Un grupo de investigadores utilizó herramientas computacionales para estudiar los distintos conceptos y teorías de sociedad producidas durante el proceso de redacción de la actual Carta Magna, en plena dictadura militar.
Usando como objeto de estudio el proceso de creación de la actual Constitución Política de Chile, diseñada y redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1978, un grupo de investigadores de las universidades Diego Portales y Adolfo Ibáñez, junto con el Centro de Estudios Públicos, CEP, puso a prueba distintas herramientas de análisis computacional para intentar desentrañar los marcos conceptuales que ayudaron a dicho texto a refundar, por la vía autoritaria, las bases institucionales del Estado de Chile, y a sobrevivir incluso al régimen de facto que le dio forma.
Sus resultados, publicados recientemente en la revista Historical Methods, permiten identificar las ideas y conceptos que ayudaron a los redactores del texto a delimitar y definir el ámbito de acción de esta nueva Carta Fundamental, y de paso, el nuevo orden político y social que inauguraba. Muestran, además, la estrecha relación entre la acción política y la elaboración conceptual que subyace a la creación una constitución, así como el potencial de los métodos computacionales para el estudio de la historia constitucional de un Estado y de sus procesos de formación.
“La Constitución chilena de 1980 tiene un estatus especial en la historia de América Latina”, nos cuenta Rodrigo Cordero, académico del departamento de Sociología de la U. Diego Portales y autor principal del estudio, “no solo porque fue creada en condiciones de agitación social y represión política, sino también porque estableció, con éxito, el modelo normativo que soportó el experimento neoliberal de una sociedad centrada en el mercado radicalmente nueva. En este marco, el proceso de cambio conceptual impulsado por los redactores de la Constitución de 1980 tenía como horizonte político y normativo superar lo que, según ellos, eran los vicios del pasado socialista, y así dar nacimiento a una nueva democracia, basada en el valor de la autoridad, la protección de la libertad personal y la autonomía radical de los mercados y la propiedad privada”.
Para conocer cómo operó este cambio también a nivel conceptual durante la discusión y redacción del texto, los investigadores se embarcaron en un análisis exhaustivo de los registros oficiales de la comisión encargada por la Junta Militar para elaborar la propuesta, denominada formalmente Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, o “Comisión Ortúzar”, el honor a su presidente, el abogado Enrique Ortúzar Escobar.
La revisión de estas actas, agrupadas en 11 volúmenes, 10,950 páginas y más de 80,005 palabras distintas, significó el primer desafío a enfrentar por parte de Cordero y el resto del equipo, tal como comenta el académico de la U. Adolfo Ibáñez e investigador del CAPES, Gonzalo Ruz: “resumir esa información y lograr extraer patrones interesantes, resulta ser una tarea muy compleja para una persona, e incluso un grupo de personas. En ese sentido” comenta, “el uso de herramientas computacionales destinadas al análisis de textos históricos jugó un rol fundamental para lograr resumir la data textual e identificar estas fronteras conceptuales”.
Dichas “fronteras conceptuales” o “fronteras semánticas” eran aquellas palabras (o asociaciones de palabras) dentro de las cuales se enmarcó, o habría de enmarcarse, la discusión constituyente al interior de la Comisión, conceptos que, en la práctica, terminarían por delimitar los rangos de acción de la nueva Constitución y de todo aquello que sus integrantes daban en calificar por “constitucional”. Mal que mal, y como diría Wittgenstein, “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”.
“En línea con esta mirada” resaltan en el trabajo, “nosotros postulamos que los procesos de creación de una constitución pueden explorarse empíricamente en términos de la construcción de fronteras semánticas que moldean el espacio conceptual de los significados constitucionales”. Esto, prosiguen, basados en el hecho de que “para que una Constitución funcione como un orden vinculante legalmente, no basta con consagrar una serie de normas, reglas e instituciones doctrinales, sino también establecer un espacio conceptual que dibuje los límites que definen las decisiones, instituciones e interpretaciones consideradas “constitucionales”.
“Una de las hipótesis base era que, para comprender adecuadamente la naturaleza refundacional del proyecto constitucional de la dictadura, así como su resiliencia en el tiempo” acota Cordero, “se requería poner atención no sólo a las transformaciones de índole institucional (por ejemplo, la forma del Estado, la estructura de los derechos o los mecanismos de limitación de la democracia, etc.), sino que también a las importantes transformaciones conceptuales que dicha constitución gatilla en el lenguaje social, político y jurídico de la época”.
Y es en esta tarea donde instrumentos propios del análisis computacional y estadístico, como la agrupación de conceptos mediante algoritmos conocida como clustering, o análisis de grupos, sirvieron como una ayuda invaluable. “El clustering nos permitió identificar la agrupación natural de las palabras dentro de un contexto discursivo, logrando descubrir los patrones de asociación semántica y la ubicación espacial de los términos en torno a un “centroide” —es decir, a la palabra más representativa de un clúster o conjunto” explica Ruz. “Al tratarse de un trabajo de investigación multidisciplinario, una vez utilizadas estas técnicas computacionales, sus resultados son luego analizados por investigadores del área de la sociología y la historia, para poder entregarle una interpretación dado el contexto”.
Los nudos que marcaron la redacción del texto
¿Y qué fue lo que descubrieron? “Nuestro análisis nos llevó a identificar tres dinámicas clave que recorren el trabajo de delimitación de la Comisión Constituyente chilena”, señalan los investigadores. La primera de estas dinámicas habría sido las constantes tensiones internas que modelaron el proceso de construcción del texto, entre el rol asesor que proveía la Comisión a la Junta Militar, y la tarea encomendada de diseñar una nueva carta fundamental. Estas tensiones se vieron expresadas en la articulación de distintos “temas de preocupación” entre los miembros de la Comisión, así como cambios en los patrones de asociación de palabras clave como “constitución” a lo largo de proceso.
Una segunda dinámica consistió en la lógica política que subyació a la transformación conceptual llevaba a cabo por la Comisión. Usando términos como “constitución”, “constitucional” y “ley”, los comisionados definieron el horizonte normativo del nuevo orden mediante la revocación de viejas referencias semánticas y la elaboración de nuevos significados, un rasgo, explican, “distintivo de la redacción de textos constitucionales”.
Así, el proceso de redacción de la actual Constitución habría “invertido” el campo semántico del viejo orden instaurando, por ejemplo, la libertad de los órganos sociales autónomos en contraste con el control estatal de tipo marxista; consolidando una democracia autoritaria o protegida a contrapelo de una representativa y constitucional; reafirmando la propiedad individual por sobre la propiedad social, “o cambiando el colectivismo estatal por la libertad individual” explican los autores.
La tercera y última dinámica asociada a la construcción de estas “fronteras constitucionales” consistió en las formas de institucionalización que habrían de blindar el nuevo orden creado de cualquier reforma posterior. “Esto es particularmente visible a través del rol vinculante de términos como “establecer”, “proteger”, “indicar” o “asegurar”, así como mediante el diseño de instituciones fuertes y el refinamiento de ciertas leyes por la vía de decretos y el ensamblaje orgánico de los sistemas político, judicial y de administración estatal” comentan los investigadores.
“Esta dinámica no es sólo consistente con las maneras en que el debate de la Comisión expresó la compulsión de la dictadura pinochetista por institucionalizar un nuevo orden social y explorar las fórmulas para darle forma constitucional” aclaran. “También es consistente con la articulación de un espacio de significados constitucionales que proveyeron la munición intelectual y jurídica para asegurar la larga influencia social y política de esta Constitución. En ese sentido, las transformaciones semánticas de conceptos como “libertad”, “democracia” y “propiedad” jugaron un rol importante”, y lo que es más; “cada concepto se forma alrededor de tensiones particulares que han permeado a la sociedad durante las últimas cuatro décadas”.
Las claves de un nuevo proceso
Este 4 de septiembre, sin embargo, la “larga influencia social y política” que ha tenido la Constitución de 1980 vivirá, 42 años después de su promulgación, el primer gran escollo de su historia, cuando 15 millones de chilenas y chilenos habilitados para votar lleguen a las urnas para decidir si aprueban, o rechazan, la nueva propuesta de Constitución redactada por la recién disuelta, y democráticamente electa, Convención Constitucional.
Ante este escenario, resulta casi imposible no comparar los procesos de creación y redacción de ambas cartas fundamentales, especialmente a la luz de los hallazgos detallados en este trabajo. Afortunadamente, estos mismos investigadores están abocados actualmente a la aplicación de estos resultados para el proceso constitucional en curso. “El artículo publicado en Historical Methods entrega algunos de los parámetros fundamentales —tanto en técnicas como en contenidos— con los cuales hemos podido hacer seguimiento y evaluación del proceso constituyente actual”, revela Aldo Mascareño, académico de la U. Adolfo Ibáñez e investigador senior del Centro de Estudios Públicos, CEP.
Así, Mascareño comenta que, “por supuesto, hay conceptos centrales (“derecho”, “derechos”, “constitución”, “ley”, “persona”, “república”, o “presidente”) que están presentes tanto en la Constitución de 1980 como en el proyecto constitucional de 2022, así como en varias constituciones a nivel global. Las diferencias entre ambas se aprecian en dos niveles: primero, en las relaciones entre términos y, segundo, en nuevos términos que surgen en el proyecto 2022”.
“En cuanto a las relaciones conceptuales” profundiza el investigador, “la Constitución de 1980 configura un escenario semántico con centro en la economía y la propiedad, mientras que la de 2022 tiene su foco en la estructura regional del Estado, los derechos sociales y la plurinacionalidad. En cuanto a los términos, el proyecto de 2022 incluye conceptos inéditos en el constitucionalismo chileno, como “plurinacionalidad”, “enfoque de género”, “enfoque interseccional”, “enfoque ecológico”, “autonomía territorial”, y el concepto clave de “región, que si bien ya aparecía en la Constitución de 1980, en esta propuesta adquiere una posición semántica central. El análisis digital permite hacer evidente las continuidades basales entre ambos textos constitucionales, así como también muestra en detalle los giros conceptuales del texto propuesto por la Convención Constitucional”.
Los resultados y actualizaciones de este análisis pueden seguirse a través de la plataforma del grupo C22, en https://c22cepchile.cl
El artículo Drawing constitutional boundaries: A digital historical analysis of the writing process of Pinochet’s 1980 authoritarian constitution es parte de un proyecto Fondecyt que busca estudiar los distintos conceptos y teorías de la sociedad que se producen y circulan en el proceso de redacción de la Constitución de 1980, aunque, como indica Ruz, “este equipo multidisciplinario viene trabajando de manera conjunta desde el 2015, gracias a un proyecto Anillo”.
En palabras de su autor principal, el trabajo da cuenta “de las operaciones de transformación semántica de términos clave realizadas por esta Constitución, la cual se observa a través de la disolución de vínculos semánticos existentes y su recomposición en nuevas estructuras conceptuales, que a su vez dan forma a un espacio emergente de significados constitucionales”.
Texto: Comunicaciones CAPES
Créditos foto: Fundación Jaime Guzmán (Comisión Ortúzar) y Cristina Dorador (Convención Constitucional