Autor: Diego Pozo

Un estudio que contó con la participación del investigador CAPES, Gonzalo Ruz, se valió de los programas de cada candidato convencional elegido para comprender las convergencias y divergencias conceptuales presentes en el organismo que redactará nuestra nueva Carta Magna.

Los debates y análisis acerca del actuar de la Convención Constitucional encargada de redactar una nueva Carta Magna para nuestro país, suelen provenir de juristas, sociólogos y cientistas políticos. Más allá del uso de encuestas y estadísticas para argumentar ciertas posturas, estas indagaciones suelen orientarse más hacia una crítica política que científica de la corporación, y no tienen por objeto necesariamente construir modelos que permitan entender o predecir el comportamiento de las y los convencionales durante la redacción de la nueva Constitución.

De ahí la novedad de un reciente estudio publicado por la revista “Puntos de referencia” del Centro de Estudios Públicos (CEP), que, en un intento por ir más allá de las percepciones subjetivas, recurrió a los datos para dilucidar los marcos conceptuales predominantes al interior de este nuevo poder constituyente.

El estudio, que contó con la participación del investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) y de la Universidad Adolfo Ibáñez, Gonzalo Ruz, analizó los programas presentados por los 155 convencionales constituyentes divididos en cuatro grupos: convencionales de pueblos originarios, convencionales independientes en cupos de partido, convencionales de partido y convencionales independientes. Esto, para explorar los conceptos e ideas presentes en los imaginarios de estos grupos y cómo se relacionan entre sí.

Para ello, los autores emplearon una herramienta de visualización denominada bigram, la cual permite observar una red de términos relacionados a partir de la frecuencia de coocurrencia entre dos términos (el número de veces que aparecen juntos) dentro de un documento.

“Un aspecto relevante en el proceso de escritura de una nueva Constitución dice relación con el significado de conceptos políticos fundamentales dentro de la misma”, nos cuenta Ruz. “En un principio, cada convencional podría tener su propia opinión e interpretación sobre algún concepto, y por lo tanto, durante el proceso de deliberación, se podrían apreciar transformaciones de las semánticas de conceptos importantes que finalmente estructuran el lenguaje social y político que contendrá el debate. Por lo tanto, poder ir analizando esta evolución semántica de los conceptos en que las y los convencionales logran convergencia, de algún modo sirve para ir analizando la construcción de la Constitución”. 

Entre sus resultados, el estudio identificó cuatro grandes nodos semánticos en los programas: uno en torno al concepto de derechos, otro asociado a las expectativas del proceso constitucional, otro que aborda temas socioinstitucionales y uno asociado específicamente a los pueblos originarios y el carácter plurinacional de la república.

Convergencias y divergencias

A partir de estos grandes polos, el equipo se dispuso a encontrar las principales coincidencias y diferencias entre los cuatro grupos de convencionales en estas materias, desmitificando de paso varios prejuicios en torno a su distribución. “Una preocupación común que circula en la discusión pública es que varios de los convencionales no tienen formación en materias constitucionales” comenta Ruz. “Sin embargo, lo que se observa en nuestro análisis es que en todos los grupos la referencia al catálogo de derechos clásicos de la modernidad (civiles, políticos y fundamentales) y a la evolución de esos derechos en el siglo XX no solo está presente en sus programas, sino que es un nodo central desde donde se articulan los demás significados”.

“Del mismo modo”, continua “hay una coincidencia importante entre los convencionales en cuestiones de renovación socio-institucional y el desarrollo de políticas públicas para actores diversos. En ese aspecto, las diferencias se observan en relación con el énfasis en la preocupación por determinados grupos (personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, personas y diversidad de género) o temáticas (medioambiente), y en la denominación “pueblos indígenas” versus “pueblos originarios””. Esto último, explica el académico, refleja diferencias históricas que pueden traducirse en estrategias y alianzas políticas distintas potenciales al interior del colectivo de pueblos originarios y entre este grupo y los demás conglomerados.

Las particularidades de cada red semántica, sin embargo, comienzan a emerger cuando se analizan los programas de cada grupo por separado. Mientras que los convencionales de pueblos originarios centran sus compromisos y expectativas a sus intereses particulares y a su propia autocomprensión como pueblo, en los convencionales independientes en cupos de partido se destacada o una preocupación por los derechos de las personas con discapacidad (también presente en otros colectivos). En otros nodos, aportan con más fuerza a la idea de seguridad social y débilmente al discurso sobre las expectativas constitucionales.

En el caso de los convencionales de partido, estos incorporan al mapa conceptual los derechos civiles, de las personas, culturales y económicos, así como la idea de ejercicio de derechos y la asociación entre derechos y libertades. De esto, arguyen los investigadores, puede derivarse que los programas de los convencionales militantes son centrales para configurar las distintas dimensiones del constitucionalismo clásico y contemporáneo en la práctica de la Convención.

Por último, la red semántica de los convencionales independientes (la más densa y variada de los cuatro grupos), no difieren conceptualmente con la de miembros de partidos, salvo por la aparición de la idea de “reconocimiento de derechos” y de “vida digna” (en el nodo uno y dos respectivamente).

“Recursos naturales” y “cambio climático”

Otro gran tema que fue analizado por los investigadores tuvo relación con el debate ambiental. Allí, Ruz nos explica que “si bien, en la mayoría de los grupos este tema es incluido bajo la noción de “recursos naturales”, en el caso de los convencionales independientes se aprecia la formación de un conjunto de conceptos y asociaciones que relacionan entre si las ideas de cambio climático, protección ambiental, igualdad y participación. La idea de “recursos naturales” remite fundamentalmente a una concepción de la naturaleza como fuente de valor para la sociedad, mientras que la de “cambio climático” la entiende en su vulnerabilidad y de manera más integral, y apunta a ideas como la de los “derechos de la naturaleza” o a formulaciones de pueblos originarios como la “madre tierra”. Esta puede ser una fuente de discrepancias en actitudes en las futuras prácticas políticas de la Convención” apunta.

Para Ruz y el resto de los autores, el estudio de las nuevas prácticas y estructuras institucionales que empiezan a construirse en este especial periodo político del país, debe considerar una exploración detallada de las transformaciones de las semánticas que estructuran el lenguaje social y político. En ese sentido, este trabajo representa “una primera aproximación a la semántica constituyente a través del estudio de los programas presentados por los convencionales”, estudiando los momentos de “creación y cambio constitucional” como momentos de “creación y cambio conceptual”.

Accede al detalle de la investigación en el siguiente enlace.

Texto: Comunicaciones CAPES
Créditos de imagen: Cristina Dorador