorgan derechos de uso exclusivo, permiten más cooperación en pescadores artesanales. Tenemos que avanzar en estos sistemas de co-manejo con participación efectiva”.
Del laboratorio a terreno
De acuerdo a Carlos Rodríguez, director del Centro Investigación en Complejidad Social (CICS) de la Universidad del Desarrollo y también coautor del paper, “históricamente experimentos basados en teoría de juegos que consideran incentivos económicos condicionales al desenlace de los juegos, han sido implementados con muestras en su mayoría compuestas por alumnos universitarios (ya que tienen un acceso más expedito por parte de los investigadores)”, explica.
“Si bien estos experimentos han permitido profundizar nuestro conocimiento sobre la naturaleza humana, por ejemplo, de los mecanismos que subyacen a la cooperación, la teoría de juegos enfrenta a los sujetos a situaciones estratégicas o dilemas sociales abstractos, desprovistos de contexto”, explica.
Para superar esta carencia, en la última década han emergido una serie de investigaciones en las que se lleva el laboratorio al campo (bringing the lab to the field) para el estudio de poblaciones naturales. “Cada vez hay más evidencia acumulada de que existen formas de conectar lo que ocurre en la realidad con lo que se hace en el juego. El laboratorio ya no es un espacio abstracto, sino que entrega información sobre comunidades que enfrentan problemáticas específicas”, agrega Rodríguez.
De esta forma, se ha demostrado que, por ejemplo, grupos de pescadores artesanales que se comportan de forma más cooperativa en la vida real, también se comportan en forma más cooperativa en el juego, o los Wikipedians que contribuyen más a la Wikipedia en la vida real, se comportan de forma más cooperativa en el experimento.
La novedad de esta investigación, profundiza Ignacia Rivera, “es que se aplica en un contexto social específico en donde las acciones que cada persona toma, inciden en el recurso en sí y en otros y, además, condicionan el monto final que se obtiene como premio del experimento. Es decir, lo que ocurre en el juego tiene correlato con lo que ocurre en la vida real, ya que en ambas se enfrentan a consecuencias concretas que les afectan directamente, lo que hace que los resultados sean más creíbles”.
“La existencia de validez externa en esta investigación no sólo nos permite medir las capacidades preexistentes de los grupos sociales, que podrían incidir en el éxito de una política pública orientada a dicho grupo, sino que además nos permite testear distintos regímenes institucionales (formas de manejo)”, añade Rodríguez.
Finalmente, Stefan Gelcich concluye que “usando herramientas desde múltiples disciplinas -en este caso de la economía experimental- podemos entender y apoyar la elección de buenos marcos institucionales para la gestión de recursos. En ese sentido, generar políticas que entregan mayores derechos de administración a las comunidades locales, apoyadas por organizaciones del Estado, para, por ejemplo, la vigilancia, las capacidades de gestión y el apoyo en términos logísticos de mercado. Eso va a hacer que avancemos hacia sistemas pesqueros más sostenibles, pero también más equitativos”.
Texto e imagen: Comunicaciones SECOS