Autor: Diego Pozo

Senado votará ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

El nuevo Servicio tendrá por fin ejecutar las políticas públicas para el cuidado y gestión de la biodiversidad y el patrimonio natural del país, integrando en una sola entidad la gestión de todas las áreas protegidas a lo largo de su territorio.

El próximo martes 23 de julio, en su segunda discusión particular, el Senado votará el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP, un nuevo organismo público dependiente del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y cuyo objetivo será la protección y conservación de la biodiversidad en el país.

La votación de este martes se da tras ocho años de tramitación de la iniciativa, la que incluyó el despacho de dos proyectos de ley, ingresados en 2011 y 2014 respectivamente, y la revisión y aprobación de tres comisiones parlamentarias, la última de ellas la de Trabajo y Previsión Social, que presentó su informe final el pasado 17 de julio.

Nueva institucionalidad

Entre otros instrumentos, el Servicio tendrá a su cargo la gestión de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que unificará bajo una sola figura todas las áreas protegidas del Estado, tanto terrestres como marinas, actualmente repartidas en cinco ministerios, permitiendo focalizar de mejor manera los esfuerzos de cuidado de dichos territorios.

La iniciativa también incluye el traspaso de los recursos financieros y personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a este nuevo organismo, salvaguardando todos los derechos laborales de sus trabajadores y aumentando el presupuesto destinado a sus labores 15 mil a 38 mil millones de pesos. Ello, en un intento por reducir el déficit histórico de este sector en materia de financiamiento.

Junto a estas medidas, se contempla el establecimiento de una nueva normativa ambiental, vigilada por el MMA, que protegerá la variedad biológica nacional fuera de las áreas protegidas por ley, extendiendo su campo de acción a todas aquellas amenazas que enfrentan hoy nuestros ecosistemas, especies y genes, como la erradicación y control de especies invasoras, el cambio indiscriminado de uso de suelo, o las alteraciones ecológicas provocadas por el Cambio Climático, entre otras.

Una deuda pendiente

La creación de una institucionalidad ambiental que integre, bajo una mirada país, todas las atribuciones y responsabilidades en torno a la conservación de nuestro patrimonio natural es una demanda histórica de múltiples organizaciones de la sociedad civil, centros de estudios y universidades chilenas, las cuales han recalcado la importancia de proteger los bienes y servicios que provee la naturaleza a la sociedad.

En una carta enviada en enero de este año, el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018 y Director del Centro UC de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES), Fabián Jaksic, junto a otros tres Premios Nacionales de Ciencias, recordaron que la biodiversidad “es la base que sostiene nuestra vida en la Tierra, y tanto el bienestar presente y futuro de los seres humanos está directamente relacionado con ella. En especial, las personas más vulnerables de la sociedad (…) Se estima que los servicios ecosistémicos y otros bienes no comercializados representan entre el 50% y 90% del todas las fuentes de sustento de los hogares pobres de zonas rurales y forestales”.

En la misiva, dirigida a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, los investigadores destacaron la especial situación de Chile como “isla biogeográfica”, aislada del resto de los ecosistemas del continente a causa de las barreras naturales que representan la Cordillera de los Andes por el este y el desierto de Atacama por el norte.

“Nuestras especies se caracterizan por ser endémicas, es decir, que solo existen en Chile y en ningún otro país. Igualmente, la biodiversidad marina (intermareal y submareal) también está aislada geográficamente de sus vecinos, como consecuencia de la dirección del flujo y la temperatura de la Corriente de Humboldt. Además, los paisajes, ecosistemas y variedades genéticas de nuestro territorio y maritorio también son únicos”, indicaron.

Pese a ello, Chile es el único país de América Latina que no cuenta con un sistema integrado de áreas protegidas ni destina el cuidado de éstas a su ministerio medioambiental (a diferencia de estados como México, Costa Rica, Colombia y Perú). Además, es una de las naciones que menos recursos invierte en el cuidado de éstas áreas (menos de 2 USD por hectárea).

Para Francisca Boher, encargada de Vinculación y Transferencia Tecnológica de CAPES, la importancia de este proyecto se relaciona directamente con los compromisos adquiridos por Chile como sede de la próxima COP 25. “Comparativamente hablando, el rol que tiene Chile como emisor de gases de efecto invernadero es más bien marginal, pero donde sí tenemos un papel importante que cumplir es en la captura y absorción de carbono de vuelta a la naturaleza, y la única forma de cumplir esta misión es protegiendo y conservando nuestra propia biodiversidad. La aprobación del SBAP es la principal carta que tiene Chile ante la COP para asegurar el cumplimiento de la carbono-neutralidad como medida de mitigación ante el Cambio Climático”, explica.

Asimismo, la aprobación de este proyecto de ley le permitiría al estado chileno cumplir con la recomendación hecha a nuestro país en 2016 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), de “aprobar el proyecto de ley de creación del Servicio de Diversidad Biológica y Áreas Protegidas y acelerar su implementación”.

De votarse favorablemente la iniciativa, ésta pasará a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, última etapa legislativa antes de su promulgación como ley.

Senado votará ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

El nuevo Servicio tendrá por fin ejecutar las políticas públicas para el cuidado y gestión de la biodiversidad y el patrimonio natural del país, integrando en una sola entidad la gestión de todas las áreas protegidas a lo largo de su territorio.

El próximo martes 23 de julio, en su segunda discusión particular, el Senado votará el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP, un nuevo organismo público dependiente del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y cuyo objetivo será la protección y conservación de la biodiversidad en el país.

La votación de este martes se da tras ocho años de tramitación de la iniciativa, la que incluyó el despacho de dos proyectos de ley, ingresados en 2011 y 2014 respectivamente, y la revisión y aprobación de tres comisiones parlamentarias, la última de ellas la de Trabajo y Previsión Social, que presentó su informe final el pasado 17 de julio.

Nueva institucionalidad

Entre otros instrumentos, el Servicio tendrá a su cargo la gestión de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que unificará bajo una sola figura todas las áreas protegidas del Estado, tanto terrestres como marinas, actualmente repartidas en cinco ministerios, permitiendo focalizar de mejor manera los esfuerzos de cuidado de dichos territorios.

La iniciativa también incluye el traspaso de los recursos financieros y personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a este nuevo organismo, salvaguardando todos los derechos laborales de sus trabajadores y aumentando el presupuesto destinado a sus labores 15 mil a 38 mil millones de pesos. Ello, en un intento por reducir el déficit histórico de este sector en materia de financiamiento.

Junto a estas medidas, se contempla el establecimiento de una nueva normativa ambiental, vigilada por el MMA, que protegerá la variedad biológica nacional fuera de las áreas protegidas por ley, extendiendo su campo de acción a todas aquellas amenazas que enfrentan hoy nuestros ecosistemas, especies y genes, como la erradicación y control de especies invasoras, el cambio indiscriminado de uso de suelo, o las alteraciones ecológicas provocadas por el Cambio Climático, entre otras.

Una deuda pendiente

La creación de una institucionalidad ambiental que integre, bajo una mirada país, todas las atribuciones y responsabilidades en torno a la conservación de nuestro patrimonio natural es una demanda histórica de múltiples organizaciones de la sociedad civil, centros de estudios y universidades chilenas, las cuales han recalcado la importancia de proteger los bienes y servicios que provee la naturaleza a la sociedad.

En una carta enviada en enero de este año, el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018 y Director del Centro UC de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES), Fabián Jaksic, junto a otros tres Premios Nacionales de Ciencias, recordaron que la biodiversidad “es la base que sostiene nuestra vida en la Tierra, y tanto el bienestar presente y futuro de los seres humanos está directamente relacionado con ella. En especial, las personas más vulnerables de la sociedad (…) Se estima que los servicios ecosistémicos y otros bienes no comercializados representan entre el 50% y 90% del todas las fuentes de sustento de los hogares pobres de zonas rurales y forestales”.

En la misiva, dirigida a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, los investigadores destacaron la especial situación de Chile como “isla biogeográfica”, aislada del resto de los ecosistemas del continente a causa de las barreras naturales que representan la Cordillera de los Andes por el este y el desierto de Atacama por el norte.

“Nuestras especies se caracterizan por ser endémicas, es decir, que solo existen en Chile y en ningún otro país. Igualmente, la biodiversidad marina (intermareal y submareal) también está aislada geográficamente de sus vecinos, como consecuencia de la dirección del flujo y la temperatura de la Corriente de Humboldt. Además, los paisajes, ecosistemas y variedades genéticas de nuestro territorio y maritorio también son únicos”, indicaron.

Pese a ello, Chile es el único país de América Latina que no cuenta con un sistema integrado de áreas protegidas ni destina el cuidado de éstas a su ministerio medioambiental (a diferencia de estados como México, Costa Rica, Colombia y Perú). Además, es una de las naciones que menos recursos invierte en el cuidado de éstas áreas (menos de 2 USD por hectárea).

Para Francisca Boher, encargada de Vinculación y Transferencia Tecnológica de CAPES, la importancia de este proyecto se relaciona directamente con los compromisos adquiridos por Chile como sede de la próxima COP 25. “Comparativamente hablando, el rol que tiene Chile como emisor de gases de efecto invernadero es más bien marginal, pero donde sí tenemos un papel importante que cumplir es en la captura y absorción de carbono de vuelta a la naturaleza, y la única forma de cumplir esta misión es protegiendo y conservando nuestra propia biodiversidad. La aprobación del SBAP es la principal carta que tiene Chile ante la COP para asegurar el cumplimiento de la carbono-neutralidad como medida de mitigación ante el Cambio Climático”, explica.

Asimismo, la aprobación de este proyecto de ley le permitiría al estado chileno cumplir con la recomendación hecha a nuestro país en 2016 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), de “aprobar el proyecto de ley de creación del Servicio de Diversidad Biológica y Áreas Protegidas y acelerar su implementación”.

De votarse favorablemente la iniciativa, ésta pasará a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, última etapa legislativa antes de su promulgación como ley.

CAPES participa en taller sobre desarrollo e igualdad de género en CEPALCAPES takes part on ECLAC workshop about gender and development

La actividad fue parte de la agenda de la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe sobre Biodiversidad, Cambio Climático y Enfoque de Género, una red de instituciones de investigación que busca incidir en aquellas políticas regionales destinadas a la mitigación y adaptación ante la actual crisis climática.

Las profesionales CAPES Francisca Boher y Gabriela Flores participaron de un taller introductorio organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre los avances alcanzados y desafíos pendientes en materia de igualdad de género y desarrollo para los países de la región.

Los relatores del taller, Mario Castillo y Amparo Bravo, de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, hicieron hincapié en la enorme contradicción existente entre el crecimiento económico vivido en América Latina en las últimas décadas, y el estancamiento de las brechas y desigualdades materiales, sociales y culturales que sufre la mujer en el continente.

En opinión de Castillo, “la agenda de género tiene que estar embebida en la estrategia de desarrollo de la región, y hoy eso no pasa en muchos países, que crecen por encima del desarrollo en derechos de la mujer. No hay participación igualitaria en el progreso”.

Por su parte Bravo, economista de la CEPAL, describió los nudos estructurales que impiden que la mujer, en pleno siglo XXI, pueda acceder a los recursos, derechos y oportunidades que garanticen su autonomía, poniendo énfasis en aquellos sectores de la economía invisibilizados por la teoría clásica y donde este grupo de la sociedad juega un rol fundamental.

La actividad se enmarca en la agenda de la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe sobre Biodiversidad, Cambio Climático y Enfoque de Género, una red de intercambio institucional promovida por CEPAL, Capital Biodiversidad y la Fundación Horizonte Ciudadano, que busca abordar la intersección entre cambio climático, biodiversidad  y perspectiva de género con miras a diseñar modelos y políticas que incidan en los tomadores de decisión que se reunirán en la próxima COP 25.

Al taller asistieron representantes de las distintas organizaciones científicas y de la sociedad civil que integran la iniciativa (Instituto de Ecología y Biodiversidad, Wildlife Conservation Society, The Nature Conservancy, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, La Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad de México, entre otras) con el objetivo de entender de mejor forma los puntos de conexión entre la realidad de la mujer en América Latina, y el estado de vulnerabilidad de los sistemas ecológicos presentes en la región, una de las más ricas en biodiversidad del planeta.

Para Francisca Boher, encargada de Vinculación y Transferencia Tecnológica del CAPES, el objetivo de la Iniciativa no es sólo influir en las políticas públicas que, tanto a nivel nacional como internacional, ayuden a reducir el impacto del cambio climático en el continente, sino también “potenciar a Latinoamérica como una región biodiversa, esencial en los procesos de captura de carbono necesarios para cumplir con los objetivos acordados globalmente”.

A estos objetivos, también se suma el impulsar el rol que tiene la mujer como agente de cambio para influir en las respuestas hacia el cambio climático y la gestión del riesgo frente a los desastres.

Para cumplir con estas metas, la Iniciativa elaborará diversos informes de evidencia para políticas públicas (o policy briefs), los cuales incluirán casos exitosos de adaptación y mitigación ante amenazas climáticas, e identificarán las brechas que aún existen en materia social, económica y política para enfrentar este escenario. Estos documentos se redactarán a partir del trabajo de cuatro grupos multidisciplinarios de trabajo, que abordarán aspectos clave a considerar en dichas materias.

CAPES participa en taller sobre desarrollo e igualdad de género en CEPAL

La actividad fue parte de la agenda de la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe sobre Biodiversidad, Cambio Climático y Enfoque de Género, una red de instituciones de investigación que busca incidir en aquellas políticas regionales destinadas a la mitigación y adaptación ante la actual crisis climática.

Las profesionales CAPES Francisca Boher y Gabriela Flores participaron de un taller introductorio organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre los avances alcanzados y desafíos pendientes en materia de igualdad de género y desarrollo para los países de la región.

Los relatores del taller, Mario Castillo y Amparo Bravo, de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, hicieron hincapié en la enorme contradicción existente entre el crecimiento económico vivido en América Latina en las últimas décadas, y el estancamiento de las brechas y desigualdades materiales, sociales y culturales que sufre la mujer en el continente.

En opinión de Castillo, “la agenda de género tiene que estar embebida en la estrategia de desarrollo de la región, y hoy eso no pasa en muchos países, que crecen por encima del desarrollo en derechos de la mujer. No hay participación igualitaria en el progreso”.

Por su parte Bravo, economista de la CEPAL, describió los nudos estructurales que impiden que la mujer, en pleno siglo XXI, pueda acceder a los recursos, derechos y oportunidades que garanticen su autonomía, poniendo énfasis en aquellos sectores de la economía invisibilizados por la teoría clásica y donde este grupo de la sociedad juega un rol fundamental.

La actividad se enmarca en la agenda de la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe sobre Biodiversidad, Cambio Climático y Enfoque de Género, una red de intercambio institucional promovida por CEPAL, Capital Biodiversidad y la Fundación Horizonte Ciudadano, que busca abordar la intersección entre cambio climático, biodiversidad  y perspectiva de género con miras a diseñar modelos y políticas que incidan en los tomadores de decisión que se reunirán en la próxima COP 25.

Al taller asistieron representantes de las distintas organizaciones científicas y de la sociedad civil que integran la iniciativa (Instituto de Ecología y Biodiversidad, Wildlife Conservation Society, The Nature Conservancy, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, La Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad de México, entre otras) con el objetivo de entender de mejor forma los puntos de conexión entre la realidad de la mujer en América Latina, y el estado de vulnerabilidad de los sistemas ecológicos presentes en la región, una de las más ricas en biodiversidad del planeta.

Para Francisca Boher, encargada de Vinculación y Transferencia Tecnológica del CAPES, el objetivo de la Iniciativa no es sólo influir en las políticas públicas que, tanto a nivel nacional como internacional, ayuden a reducir el impacto del cambio climático en el continente, sino también “potenciar a Latinoamérica como una región biodiversa, esencial en los procesos de captura de carbono necesarios para cumplir con los objetivos acordados globalmente”.

A estos objetivos, también se suma el impulsar el rol que tiene la mujer como agente de cambio para influir en las respuestas hacia el cambio climático y la gestión del riesgo frente a los desastres.

Para cumplir con estas metas, la Iniciativa elaborará diversos informes de evidencia para políticas públicas (o policy briefs), los cuales incluirán casos exitosos de adaptación y mitigación ante amenazas climáticas, e identificarán las brechas que aún existen en materia social, económica y política para enfrentar este escenario. Estos documentos se redactarán a partir del trabajo de cuatro grupos multidisciplinarios de trabajo, que abordarán aspectos clave a considerar en dichas materias.

Enrico Rezende, nuevo seleccionado del «Programa Ciencia Frontera» de la AChCEnrico Rezende, new member of the Frontier Science Program, from AChC.

En conversación con CAPES, el investigador del Centro nos cuenta los desafíos en torno a su designación y cómo este programa puede ayudar a generar vínculos entre ciencia, política y sociedad civil, de la mano de nuevas generaciones de científicos.

El pasado 19 de junio, la Academia Chilena de Ciencias (AChC) entregó los nombres de los investigadores seleccionados para el “Programa Ciencia Frontera 2019-2021”, una iniciativa de la institución cuyo objetivo es, en palabras de su presidenta María Cecilia Hidalgo, “incentivar la discusión científica interdisciplinaria, la creación de vínculos y el desarrollo de iniciativas conjuntas por parte de los científicos jóvenes del país”.

Entre los elegidos para llevar a cabo esta importante misión, se encuentra el investigador CAPES Enrico Rezende, biólogo de la Universidad de Chile y Doctor en Ecología, Evolución y Biología de Organismos de la Universidad de California, Riverside, quien valoró su designación y proyectó lo que serán estos tres años de trabajo junto al resto de los científicos seleccionados.

Para Rezende, el «Programa Ciencia Frontera» representa una oportunidad para plantear estrategias que ayuden a resolver problemáticas sociales desde una perspectiva científica, sirviendo de nexo permanente entre la ciencia y la sociedad civil. La Academia, en su opinión “debe ser proactiva no sólo en el ámbito científico, sino también en el ámbito político y social”.

Y si de problemáticas sociales se trata, él sugiere desde ya una cercana a su interés: “el fenómeno de la desertificación y su impacto en la economía agrícola es un problema que el Estado (chileno) debiera estar afrontando activamente” comenta. “El desierto se expande de norte a sur, y con él, la falta de agua y de terreno cultivable. A ello, se suman problemas como el poco desarrollo sustentable de regiones con mucho desierto como la de Atacama, haciéndolas más vulnerables a este tipo de cambios”.

Según el investigador, miembro de la línea de Fisiología Ambiental de CAPES, la manera adecuada de abordar estos problemas es identificar las oportunidades que ellos mismos ofrecen. En el caso de la desertificación, por ejemplo, esto equivale a diseñar y desarrollar tecnologías que permitan vivir y cultivar en el desierto, aprovechando las características únicas de este tipo de clima y convirtiéndolo, en definitiva “en un generador de riquezas a nivel nacional y regional”.

Sin embargo, Rezende está consciente de que esta forma de pensar a largo plazo no es el modo habitual en el que se desenvuelven los políticos, por lo que “es tarea de los científicos hacer llegar ese mensaje, incidir cada vez más en la agenda pública”, explica.

A su parecer, la nueva generación de investigadores jóvenes puede contribuir de manera positiva en este aspecto. “Chile está reduciendo el retraso que históricamente ha tenido con respecto a otros países en materia de conocimiento avanzado y capacidad técnica. La globalización (y en parte una política, tardía pero exitosa, de formación de capital humano por parte del Estado) permitió el viaje de muchos científicos y académicos que hoy están volviendo, con nuevas ideas y una nueva actitud, para enfrentar estos problemas”.

Ese cambio de actitud, en su opinión, es el que debe permear también en la clase política y los tomadores de decisión, y ésta incluye una vinculación mucho más activa entre Estado, academia y sociedad civil, con el fin de hallar oportunidades de mercado que saquen al científico de la universidad y lo vuelvan un agente importante en el desarrollo sostenible del país y el bienestar general de la sociedad.

“Hoy, que el científico no participe en política simplemente no puede ser. Como sociedad y como país tenemos problemas serios, y hay mucha gente capacitada para resolverlos. Un científico debe enfrentar estos problemas de forma activa y con un mínimo de conciencia social, un mínimo de entendimiento de lo que aquí ocurre. Y se agradece que la Academia Chilena de Ciencias esté fomentando eso”, afirma.

El círculo virtuoso entre empresa, política y academia también será un poco de atención para los nuevos miembros del «Programa Ciencia Frontera», a través de propuestas como una Feria Tecnológica Anual que conecte de forma más directa las necesidades de la industria con la experiencia de los investigadores, y la capacidad de apoyo del Estado.

Junto con Rezende, los otros investigadores seleccionados para la iniciativa fueron Jorge Gironás, Daniel Hurtado, Bernardo Krause, Juan Andrés Orellana y Alejandro Pérez, de la Pontificia Universidad Católica; Jennifer Alcaíno, Andreína García, Julieta Orlando, Daniel Remenik, Fernando Valiente, Alexander Vargas y Christian Wilson, de la Universidad de Chile, y María Inés Barría y Mauricio Urbina, de la Universidad de Concepción.

Enrico Rezende, nuevo seleccionado del «Programa Ciencia Frontera» de la AChC

En conversación con CAPES, el investigador del Centro nos cuenta los desafíos en torno a su designación y cómo este programa puede ayudar a generar vínculos entre ciencia, política y sociedad civil, de la mano de nuevas generaciones de científicos.

El pasado 19 de junio, la Academia Chilena de Ciencias (AChC) entregó los nombres de los investigadores seleccionados para el “Programa Ciencia Frontera 2019-2021”, una iniciativa de la institución cuyo objetivo es, en palabras de su presidenta María Cecilia Hidalgo, “incentivar la discusión científica interdisciplinaria, la creación de vínculos y el desarrollo de iniciativas conjuntas por parte de los científicos jóvenes del país”.

Entre los elegidos para llevar a cabo esta importante misión, se encuentra el investigador CAPES Enrico Rezende, biólogo de la Universidad de Chile y Doctor en Ecología, Evolución y Biología de Organismos de la Universidad de California, Riverside, quien valoró su designación y proyectó lo que serán estos tres años de trabajo junto al resto de los científicos seleccionados.

Para Rezende, el «Programa Ciencia Frontera» representa una oportunidad para plantear estrategias que ayuden a resolver problemáticas sociales desde una perspectiva científica, sirviendo de nexo permanente entre la ciencia y la sociedad civil. La Academia, en su opinión “debe ser proactiva no sólo en el ámbito científico, sino también en el ámbito político y social”.

Y si de problemáticas sociales se trata, él sugiere desde ya una cercana a su interés: “el fenómeno de la desertificación y su impacto en la economía agrícola es un problema que el Estado (chileno) debiera estar afrontando activamente” comenta. “El desierto se expande de norte a sur, y con él, la falta de agua y de terreno cultivable. A ello, se suman problemas como el poco desarrollo sustentable de regiones con mucho desierto como la de Atacama, haciéndolas más vulnerables a este tipo de cambios”.

Según el investigador, miembro de la línea de Fisiología Ambiental de CAPES, la manera adecuada de abordar estos problemas es identificar las oportunidades que ellos mismos ofrecen. En el caso de la desertificación, por ejemplo, esto equivale a diseñar y desarrollar tecnologías que permitan vivir y cultivar en el desierto, aprovechando las características únicas de este tipo de clima y convirtiéndolo, en definitiva “en un generador de riquezas a nivel nacional y regional”.

Sin embargo, Rezende está consciente de que esta forma de pensar a largo plazo no es el modo habitual en el que se desenvuelven los políticos, por lo que “es tarea de los científicos hacer llegar ese mensaje, incidir cada vez más en la agenda pública”, explica.

A su parecer, la nueva generación de investigadores jóvenes puede contribuir de manera positiva en este aspecto. “Chile está reduciendo el retraso que históricamente ha tenido con respecto a otros países en materia de conocimiento avanzado y capacidad técnica. La globalización (y en parte una política, tardía pero exitosa, de formación de capital humano por parte del Estado) permitió el viaje de muchos científicos y académicos que hoy están volviendo, con nuevas ideas y una nueva actitud, para enfrentar estos problemas”.

Ese cambio de actitud, en su opinión, es el que debe permear también en la clase política y los tomadores de decisión, y ésta incluye una vinculación mucho más activa entre Estado, academia y sociedad civil, con el fin de hallar oportunidades de mercado que saquen al científico de la universidad y lo vuelvan un agente importante en el desarrollo sostenible del país y el bienestar general de la sociedad.

“Hoy, que el científico no participe en política simplemente no puede ser. Como sociedad y como país tenemos problemas serios, y hay mucha gente capacitada para resolverlos. Un científico debe enfrentar estos problemas de forma activa y con un mínimo de conciencia social, un mínimo de entendimiento de lo que aquí ocurre. Y se agradece que la Academia Chilena de Ciencias esté fomentando eso”, afirma.

El círculo virtuoso entre empresa, política y academia también será un poco de atención para los nuevos miembros del «Programa Ciencia Frontera», a través de propuestas como una Feria Tecnológica Anual que conecte de forma más directa las necesidades de la industria con la experiencia de los investigadores, y la capacidad de apoyo del Estado.

Junto con Rezende, los otros investigadores seleccionados para la iniciativa fueron Jorge Gironás, Daniel Hurtado, Bernardo Krause, Juan Andrés Orellana y Alejandro Pérez, de la Pontificia Universidad Católica; Jennifer Alcaíno, Andreína García, Julieta Orlando, Daniel Remenik, Fernando Valiente, Alexander Vargas y Christian Wilson, de la Universidad de Chile, y María Inés Barría y Mauricio Urbina, de la Universidad de Concepción.

Ecólogos piden acelerar permisos de investigación con vertebrados terrestresEcologists ask to accelerate research permits with terrestrial vertebrates in natural populations

En un mensaje publicado en la Revista Internacional de Biodiversidad, Oceanología y Conservación Gayana, 18 investigadores nacionales (4 de ellos CAPES) cuestionaron la normativa vigente en torno a la manipulación de ejemplares animales con fines científicos, argumentando que, junto con ralentizar la generación de nuevo conocimiento, también pone en peligro la viabilidad experimental de las investigaciones.

 La realidad de cualquier científico chileno a la hora de realizar investigación es, para decirlo en simple, ardua. A la escasez de fondos nacionales que lo apoyen, se suma la baja probabilidad que tienen adjudicárselos y las dificultades inherentes a la falta de recursos para hacer su trabajo.

Para un ecólogo terrestre, estas limitaciones aumentan cuando se trata de postular a proyectos que implican la manipulación, y a veces la remoción, de ejemplares animales en poblaciones naturales para fines científicos, pues implica la solicitud de permisos que, para muchos, son innecesariamente engorrosos y restrictivos, al punto de poner en peligro la viabilidad experimental de los trabajos.

A juicio de los científicos, los trámites asociados a permisos de manipulación, autorizados en Chile por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), del Ministerio de Agricultura, y por los múltiples Comités de Bioética de las instituciones albergantes de cada proyecto, no tienen en cuenta la realidad del trabajo ecológico ni la evidencia científica sobre los efectos de estas actividades en el equilibrio de las poblaciones, llegando incluso a esperar del investigador certezas que éste no tiene como anticipar.

“Creo que los trámites se han vuelto engorrosos, en parte, porque hay muchas entidades que revisan en paralelo los fundamentos de las investigaciones, y en algunos casos los requerimientos o criterios entre ellas pueden diferir. El comité de cuidado animal o bioética de una institución puede visar un protocolo particular y luego al SAG o al Comité de Fondecyt le puede parecer que el muestreo de animales requiere de ajustes de número, cuidado o protocolos” opina un investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES), y co-autor del comunicado.

El mismo investigador relata que, en ocasiones, se le han puesto restricciones exageradas en los tamaños muestreales de vertebrados para sus estudios de ecofisiología, provocando una disminución en el de poder de análisis estadístico de sus estudios.

Sobre este punto, los autores del mensaje son claros: “Los estudios indican que la remoción con fines científicos de individuos de poblaciones naturales sin problemas de conservación no afecta el estatus de las mismas”, haciendo innecesaria la especial atención que se pone al diseño de las investigaciones en el otorgamiento de permisos, más aun considerando la leve institucionalidad con que se regulan otras actividades humanas que sí alteran el equilibrio poblacional, como son las faenas forestales y la presencia de animales domésticos.

“La burocracia y la falta de conocimiento de la gente que toma las decisiones nos lleva lamentablemente a acotar nuestros estudios sobre biodiversidad y a dejar de estudiar parte de nuestra fauna endémica” expresó por su parte otro de los co-autores de la nota.

Los investigadores esperan, a partir del texto, impulsar un debate sobre la adecuada y efectiva regulación de este tipo de investigaciones, ofreciendo para ello una serie de recomendaciones: (1) que los comités de ética se remitan a aspectos de bienestar animal y no se involucren en los diseños de las investigaciones, (2) que los investigadores cuenten con permisos permanentes de colecta de especímenes de su especialidad mientras dure su afiliación a una institución de investigación científica, y (3) que los investigadores informen anualmente los detalles de sus capturas y que estos datos se integren a una base de datos pública y de acceso libre.

La nota fue publicada en la Revista Internacional de Biodiversidad, Oceanología y Conservación Gayana, de la Universidad de Concepción.

Información:  Comunicaciones CAPES

Referencia:

D’Elía, Guillermo, M. Jaksic, Fabián, Bacigalupe, Leonardo, Bozinovic, Francisco, L Canto, Jhoann, Correa, Claudio, E Fontúrbel, Francisco, Lisón, Fulgencio, Méndez, Marco, Nespolo, Roberto, Opazo, Juan, Palma, R, Rau, Jaime, Rodríguez, Sara, Rodríguez-Serrano, Enrique, Sabat, P, Vásquez, Rodrigo & Victoriano, Pedro. (2019). Sugerencias para mejorar la regulación chilena de manipulación de vertebrados terrestres en poblaciones naturales en el contexto de investigaciones científicas. Gayana. 83 (1): 63-67.

Ecólogos piden acelerar permisos de investigación con vertebrados terrestres

En un mensaje publicado en la Revista Internacional de Biodiversidad, Oceanología y Conservación Gayana, 18 investigadores nacionales (4 de ellos CAPES) cuestionaron la normativa vigente en torno a la manipulación de ejemplares animales con fines científicos, argumentando que, junto con ralentizar la generación de nuevo conocimiento, también pone en peligro la viabilidad experimental de las investigaciones.

 La realidad de cualquier científico chileno a la hora de realizar investigación es, para decirlo en simple, ardua. A la escasez de fondos nacionales que lo apoyen, se suma la baja probabilidad que tienen adjudicárselos y las dificultades inherentes a la falta de recursos para hacer su trabajo.

Para un ecólogo terrestre, estas limitaciones aumentan cuando se trata de postular a proyectos que implican la manipulación, y a veces la remoción, de ejemplares animales en poblaciones naturales para fines científicos, pues implica la solicitud de permisos que, para muchos, son innecesariamente engorrosos y restrictivos, al punto de poner en peligro la viabilidad experimental de los trabajos.

A juicio de los científicos, los trámites asociados a permisos de manipulación, autorizados en Chile por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), del Ministerio de Agricultura, y por los múltiples Comités de Bioética de las instituciones albergantes de cada proyecto, no tienen en cuenta la realidad del trabajo ecológico ni la evidencia científica sobre los efectos de estas actividades en el equilibrio de las poblaciones, llegando incluso a esperar del investigador certezas que éste no tiene como anticipar.

“Creo que los trámites se han vuelto engorrosos, en parte, porque hay muchas entidades que revisan en paralelo los fundamentos de las investigaciones, y en algunos casos los requerimientos o criterios entre ellas pueden diferir. El comité de cuidado animal o bioética de una institución puede visar un protocolo particular y luego al SAG o al Comité de Fondecyt le puede parecer que el muestreo de animales requiere de ajustes de número, cuidado o protocolos” opina un investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES), y co-autor del comunicado.

El mismo investigador relata que, en ocasiones, se le han puesto restricciones exageradas en los tamaños muestreales de vertebrados para sus estudios de ecofisiología, provocando una disminución en el de poder de análisis estadístico de sus estudios.

Sobre este punto, los autores del mensaje son claros: “Los estudios indican que la remoción con fines científicos de individuos de poblaciones naturales sin problemas de conservación no afecta el estatus de las mismas”, haciendo innecesaria la especial atención que se pone al diseño de las investigaciones en el otorgamiento de permisos, más aun considerando la leve institucionalidad con que se regulan otras actividades humanas que sí alteran el equilibrio poblacional, como son las faenas forestales y la presencia de animales domésticos.

“La burocracia y la falta de conocimiento de la gente que toma las decisiones nos lleva lamentablemente a acotar nuestros estudios sobre biodiversidad y a dejar de estudiar parte de nuestra fauna endémica” expresó por su parte otro de los co-autores de la nota.

Los investigadores esperan, a partir del texto, impulsar un debate sobre la adecuada y efectiva regulación de este tipo de investigaciones, ofreciendo para ello una serie de recomendaciones: (1) que los comités de ética se remitan a aspectos de bienestar animal y no se involucren en los diseños de las investigaciones, (2) que los investigadores cuenten con permisos permanentes de colecta de especímenes de su especialidad mientras dure su afiliación a una institución de investigación científica, y (3) que los investigadores informen anualmente los detalles de sus capturas y que estos datos se integren a una base de datos pública y de acceso libre.

La nota fue publicada en la Revista Internacional de Biodiversidad, Oceanología y Conservación Gayana, de la Universidad de Concepción.

Información:  Comunicaciones CAPES

Referencia:

D’Elía, Guillermo, M. Jaksic, Fabián, Bacigalupe, Leonardo, Bozinovic, Francisco, L Canto, Jhoann, Correa, Claudio, E Fontúrbel, Francisco, Lisón, Fulgencio, Méndez, Marco, Nespolo, Roberto, Opazo, Juan, Palma, R, Rau, Jaime, Rodríguez, Sara, Rodríguez-Serrano, Enrique, Sabat, P, Vásquez, Rodrigo & Victoriano, Pedro. (2019). Sugerencias para mejorar la regulación chilena de manipulación de vertebrados terrestres en poblaciones naturales en el contexto de investigaciones científicas. Gayana. 83 (1): 63-67.

Primer “Desafío Naturalista Urbano” en Chile: catalogando la riqueza naturalHundreds of people cataloged the natural richness of their cities in the first «City Nature Challenge» held in Chile

La iniciativa, coordinada en nuestro país por el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad UC, la Corporación Neguén y la Fundación Ciencia Ciudadana, convocó a familias, expertos y aficionados en un esfuerzo colectivo por catastrar la riqueza natural de sus propios ecosistemas urbanos, y de paso, valorar la variedad de formas, muchas veces inadvertidas, que habitan a su alrededor.

Sobre una loma alta rodeada de espinos, litres y quillayes, una colonia de hormigas cosechadoras (Pogonomyrmex) disfrutaba de una placentera tarde de abril en el cerro Altos de Chicauma, al interior de la cordillera de la Costa.

Famosamente precavidas, algunas de ellas se preparaban para el invierno llevando consigo semillas de gramíneas a un nido cercano, mientras que otras, en un intento de apareamiento rara vez captado por una cámara fotográfica, se lanzaban al vacío abrazadas a sus parejas desde las primeras ramas de un árbol.

Esta vez, sin embargo, sí hubo cámaras para inmortalizar el momento.

Daniela Bertens, estudiante de Biología de la Universidad Católica (PUC), y un grupo de miembros de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC), se hallaban allí no sólo para registrar cada una de las especies que se encontraban en el camino, sino también para identificarlas y catalogarlas en una aplicación móvil especialmente creada para ello.

Todo, sin siquiera moverse de Santiago.

La presencia de Daniela y su equipo de exploradores en esa zona —50 kilómetros al noroeste de la capital— no era casual. La comitiva participaba del primer Desafío Naturalista Urbano realizado en Chile, una actividad internacional que entre los días 24 y 27 de abril hizo competir a los habitantes de dos ciudades del país—Santiago y Concepción— por cuál registraba e identificada la mayor cantidad de animales, plantas u hongos al interior de sus respectivas urbes.

Para Daniela, la instancia no sólo significó una oportunidad para ganarse un premio o conocer la enorme riqueza natural que la rodeaba, sino también la ocasión de aprender acerca de ella de manera colectiva: “lo que más rescato fue el ambiente de colaboración que se generó, ya que siempre hay personas que saben más que una dispuestas a compartir ese conocimiento”.

Es justamente ese ánimo de cooperación el que promueve iNaturalist, la aplicación móvil de registro y documentación de vida salvaje coordinadora del evento, y que es a la vez una exitosa red de ciencia ciudadana donde tanto expertos como aficionados catalogan diariamente la biodiversidad de sus ecosistemas locales sin más instrumento que sus teléfonos inteligentes y una conexión a Internet.

A la fecha, la plataforma cuenta con casi dos millones de usuarios y 26 millones de observaciones realizadas a lo largo del mundo, en tan sólo tres años de existencia.

“Si bien tengo experiencia realizando este tipo de catastros, antes me era difícil identificar la especie que registraba. Esta vez, la aplicación me permitió conectar con personas que sí conocen la especie y pueden identificarla”, relató Celeste Gómez, también estudiante de Biología de la PUC y una de las catalogadoras más prolíficas durante las cuatro jornadas de Desafío en Chile, con 102 observaciones realizadas.

En cuanto al Desafío, el primer intento por implementar esta iniciativa en nuestro país fue, en términos generales, una experiencia positiva: en la región Metropolitana participaron 144 identificadores (usuarios que designan el nombre y taxón de un especie descubierta) y 183 observadores, los cuales realizaron en total 2.421 registros. En el caso de Concepción, sólo 27 personas participaron del Desafío, con 133 observaciones contabilizadas.

De los resultados que arrojó el evento, resalta la distinta composición de fauna, flora y fungi existente entre una ciudad y otra. En Santiago, de las diez especies más reportadas, siete eran exóticas —es decir, animales, plantas u hongos no originarios de un ecosistema. En Concepción, por el contrario, la mayoría de las especies registradas eran nativas de la zona.

En opinión de Celeste, quien durante esos días se dedicó a observar diversas especies vegetales, este tipo de actividades nos recuerda el valor de aquellas formas de vida menos vistosas, las cuales proliferan por todos los rincones de la ciudad. “Cuando vemos una planta, la mayoría de las veces creemos que es sólo una planta, pero la verdad es que dentro suyo hay un montón de individuos —hormigas, gusanos— que cohabitan con ella y dependen de ella.

Para la estudiante de pregrado, ese saber es fundamental para valorar la vida que nos rodea: “conociendo, uno puede cuidar, y tal vez, en vez de plantar una rosa en el jardín de la casa, a la próxima uno plante un chilco, ayudando a más especies en el proceso”.

Daniela coincide en esa aseveración: “una vez que se conoce lo que hay alrededor, se comienzan a valorar más los beneficios que la naturaleza da a las personas. Proteger la flora y fauna —crear más áreas verdes, mayor conectividad entre ellas, podas conscientes, mejor convivencia con los animales urbanos— no sólo beneficia a plantas y animales, sino también a nosotros mismos”.

Erasmo Macaya, biólogo marino de la Universidad de Concepción y organizador del Desafío en esa ciudad, destacó el entusiasmo que generó la actividad en las personas, demostrando, a su parecer, que sí existe interés por conocer y apreciar nuestra biodiversidad urbana. Para Macaya, son justamente este tipo de proyectos los que mejor promueven dicho interés: “por nuestra parte, continuaremos con los talleres para que más personas puedan conocer la app de iNaturalist, organizar expediciones para obtener registros y preparar lo que será el Desafío del 2020, donde esperamos que más ciudades se sumen a la iniciativa”. 

Tanto Daniela como Celeste creen que sólo se necesita mayor difusión para darle masividad al evento. Ambas aseguran que el público potencial está ahí: “la gente cada vez parece estar más entusiasmada con la naturaleza, tanto adultos como niños. Es una gran oportunidad de compartir conocimiento y valoración por el ambiente que nos rodea”, comentó Daniela. 

“El ser humano es siempre curioso. Sólo necesita las herramientas que lo ayuden a apropiarse de lo que tiene”, concluyó Celeste.

Aquellos interesados en descargar la aplicación y salir a observar el mundo, pueden hacerlo durante todos los días del año descargando la aplicación desde Google Play o en el App Store de Apple.

[Crédito de foto: Daniela Bertens (Portada), Patrich Cerpa (Interior)]