Seminario Borde Costero, viernes 9 de agosto de 2019. Casa Central UC.

El viernes 9 de agosto se llevará a cabo en el Salón de Honor de Casa Central de la Universidad Católica el Seminario Borde Costero que abarcará- en una sesión de conversaciones de carácter multi-sectorial y multi-disciplinario- distintas aristas que permitirán avanzar hacia una gestión integrada en la legislación del borde costero.

La actividad- que está organizado por Chile California Council y patrocinado por la COP25, Resources Legacy Fund, Ministerio del Medio Ambiente y CAPES– contará con una amplia nómina de ministerios, organizaciones sociales y científicas que se reunirán en esta nueva coalición por la costa.

Si quieres formar parte del Seminario, ingresa aquí para inscribirte.

A continuación, te dejamos el programa de la actividad con su respectivo horario, expositores y temas:

PROGRAMA DEL EVENTO

08:30 | Registro – Acreditaciones
09:00 | Bienvenida – Matías Alcalde (CCC)

Marco político institucional de Chile

09:15 | Política Nacional de Uso de Borde Costero – Subsecretario Juan Francisco Galli (Subsecretaría para las Fuerzas Armadas – Ministerio de Defensa)
09:30 | Proceso de Ley de Borde Costero – Sebastián Seisdedos (Jefe de Unidad de Patrimonio – Ministerio de Bienes Nacionales)

Keynote Speakers 1

09:45 | Marine Life Protection Act (California) – Kaitilin Gaffney (RLF)
10:10 | CostaChile / Coalición por la Costa – Diego Urrejola (Fundación Cosmos)

10:35 | Café

Keynote Speakers 2

10:50 | Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF): Governanza Ecosistemas Marinos y Humedales Costeros – Felipe Paredes / Claudia Silva (Ministerio del Medio Ambiente)
11:15 | COP25 Azul en Chile – Oportunidades y Desafíos – Laura Farías (CR2 y COP25)
11:40 | La Ciencia y el Borde Costero – Subsecretaria Carolina Torrealba (Ministerio de Ciencias)

¿Cómo avanzar?

12:05 – 13:00 | Panel de Conversación y Pregunta

Diego Flores (Ministerio de Medio Ambiente)
Cristián Perez (Global Nomad)
Flavia Liberona (Terram)
Juan Ibañez (Sostenibilidad Corporativa Derecho UC)
Carolina Martinez (CIGIDEN)


Fuente: Ladera Sur
Imagen: ©César Villarroel

Fabián Jaksic, nuevo comisionado de la CNA

Hablamos con el director del CAPES sobre los desafíos que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) tiene por delante en esta nueva etapa y sus propias expectativas como comisionado del organismo durante los próximos 6 años.

A un año de haberse promulgado la nueva Ley 21.091 de Educación Superior, que fijó las normas y estatutos de los servicios encargados de asegurar la calidad de la enseñanza técnica y profesional en Chile, el pasado 9 de mayo uno de esos servicios presentó a sus diez nuevos miembros para el período 2019-2025: la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Entre los comisionados que se estrenan se encuentra Fabián Jaksic, director del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES UC), quien fue la carta elegida por Conicyt para integrar el plantel. Junto al resto de los seleccionados, Jaksic tendrá por misión decidir sobre los procesos de acreditación de las instituciones de educación superior de todo el país y sus planes de estudio de pre y postgrado.

Para el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018, el primer gran desafío de la Comisión en esta nueva etapa es la re-evaluación de todos aquellos programas acreditados bajo el sistema antiguo (o mediante agencias privadas) a medida que sus períodos de acreditación caducan. A ello, se suma la incorporación de Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) como instituciones susceptibles de ser evaluadas. “Supone, al final del día, la revisión de más de mil procesos de evaluación”, explica. Procesos que a partir de este año sólo la CNA podrá llevar a cabo.

Jaksic integra un equipo de 12 comisionados, quienes se encargarán de tomar la decisión final sobre todos los procesos de acreditación en curso o futuros que reciba el organismo, además de determinar el rango de años (los tramos) que tanto programas como instituciones durarán acreditadas. En esta tarea, la Comisión será asistida por distintos comités de área, destinados a comparar el desempeño de carreras, postgrados e instituciones en el contexto nacional y regional, y de los pares evaluadores que analizarán cada postulación, recabarán antecedentes, y reportarán pertinentemente a la Comisión.

Sin embargo, para Jaksic, el rol de la CNA no se reduce a ser un mero filtro de calidad para el sistema de educación superior chileno. La aplicación de estándares, afirma, también incluye la proposición de medidas e incentivos que ayuden a mejorar el desempeño de las instituciones: “al decirle a una institución que la vamos a acreditar sólo por dos años, no sólo le estamos diciendo, primero, que no merece los cuatro, sino también que, si en esos dos años vemos que ha mejorado, cuando se presente de nuevo podremos darle cuatro, u ocho años. Estamos apostando a que lo van a hacer bien y que no necesitamos volver a mirarlos tan pronto. La acreditación también es una forma de incentivo” comenta.

Otro de los criterios que el ecólogo de comunidades espera instaurar durante los seis años que dura su cargo, es el de la gradualidad en la asignación de las acreditaciones. “No se puede aplicar la misma vara, por ejemplo, a todas las regiones. Cada institución y cada programa académico pasa por distintos grados de desarrollo y no todas las cosas empiezan perfectas. Hay que permitir que se perfeccionen y desarrollen para que logren mantener una calidad compatible. Nadie nace sabiendo ni vive ganando».

Acreditar la ciencia

La facultad propositiva de la CNA también implica, en opinión de Jaksic, fomentar a través de las evaluaciones el desarrollo de una educación e investigación de vanguardia, que esté al día con los desafíos científicos, tecnológicos y sociales que depara el futuro: “mi intención es favorecer que la gente audaz y de buenas ideas tenga los elementos para desarrollar esas ideas. Nos interesa saber (y esto es algo difícil de medir) es si a los estudiantes se les entrega una herramienta lo suficientemente dúctil como para que se vayan adaptando a nuevas realidades”.

“Si un programa de doctorado nos presenta un equipo de grandes académicos, galardonados, pero que no publican nada, para nosotros eso no sirve. Pues al no estar activos, ni contribuyen a la ciencia que se hace hoy ni están actualizados en ella. Y eso es una buena noticia para las universidades nuevas, que suelen tener las ideas más novedosas, las que, no teniendo carga profesional, pueden darse el lujo de explorar”, agrega.

En ese sentido, su interés como revisor es analizar que tan buena es la ciencia que sale de los programas de estudio que buscan ser evaluados. Si forma o no profesionales capaces de adaptarse al cambio continuo. Los jóvenes, dice, “son el futuro, y como el futuro no va a ser igual al presente, uno debe ir adelantado a los tiempos. Si les vamos a enseñar a ser igual que sus modelos, vamos a entrar al futuro mirando por el espejo retrovisor”.

¿Y qué tan buena es esa ciencia hoy, en su opinión? “Muy buena”, comenta, al menos en lo que respecta a la que se produce e imparte a nivel universitario: “en productividad científica per cápita, somos extremadamente buenos. Pocos, pero muy productivos y con investigación de alto impacto”. 

Esa tendencia, añade, sólo se acrecienta si la acotamos a su especialidad, la ecología. “Los principales parámetros de investigación que usa la CNA para evaluar la investigación universitaria son el impacto de la revista y en qué categoría publican sus académicos” nos cuenta. “Bajo esos parámetros, la ecología chilena tiene un índice de impacto equivalente a la ecología hecha en países del primer mundo, como los de la OCDE. Sin embargo, a diferencia de ellos, que en promedio reciben un financiamiento equivalente al 2,5% de su PIB, nosotros tenemos que lograr ese impacto recibiendo sólo el 0.38%. Somos heroicos en ese sentido. Muy productivos para la plata que nos entregan”.

Y el mérito es doble cuando consideramos el estado de la disciplina en Chile hace no más de treinta años. “Si uno vuelve atrás,  se instala en 1980, y aprecia el panorama, el grado de avance es espectacular. Para empezar, por entonces no había ningún doctorado en ecología. Hoy, hay buenos programas de postgrado en casi todo el país. Sería más fácil contar donde no hay que dónde hay”.

Incluso los mismos programas ya muestran, según él, un cierto grado de especialización. “Los programas actuales están adaptados a la realidad local y, más generalmente, regional. Son relevantes a ella, pero al mismo tiempo están hechos con un nivel de ciencia universal. Ese grado de universalidad en un contexto local también es aplicable a la investigación básica y aplicada que se realiza en ecología y otras ciencias ambientales. Hoy, un investigador “puede irse a Maitencillo a estudiar las playas de arena, y a partir del trabajo en una localidad turística, puede hacer un paper digno de (la revista) Science”. “Siempre y cuando”, advierte “tenga una buena idea».

Fabián Jaksic, nuevo comisionado de la CNAFabián Jaksic, new CNA commissioner

Hablamos con el director del CAPES sobre los desafíos que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) tiene por delante en esta nueva etapa y sus propias expectativas como comisionado del organismo durante los próximos 6 años.

A un año de haberse promulgado la nueva Ley 21.091 de Educación Superior, que fijó las normas y estatutos de los servicios encargados de asegurar la calidad de la enseñanza técnica y profesional en Chile, el pasado 9 de mayo uno de esos servicios presentó a sus diez nuevos miembros para el período 2019-2025: la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Entre los comisionados que se estrenan se encuentra Fabián Jaksic, director del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES UC), quien fue la carta elegida por Conicyt para integrar el plantel. Junto al resto de los seleccionados, Jaksic tendrá por misión decidir sobre los procesos de acreditación de las instituciones de educación superior de todo el país y sus planes de estudio de pre y postgrado.

Para el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018, el primer gran desafío de la Comisión en esta nueva etapa es la re-evaluación de todos aquellos programas acreditados bajo el sistema antiguo (o mediante agencias privadas) a medida que sus períodos de acreditación caducan. A ello, se suma la incorporación de Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) como instituciones susceptibles de ser evaluadas. “Supone, al final del día, la revisión de más de mil procesos de evaluación”, explica. Procesos que a partir de este año sólo la CNA podrá llevar a cabo.

Jaksic integra un equipo de 12 comisionados, quienes se encargarán de tomar la decisión final sobre todos los procesos de acreditación en curso o futuros que reciba el organismo, además de determinar el rango de años (los tramos) que tanto programas como instituciones durarán acreditadas. En esta tarea, la Comisión será asistida por distintos comités de área, destinados a comparar el desempeño de carreras, postgrados e instituciones en el contexto nacional y regional, y de los pares evaluadores que analizarán cada postulación, recabarán antecedentes, y reportarán pertinentemente a la Comisión.

Sin embargo, para Jaksic, el rol de la CNA no se reduce a ser un mero filtro de calidad para el sistema de educación superior chileno. La aplicación de estándares, afirma, también incluye la proposición de medidas e incentivos que ayuden a mejorar el desempeño de las instituciones: “al decirle a una institución que la vamos a acreditar sólo por dos años, no sólo le estamos diciendo, primero, que no merece los cuatro, sino también que, si en esos dos años vemos que ha mejorado, cuando se presente de nuevo podremos darle cuatro, u ocho años. Estamos apostando a que lo van a hacer bien y que no necesitamos volver a mirarlos tan pronto. La acreditación también es una forma de incentivo” comenta.

Otro de los criterios que el ecólogo de comunidades espera instaurar durante los seis años que dura su cargo, es el de la gradualidad en la asignación de las acreditaciones. “No se puede aplicar la misma vara, por ejemplo, a todas las regiones. Cada institución y cada programa académico pasa por distintos grados de desarrollo y no todas las cosas empiezan perfectas. Hay que permitir que se perfeccionen y desarrollen para que logren mantener una calidad compatible. Nadie nace sabiendo ni vive ganando».

Acreditar la ciencia

La facultad propositiva de la CNA también implica, en opinión de Jaksic, fomentar a través de las evaluaciones el desarrollo de una educación e investigación de vanguardia, que esté al día con los desafíos científicos, tecnológicos y sociales que depara el futuro: “mi intención es favorecer que la gente audaz y de buenas ideas tenga los elementos para desarrollar esas ideas. Nos interesa saber (y esto es algo difícil de medir) es si a los estudiantes se les entrega una herramienta lo suficientemente dúctil como para que se vayan adaptando a nuevas realidades”.

“Si un programa de doctorado nos presenta un equipo de grandes académicos, galardonados, pero que no publican nada, para nosotros eso no sirve. Pues al no estar activos, ni contribuyen a la ciencia que se hace hoy ni están actualizados en ella. Y eso es una buena noticia para las universidades nuevas, que suelen tener las ideas más novedosas, las que, no teniendo carga profesional, pueden darse el lujo de explorar”, agrega.

En ese sentido, su interés como revisor es analizar que tan buena es la ciencia que sale de los programas de estudio que buscan ser evaluados. Si forma o no profesionales capaces de adaptarse al cambio continuo. Los jóvenes, dice, “son el futuro, y como el futuro no va a ser igual al presente, uno debe ir adelantado a los tiempos. Si les vamos a enseñar a ser igual que sus modelos, vamos a entrar al futuro mirando por el espejo retrovisor”.

¿Y qué tan buena es esa ciencia hoy, en su opinión? “Muy buena”, comenta, al menos en lo que respecta a la que se produce e imparte a nivel universitario: “en productividad científica per cápita, somos extremadamente buenos. Pocos, pero muy productivos y con investigación de alto impacto”. 

Esa tendencia, añade, sólo se acrecienta si la acotamos a su especialidad, la ecología. “Los principales parámetros de investigación que usa la CNA para evaluar la investigación universitaria son el impacto de la revista y en qué categoría publican sus académicos” nos cuenta. “Bajo esos parámetros, la ecología chilena tiene un índice de impacto equivalente a la ecología hecha en países del primer mundo, como los de la OCDE. Sin embargo, a diferencia de ellos, que en promedio reciben un financiamiento equivalente al 2,5% de su PIB, nosotros tenemos que lograr ese impacto recibiendo sólo el 0.38%. Somos heroicos en ese sentido. Muy productivos para la plata que nos entregan”.

Y el mérito es doble cuando consideramos el estado de la disciplina en Chile hace no más de treinta años. “Si uno vuelve atrás,  se instala en 1980, y aprecia el panorama, el grado de avance es espectacular. Para empezar, por entonces no había ningún doctorado en ecología. Hoy, hay buenos programas de postgrado en casi todo el país. Sería más fácil contar donde no hay que dónde hay”.

Incluso los mismos programas ya muestran, según él, un cierto grado de especialización. “Los programas actuales están adaptados a la realidad local y, más generalmente, regional. Son relevantes a ella, pero al mismo tiempo están hechos con un nivel de ciencia universal. Ese grado de universalidad en un contexto local también es aplicable a la investigación básica y aplicada que se realiza en ecología y otras ciencias ambientales. Hoy, un investigador “puede irse a Maitencillo a estudiar las playas de arena, y a partir del trabajo en una localidad turística, puede hacer un paper digno de (la revista) Science”. “Siempre y cuando”, advierte “tenga una buena idea».

Investigadora CAPES visita España para estudiar suelos afectados por incendios

Claudia Rojas, investigadora CAPES, visitará durante todo julio la Universidad Miguel Hernández (UMH) en Elche, España, como parte de un trabajo colaborativo destinado a estudiar los factores que intervienen en la recuperación de los suelos afectados por incendios forestales en ecosistemas mediterráneos.

Durante su visita, la también profesora asistente del Instituto de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad de O’Higgins trabajará codo a codo con los investigadores del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente de la UMH, Dra. Fuensanta García Orenes y Dr. Jorge Mataix-Solera, en una investigación que contempla la ejecución de dos proyectos (ya en curso) tanto en Chile como en España.

En Chile, el proyecto de la Dra. Rojas está estudiando el impacto que distintas enmiendas orgánicas –compuestos orgánicos aplicados en el suelo para mejorar su salud– tienen en la recuperación de los ecosistemas siniestrados, mientras que en España se evalúa cómo distintas estrategias de manejo post-incendio afectan las condiciones fisioquímicas y biológicas del medio edáfico. En éste último proyecto también participa el investigador CAPES Eduardo Arellano.

Los ecosistemas mediterráneos, como los de la zona central de Chile y buena parte de España, se caracterizan por tener un clima templado en invierno y árido en verano, con abundante vegetación de tipo esclerófila y xerófila (especialmente adaptada para los ambientes secos). Son, en comparación a otros sistemas ecológicos, relativamente escasos y muy susceptibles a la emergencia de incendios, por lo que toda vinculación entre países con este tipo de ecosistemas es una oportunidad vital para compartir estrategias exitosas de restauración.

Para la Dra. Rojas, los trabajos a largo plazo relacionados con la mitigación y adaptación de las nuevas condiciones impuestas por el Cambio Climático son trascendentales. “La restauración ecológica de sitios afectados por los incendios es sin duda un tema relevante no sólo en nuestro país, sino en todos los países donde existe un tipo de clima mediterráneo”, explicó.

Según datos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en la última década se han registrado en Chile un promedio anual de 5.886 incendios forestales, afectando una media de 116.416 hectáreas. En palabras sencillas, 50 veces el área de la comuna de Santiago es quemada en Chile, cada año, a causa de estos fenómenos.

La resiliente vida de los suelos

Como ecóloga microbiana, uno de los aspectos centrales de la investigación de la Dra. Rojas es entender cómo la estructura de los distintos microorganismos que habitan el suelo se ve alterada por la ocurrencia de incendios u otras presiones ambientales negativas, como la contaminación por metales, y cómo dichas presiones condicionan la capacidad de recuperación de los suelos. “Muchos de los servicios ecosistémicos provistos por este medio tienen una relación directa con su microbiota; el ciclo de nutrientes, la degradación de la materia orgánica y el soporte para el crecimiento de la vegetación son todas funciones del suelo en donde los microorganismos juegan un rol fundamental”, comentó.

En la actualidad, la investigadora participa en dos proyectos que tienen por fin evaluar el comportamiento de las comunidades microbianas en suelos incendiados, ya sea en procesos de restauración activa (FPA 6-RE-002-2018) como pasiva (Fondecyt iniciación 11180869). Este último proyecto busca comprender el impacto que tiene la quema en las poblaciones de microoganismos capaces de fijar nitrógeno (diazotróficos) en el suelo, ya que este proceso es clave en la iniciación de una sucesión ecológica en ecosistemas degradados.

Esta y otras investigaciones son parte de la línea 6 del CAPES que la Dra. Rojas integra, denominada “Intensificación ecológica para una agricultura sustentable”. Esta nueva línea de investigación busca reforzar y consolidar aquellos proyectos que intentan contrarrestar los efectos negativos que el cultivo intensivo y el uso de pesticidas provocan en el medioambiente.

Según la investigadora, “la capacidad de producir alimentos inocuos de la mano del cuidado y la protección medioambiental es una de las necesidades clave de nuestra sociedad. En ese sentido, el desarrollo de investigación enfocada en uno de los mayores desafíos de la agricultura actual y futura –producir más y mejor, con menos recursos– es fundamental para nuestro país”.

La Dra. Rojas espera continuar el trabajo con los y las investigadoras de la Universidad Miguel Hernández, que ya contó con las visitas de los Dres. García y Mataix a nuestro país. Su deseo es que estos vínculos den cabida a la formación de nuevos profesionales en el área de la ecología, edafología, agronomía, medioambiente, hidrología y recursos naturales, al tiempo de favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre científicos chilenos y españoles.

Investigadora CAPES visita España para estudiar suelos afectados por incendios

Claudia Rojas, investigadora CAPES, visitará durante todo julio la Universidad Miguel Hernández (UMH) en Elche, España, como parte de un trabajo colaborativo destinado a estudiar los factores que intervienen en la recuperación de los suelos afectados por incendios forestales en ecosistemas mediterráneos.

Durante su visita, la también profesora asistente del Instituto de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad de O’Higgins trabajará codo a codo con los investigadores del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente de la UMH, Dra. Fuensanta García Orenes y Dr. Jorge Mataix-Solera, en una investigación que contempla la ejecución de dos proyectos (ya en curso) tanto en Chile como en España.

En Chile, el proyecto de la Dra. Rojas está estudiando el impacto que distintas enmiendas orgánicas –compuestos orgánicos aplicados en el suelo para mejorar su salud– tienen en la recuperación de los ecosistemas siniestrados, mientras que en España se evalúa cómo distintas estrategias de manejo post-incendio afectan las condiciones fisioquímicas y biológicas del medio edáfico. En éste último proyecto también participa el investigador CAPES Eduardo Arellano.

Los ecosistemas mediterráneos, como los de la zona central de Chile y buena parte de España, se caracterizan por tener un clima templado en invierno y árido en verano, con abundante vegetación de tipo esclerófila y xerófila (especialmente adaptada para los ambientes secos). Son, en comparación a otros sistemas ecológicos, relativamente escasos y muy susceptibles a la emergencia de incendios, por lo que toda vinculación entre países con este tipo de ecosistemas es una oportunidad vital para compartir estrategias exitosas de restauración.

Para la Dra. Rojas, los trabajos a largo plazo relacionados con la mitigación y adaptación de las nuevas condiciones impuestas por el Cambio Climático son trascendentales. “La restauración ecológica de sitios afectados por los incendios es sin duda un tema relevante no sólo en nuestro país, sino en todos los países donde existe un tipo de clima mediterráneo”, explicó.

Según datos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en la última década se han registrado en Chile un promedio anual de 5.886 incendios forestales, afectando una media de 116.416 hectáreas. En palabras sencillas, 50 veces el área de la comuna de Santiago es quemada en Chile, cada año, a causa de estos fenómenos.

La resiliente vida de los suelos

Como ecóloga microbiana, uno de los aspectos centrales de la investigación de la Dra. Rojas es entender cómo la estructura de los distintos microorganismos que habitan el suelo se ve alterada por la ocurrencia de incendios u otras presiones ambientales negativas, como la contaminación por metales, y cómo dichas presiones condicionan la capacidad de recuperación de los suelos. “Muchos de los servicios ecosistémicos provistos por este medio tienen una relación directa con su microbiota; el ciclo de nutrientes, la degradación de la materia orgánica y el soporte para el crecimiento de la vegetación son todas funciones del suelo en donde los microorganismos juegan un rol fundamental”, comentó.

En la actualidad, la investigadora participa en dos proyectos que tienen por fin evaluar el comportamiento de las comunidades microbianas en suelos incendiados, ya sea en procesos de restauración activa (FPA 6-RE-002-2018) como pasiva (Fondecyt iniciación 11180869). Este último proyecto busca comprender el impacto que tiene la quema en las poblaciones de microoganismos capaces de fijar nitrógeno (diazotróficos) en el suelo, ya que este proceso es clave en la iniciación de una sucesión ecológica en ecosistemas degradados.

Esta y otras investigaciones son parte de la línea 6 del CAPES que la Dra. Rojas integra, denominada “Intensificación ecológica para una agricultura sustentable”. Esta nueva línea de investigación busca reforzar y consolidar aquellos proyectos que intentan contrarrestar los efectos negativos que el cultivo intensivo y el uso de pesticidas provocan en el medioambiente.

Según la investigadora, “la capacidad de producir alimentos inocuos de la mano del cuidado y la protección medioambiental es una de las necesidades clave de nuestra sociedad. En ese sentido, el desarrollo de investigación enfocada en uno de los mayores desafíos de la agricultura actual y futura –producir más y mejor, con menos recursos– es fundamental para nuestro país”.

La Dra. Rojas espera continuar el trabajo con los y las investigadoras de la Universidad Miguel Hernández, que ya contó con las visitas de los Dres. García y Mataix a nuestro país. Su deseo es que estos vínculos den cabida a la formación de nuevos profesionales en el área de la ecología, edafología, agronomía, medioambiente, hidrología y recursos naturales, al tiempo de favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre científicos chilenos y españoles.

Senado votará ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

El nuevo Servicio tendrá por fin ejecutar las políticas públicas para el cuidado y gestión de la biodiversidad y el patrimonio natural del país, integrando en una sola entidad la gestión de todas las áreas protegidas a lo largo de su territorio.

El próximo martes 23 de julio, en su segunda discusión particular, el Senado votará el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP, un nuevo organismo público dependiente del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y cuyo objetivo será la protección y conservación de la biodiversidad en el país.

La votación de este martes se da tras ocho años de tramitación de la iniciativa, la que incluyó el despacho de dos proyectos de ley, ingresados en 2011 y 2014 respectivamente, y la revisión y aprobación de tres comisiones parlamentarias, la última de ellas la de Trabajo y Previsión Social, que presentó su informe final el pasado 17 de julio.

Nueva institucionalidad

Entre otros instrumentos, el Servicio tendrá a su cargo la gestión de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que unificará bajo una sola figura todas las áreas protegidas del Estado, tanto terrestres como marinas, actualmente repartidas en cinco ministerios, permitiendo focalizar de mejor manera los esfuerzos de cuidado de dichos territorios.

La iniciativa también incluye el traspaso de los recursos financieros y personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a este nuevo organismo, salvaguardando todos los derechos laborales de sus trabajadores y aumentando el presupuesto destinado a sus labores 15 mil a 38 mil millones de pesos. Ello, en un intento por reducir el déficit histórico de este sector en materia de financiamiento.

Junto a estas medidas, se contempla el establecimiento de una nueva normativa ambiental, vigilada por el MMA, que protegerá la variedad biológica nacional fuera de las áreas protegidas por ley, extendiendo su campo de acción a todas aquellas amenazas que enfrentan hoy nuestros ecosistemas, especies y genes, como la erradicación y control de especies invasoras, el cambio indiscriminado de uso de suelo, o las alteraciones ecológicas provocadas por el Cambio Climático, entre otras.

Una deuda pendiente

La creación de una institucionalidad ambiental que integre, bajo una mirada país, todas las atribuciones y responsabilidades en torno a la conservación de nuestro patrimonio natural es una demanda histórica de múltiples organizaciones de la sociedad civil, centros de estudios y universidades chilenas, las cuales han recalcado la importancia de proteger los bienes y servicios que provee la naturaleza a la sociedad.

En una carta enviada en enero de este año, el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018 y Director del Centro UC de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES), Fabián Jaksic, junto a otros tres Premios Nacionales de Ciencias, recordaron que la biodiversidad “es la base que sostiene nuestra vida en la Tierra, y tanto el bienestar presente y futuro de los seres humanos está directamente relacionado con ella. En especial, las personas más vulnerables de la sociedad (…) Se estima que los servicios ecosistémicos y otros bienes no comercializados representan entre el 50% y 90% del todas las fuentes de sustento de los hogares pobres de zonas rurales y forestales”.

En la misiva, dirigida a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, los investigadores destacaron la especial situación de Chile como “isla biogeográfica”, aislada del resto de los ecosistemas del continente a causa de las barreras naturales que representan la Cordillera de los Andes por el este y el desierto de Atacama por el norte.

“Nuestras especies se caracterizan por ser endémicas, es decir, que solo existen en Chile y en ningún otro país. Igualmente, la biodiversidad marina (intermareal y submareal) también está aislada geográficamente de sus vecinos, como consecuencia de la dirección del flujo y la temperatura de la Corriente de Humboldt. Además, los paisajes, ecosistemas y variedades genéticas de nuestro territorio y maritorio también son únicos”, indicaron.

Pese a ello, Chile es el único país de América Latina que no cuenta con un sistema integrado de áreas protegidas ni destina el cuidado de éstas a su ministerio medioambiental (a diferencia de estados como México, Costa Rica, Colombia y Perú). Además, es una de las naciones que menos recursos invierte en el cuidado de éstas áreas (menos de 2 USD por hectárea).

Para Francisca Boher, encargada de Vinculación y Transferencia Tecnológica de CAPES, la importancia de este proyecto se relaciona directamente con los compromisos adquiridos por Chile como sede de la próxima COP 25. “Comparativamente hablando, el rol que tiene Chile como emisor de gases de efecto invernadero es más bien marginal, pero donde sí tenemos un papel importante que cumplir es en la captura y absorción de carbono de vuelta a la naturaleza, y la única forma de cumplir esta misión es protegiendo y conservando nuestra propia biodiversidad. La aprobación del SBAP es la principal carta que tiene Chile ante la COP para asegurar el cumplimiento de la carbono-neutralidad como medida de mitigación ante el Cambio Climático”, explica.

Asimismo, la aprobación de este proyecto de ley le permitiría al estado chileno cumplir con la recomendación hecha a nuestro país en 2016 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), de “aprobar el proyecto de ley de creación del Servicio de Diversidad Biológica y Áreas Protegidas y acelerar su implementación”.

De votarse favorablemente la iniciativa, ésta pasará a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, última etapa legislativa antes de su promulgación como ley.

Senado votará ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

El nuevo Servicio tendrá por fin ejecutar las políticas públicas para el cuidado y gestión de la biodiversidad y el patrimonio natural del país, integrando en una sola entidad la gestión de todas las áreas protegidas a lo largo de su territorio.

El próximo martes 23 de julio, en su segunda discusión particular, el Senado votará el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP, un nuevo organismo público dependiente del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y cuyo objetivo será la protección y conservación de la biodiversidad en el país.

La votación de este martes se da tras ocho años de tramitación de la iniciativa, la que incluyó el despacho de dos proyectos de ley, ingresados en 2011 y 2014 respectivamente, y la revisión y aprobación de tres comisiones parlamentarias, la última de ellas la de Trabajo y Previsión Social, que presentó su informe final el pasado 17 de julio.

Nueva institucionalidad

Entre otros instrumentos, el Servicio tendrá a su cargo la gestión de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que unificará bajo una sola figura todas las áreas protegidas del Estado, tanto terrestres como marinas, actualmente repartidas en cinco ministerios, permitiendo focalizar de mejor manera los esfuerzos de cuidado de dichos territorios.

La iniciativa también incluye el traspaso de los recursos financieros y personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a este nuevo organismo, salvaguardando todos los derechos laborales de sus trabajadores y aumentando el presupuesto destinado a sus labores 15 mil a 38 mil millones de pesos. Ello, en un intento por reducir el déficit histórico de este sector en materia de financiamiento.

Junto a estas medidas, se contempla el establecimiento de una nueva normativa ambiental, vigilada por el MMA, que protegerá la variedad biológica nacional fuera de las áreas protegidas por ley, extendiendo su campo de acción a todas aquellas amenazas que enfrentan hoy nuestros ecosistemas, especies y genes, como la erradicación y control de especies invasoras, el cambio indiscriminado de uso de suelo, o las alteraciones ecológicas provocadas por el Cambio Climático, entre otras.

Una deuda pendiente

La creación de una institucionalidad ambiental que integre, bajo una mirada país, todas las atribuciones y responsabilidades en torno a la conservación de nuestro patrimonio natural es una demanda histórica de múltiples organizaciones de la sociedad civil, centros de estudios y universidades chilenas, las cuales han recalcado la importancia de proteger los bienes y servicios que provee la naturaleza a la sociedad.

En una carta enviada en enero de este año, el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018 y Director del Centro UC de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES), Fabián Jaksic, junto a otros tres Premios Nacionales de Ciencias, recordaron que la biodiversidad “es la base que sostiene nuestra vida en la Tierra, y tanto el bienestar presente y futuro de los seres humanos está directamente relacionado con ella. En especial, las personas más vulnerables de la sociedad (…) Se estima que los servicios ecosistémicos y otros bienes no comercializados representan entre el 50% y 90% del todas las fuentes de sustento de los hogares pobres de zonas rurales y forestales”.

En la misiva, dirigida a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, los investigadores destacaron la especial situación de Chile como “isla biogeográfica”, aislada del resto de los ecosistemas del continente a causa de las barreras naturales que representan la Cordillera de los Andes por el este y el desierto de Atacama por el norte.

“Nuestras especies se caracterizan por ser endémicas, es decir, que solo existen en Chile y en ningún otro país. Igualmente, la biodiversidad marina (intermareal y submareal) también está aislada geográficamente de sus vecinos, como consecuencia de la dirección del flujo y la temperatura de la Corriente de Humboldt. Además, los paisajes, ecosistemas y variedades genéticas de nuestro territorio y maritorio también son únicos”, indicaron.

Pese a ello, Chile es el único país de América Latina que no cuenta con un sistema integrado de áreas protegidas ni destina el cuidado de éstas a su ministerio medioambiental (a diferencia de estados como México, Costa Rica, Colombia y Perú). Además, es una de las naciones que menos recursos invierte en el cuidado de éstas áreas (menos de 2 USD por hectárea).

Para Francisca Boher, encargada de Vinculación y Transferencia Tecnológica de CAPES, la importancia de este proyecto se relaciona directamente con los compromisos adquiridos por Chile como sede de la próxima COP 25. “Comparativamente hablando, el rol que tiene Chile como emisor de gases de efecto invernadero es más bien marginal, pero donde sí tenemos un papel importante que cumplir es en la captura y absorción de carbono de vuelta a la naturaleza, y la única forma de cumplir esta misión es protegiendo y conservando nuestra propia biodiversidad. La aprobación del SBAP es la principal carta que tiene Chile ante la COP para asegurar el cumplimiento de la carbono-neutralidad como medida de mitigación ante el Cambio Climático”, explica.

Asimismo, la aprobación de este proyecto de ley le permitiría al estado chileno cumplir con la recomendación hecha a nuestro país en 2016 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), de “aprobar el proyecto de ley de creación del Servicio de Diversidad Biológica y Áreas Protegidas y acelerar su implementación”.

De votarse favorablemente la iniciativa, ésta pasará a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, última etapa legislativa antes de su promulgación como ley.

CAPES participa en taller sobre desarrollo e igualdad de género en CEPAL

La actividad fue parte de la agenda de la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe sobre Biodiversidad, Cambio Climático y Enfoque de Género, una red de instituciones de investigación que busca incidir en aquellas políticas regionales destinadas a la mitigación y adaptación ante la actual crisis climática.

Las profesionales CAPES Francisca Boher y Gabriela Flores participaron de un taller introductorio organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre los avances alcanzados y desafíos pendientes en materia de igualdad de género y desarrollo para los países de la región.

Los relatores del taller, Mario Castillo y Amparo Bravo, de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, hicieron hincapié en la enorme contradicción existente entre el crecimiento económico vivido en América Latina en las últimas décadas, y el estancamiento de las brechas y desigualdades materiales, sociales y culturales que sufre la mujer en el continente.

En opinión de Castillo, “la agenda de género tiene que estar embebida en la estrategia de desarrollo de la región, y hoy eso no pasa en muchos países, que crecen por encima del desarrollo en derechos de la mujer. No hay participación igualitaria en el progreso”.

Por su parte Bravo, economista de la CEPAL, describió los nudos estructurales que impiden que la mujer, en pleno siglo XXI, pueda acceder a los recursos, derechos y oportunidades que garanticen su autonomía, poniendo énfasis en aquellos sectores de la economía invisibilizados por la teoría clásica y donde este grupo de la sociedad juega un rol fundamental.

La actividad se enmarca en la agenda de la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe sobre Biodiversidad, Cambio Climático y Enfoque de Género, una red de intercambio institucional promovida por CEPAL, Capital Biodiversidad y la Fundación Horizonte Ciudadano, que busca abordar la intersección entre cambio climático, biodiversidad  y perspectiva de género con miras a diseñar modelos y políticas que incidan en los tomadores de decisión que se reunirán en la próxima COP 25.

Al taller asistieron representantes de las distintas organizaciones científicas y de la sociedad civil que integran la iniciativa (Instituto de Ecología y Biodiversidad, Wildlife Conservation Society, The Nature Conservancy, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, La Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad de México, entre otras) con el objetivo de entender de mejor forma los puntos de conexión entre la realidad de la mujer en América Latina, y el estado de vulnerabilidad de los sistemas ecológicos presentes en la región, una de las más ricas en biodiversidad del planeta.

Para Francisca Boher, encargada de Vinculación y Transferencia Tecnológica del CAPES, el objetivo de la Iniciativa no es sólo influir en las políticas públicas que, tanto a nivel nacional como internacional, ayuden a reducir el impacto del cambio climático en el continente, sino también “potenciar a Latinoamérica como una región biodiversa, esencial en los procesos de captura de carbono necesarios para cumplir con los objetivos acordados globalmente”.

A estos objetivos, también se suma el impulsar el rol que tiene la mujer como agente de cambio para influir en las respuestas hacia el cambio climático y la gestión del riesgo frente a los desastres.

Para cumplir con estas metas, la Iniciativa elaborará diversos informes de evidencia para políticas públicas (o policy briefs), los cuales incluirán casos exitosos de adaptación y mitigación ante amenazas climáticas, e identificarán las brechas que aún existen en materia social, económica y política para enfrentar este escenario. Estos documentos se redactarán a partir del trabajo de cuatro grupos multidisciplinarios de trabajo, que abordarán aspectos clave a considerar en dichas materias.

CAPES participa en taller sobre desarrollo e igualdad de género en CEPALCAPES takes part on ECLAC workshop about gender and development

La actividad fue parte de la agenda de la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe sobre Biodiversidad, Cambio Climático y Enfoque de Género, una red de instituciones de investigación que busca incidir en aquellas políticas regionales destinadas a la mitigación y adaptación ante la actual crisis climática.

Las profesionales CAPES Francisca Boher y Gabriela Flores participaron de un taller introductorio organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre los avances alcanzados y desafíos pendientes en materia de igualdad de género y desarrollo para los países de la región.

Los relatores del taller, Mario Castillo y Amparo Bravo, de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, hicieron hincapié en la enorme contradicción existente entre el crecimiento económico vivido en América Latina en las últimas décadas, y el estancamiento de las brechas y desigualdades materiales, sociales y culturales que sufre la mujer en el continente.

En opinión de Castillo, “la agenda de género tiene que estar embebida en la estrategia de desarrollo de la región, y hoy eso no pasa en muchos países, que crecen por encima del desarrollo en derechos de la mujer. No hay participación igualitaria en el progreso”.

Por su parte Bravo, economista de la CEPAL, describió los nudos estructurales que impiden que la mujer, en pleno siglo XXI, pueda acceder a los recursos, derechos y oportunidades que garanticen su autonomía, poniendo énfasis en aquellos sectores de la economía invisibilizados por la teoría clásica y donde este grupo de la sociedad juega un rol fundamental.

La actividad se enmarca en la agenda de la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe sobre Biodiversidad, Cambio Climático y Enfoque de Género, una red de intercambio institucional promovida por CEPAL, Capital Biodiversidad y la Fundación Horizonte Ciudadano, que busca abordar la intersección entre cambio climático, biodiversidad  y perspectiva de género con miras a diseñar modelos y políticas que incidan en los tomadores de decisión que se reunirán en la próxima COP 25.

Al taller asistieron representantes de las distintas organizaciones científicas y de la sociedad civil que integran la iniciativa (Instituto de Ecología y Biodiversidad, Wildlife Conservation Society, The Nature Conservancy, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, La Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad de México, entre otras) con el objetivo de entender de mejor forma los puntos de conexión entre la realidad de la mujer en América Latina, y el estado de vulnerabilidad de los sistemas ecológicos presentes en la región, una de las más ricas en biodiversidad del planeta.

Para Francisca Boher, encargada de Vinculación y Transferencia Tecnológica del CAPES, el objetivo de la Iniciativa no es sólo influir en las políticas públicas que, tanto a nivel nacional como internacional, ayuden a reducir el impacto del cambio climático en el continente, sino también “potenciar a Latinoamérica como una región biodiversa, esencial en los procesos de captura de carbono necesarios para cumplir con los objetivos acordados globalmente”.

A estos objetivos, también se suma el impulsar el rol que tiene la mujer como agente de cambio para influir en las respuestas hacia el cambio climático y la gestión del riesgo frente a los desastres.

Para cumplir con estas metas, la Iniciativa elaborará diversos informes de evidencia para políticas públicas (o policy briefs), los cuales incluirán casos exitosos de adaptación y mitigación ante amenazas climáticas, e identificarán las brechas que aún existen en materia social, económica y política para enfrentar este escenario. Estos documentos se redactarán a partir del trabajo de cuatro grupos multidisciplinarios de trabajo, que abordarán aspectos clave a considerar en dichas materias.