Un grupo de investigadores nacionales determinó que las empresas que cuentan con políticas ambientales declaradas son un 25% más proclives a invertir en prácticas sustentables.
¿Cuáles son los factores que influyen en que una empresa declare, o no, una política ambiental? ¿Y qué chances existen de que, una vez declarada esta política, la empresa invierta lo necesario en su ejecución? Estas fueron las preguntas que los investigadores de la Universidad del Desarrollo María José Ibáñez, Roberto Ponce y Felipe Vásquez buscaron responder en un estudio que exploró las distancias existentes entre las políticas ambientales de las empresas, y su comportamiento ambiental activo.
El estudio, pronto a publicar sus resultados, analizó para ello lo informado por casi 5 mil compañías con operaciones en Chile en la Encuesta Longitudinal de Empresas (2017), un instrumento elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas INE, que actualiza periódicamente el estado del sector privado en nuestros país en temas de finanzas, recursos, mercados, y, claro está, desempeño ambiental, entre otros.
“Para la primera pregunta, es decir, qué determina que una empresa declare o tenga una política ambiental, lo que encontramos es que existen más probabilidades que una empresa declare una política ambiental mientras más grande sea, más años tenga en el mercado, más orientada a la exportación esté, y si es una empresa familiar y forma parte además de un gobierno corporativo” explica Roberto Ponce, uno de los autores del estudio, e investigador junto con Felipe Vásquez del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES UC. “Esas variables, descubrimos, afectan positivamente en la probabilidad de tener política ambiental”.
En opinión de Ponce, conocer estas variables, desde el punto de vista de la política pública, es muy relevante, “porque si instituciones como la CORFO quieren, por ejemplo, hacer un programa para fomentar la elaboración de políticas ambientales a nivel empresarial, nuestros resultados indican que no debieran enfocarse tanto en las empresas grandes (que estadísticamente es más probable que tengan o declaren una política de este tipo), sino más bien en las organizaciones pequeñas y medianas. Eso te ayuda, así, a poner los incentivos de la política pública en los lugares correctos”, indica.
En cuanto a la segunda interrogante que el equipo liderado por María José Ibáñez buscó responderse, “lo que queríamos era saber qué tan buen predictor de comportamiento ambiental es el hecho que una empresa tenga política ambiental, es decir, cómo cambia la probabilidad de que una empresa realice un desembolso ambiental activo (esto es, que incurra en costos para proteger el medio ambiente o reducir sus impactos) dado que tiene una política ambiental”, señala Ponce.
Con este propósito, los investigadores seleccionaron, del total de empresas que poseían política ambiental, aquellas que tenían un comportamiento ambiental activo, el cual no sólo buscaba reducir o mejorar su posición de costos, sino que producir cambios reales a nivel de producción sustentable. “La empresa puede tener distintos comportamientos ambientales” comenta Ponce, “por ejemplo, una empresa podría cambiar sus procesos productivos para ahorrar más agua, o cambiar sus filtros para disminuir la emisión de contaminantes, pero éstas son reacciones a un efecto que la empresa está generando. Nosotros consideramos un desembolso ambiental que iba un poco más allá”.
Y los resultados, al menos preliminarmente, indican que, en efecto, hay una relación positiva entre declarar una política ambiental y ejecutarla a través de inversiones y desembolsos monetarios. “De hecho, en el paper que estamos próximos a lanzar, planteamos que, si una empresa tiene política ambiental, hay un 25% más de probabilidades de que esa empresa invierta en protección ambiental” adelanta el investigador.
Estos hallazgos, sin embargo, no son idénticos a lo largo de todos los sectores productivos: “cuando dividimos estos resultados según industria, notamos que en el sector de servicios y en el de manufactura (o de transformación), este porcentaje es del 27-29%, es decir, las probabilidades aumentan. El problema que nos encontramos es que en aquellas industrias que son más intensivas en el uso de recursos naturales, es decir, la industria extractiva, las empresas que declaran una política ambiental tienen un 17% menos de probabilidad de gastar en la protección del medio ambiente que aquéllas que no la tienen”, cuenta Ponce.
¿Qué puede explicar esta diferencia? Para Ponce, son varias las teorías posibles: “considerando que la encuesta es un auto-reporte de las empresas, existe la posibilidad que las empresas esten sub-reportando su inversiones ambientales, esto se podría deber a la forma de clasificar las inversiones que utilizan, por otro lado, siempre existe la opción de que las empresas incurran en lo que se conoce como greenwashing, es decir, declarando un comportamiento pro-ambiental (por medio de una política), pero sin efectuar ningún cambio sustantivo en ese sentido o, al contrario, podrían estar sujetas a un desembolso en términos de costo tan alto, que simplemente les es imposible hacer un esfuerzo de inversión extra en este sentido”.
De hecho, para despejar estas nuevas interrogantes, los investigadores están realizando estimaciones que, en esta ocasión, toman en cuenta el monto del desembolso que tienen estas empresas, “porque más allá de si la empresa hace o no hace algo en términos ambientales, lo importante también es la magnitud del esfuerzo que hace, así que estamos integrando esa variable para saber si cambia en algo el panorama” comenta Ponce. “Con estos resultados preliminares tenemos este primer panorama donde se levanta una banderita amarilla en la industria extractiva que hay que ir a mirar con detalle”.
Cuestión de incentivos
Uno de los principales desafíos a los que se enfrentaron los investigadores fue el pequeño porcentaje de empresas que declaraban prácticas ambientales. “Una muy baja proporción de las empresas declaran una política ambiental, y ejecutan esa política ambiental invirtiendo en la protección del medioambiente” nos revela Ponce. Y las causas de estas cifras son igual de misteriosas. “La literatura nos dice que este tipo de fenómenos son contexto-específicos y, por ende, multicausales” explica el economista.
En este marco, los incentivos son fundamentales, partiendo por el incentivo gubernamental. “Si te van a hacer cumplir una política ambiental que esté orientada a ciertos objetivos, lo importante es que esos objetivos se monitoreen y se cumplan” nos dice. Y, en segundo lugar, también son claves las presiones que puedan venir de los mismos consumidores: “hoy, los consumidores te están castigando por tu comportamiento ambiental. Basta solo recordar el boicot que hubo en 2018 en Inglaterra contra las paltas chilenas, o el que organizo en 2003 la ONG International Rivers contra CMPC en EE. UU. El consumidor está jugando un papel cada vez más importante, en términos de la decisión de comportamiento ambiental de las empresas”.
Hay otros factores que inciden en el comportamiento ambiental de las empresas como, por ejemplo, el tipo de competencia al que se enfrentan. En otro estudio realizado por Ponce, él y su equipo están investigando cómo la competencia informal (es decir, la que contiene actores que no respetan las leyes, no pagan impuestos, o no se atienen a las normas que una empresa establecida sí) afecta en que una empresa adopte prácticas sustentables de producción limpia o no. “Y hemos tenido hallazgos muy interesantes. Por ejemplo, cuando tú tienes mucha competencia informal, a ti te da lo mismo la política ambiental, porque tienes otros problemas mucho más acuciantes (desde el punto de vista económico) a los que atender. Tus esfuerzos están enfocados en sobrevivir en un mercado desigual”.
Es por eso que, para el investigador, las medidas a adoptarse para dirigir la conducta de las empresas hacia los incentivos correctos deben venir no sólo del Estado, sino también de un ejército de consumidores informados: “el Estado no puede tener un inspector en cada planta comprobando que el productor hace lo que dice y dice lo que hace” comenta. “Es el consumidor el que tiene que estar informado sobre qué es lo que implica comprarse una polera de $4.000 en una tienda de renombre. Porque esa polera no llegó a su localidad por arte de magia. Hubo un montón de procesos que tuvieron que suceder para que eso costara $4.000 en vez de $30.000. Emisiones de CO2, abaratamientos en transporte, precariedad laboral, condiciones de trabajo en países subdesarrollados que quién sabe cómo son, etc.”.
Texto: Comunicaciones CAPES
Créditos foto: Ministerio de Medio Ambiente de Chile