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La siguiente editorial fue publicada en el último número de la revista de biodiversidad «Gayana». En ella, el director de CAPES, Dr. Fabián Jaksic, analiza la normativa vigente en torno al traslado y reubicación de especies amenazadas en sitios de proyectos mineros e industriales, y expresa la necesidad de robustecer el seguimiento y evaluación de estos planes.

Tanto las perturbaciones naturales (inundaciones, incendios) como las provocadas por el ser humano (construcción de represas, despeje de suelo, o minería) a menudo exigen que parte de la fauna se desaloje y reubique en otro lugar. Un ejemplo de ello son las operaciones mineras, que producen no solo alteraciones físicas de los suelos y la vegetación, sino también emisión de polvo al aire y a los cursos o cuerpos de agua, lo que interfiere con los humedales y la vida silvestre terrestre, acuática y marina (véase Mauricio Urbina et al.2021. “Políticas extractivistas afectan los ecosistemas de Chile”. Science 373: 1208-1209, 10 septiembre 2021), e incluso con los seres humanos y su ganado. Por no hablar de ruidos, vibraciones y detonaciones, que pueden ahuyentar a la fauna silvestre. Se sobreentiende que los impactos ambientales de la minería son un mal necesario para el desarrollo económico de cualquier país, incluido Chile, que se autoproclama “país minero”. Pero también se concuerda internacionalmente que nuestro país tiene un sólido sistema de evaluación de impacto ambiental que ha funcionado bastante bien durante los últimos 30 años. Aun así, una vez que se autoriza una operación minera en Chile, ella rara vez se paraliza, y mucho menos se termina a mitad de camino. Las únicas excepciones hasta el momento parecen ser el proyecto carbonífero “Invierno” en la Región de Magallanes y el aurífero “Pascua Lama” en la Región de Atacama.

Dado que los impactos pueden ser directos o indirectos, la legislación chilena ha optado por permitir las operaciones mineras si (y solo sí) dichos impactos al medio ambiente son eliminados, mitigados o compensados. En el caso de la fauna en los alrededores de las faenas mineras, el operador típicamente incorpora en su diseño la reducción del polvo, el ruido y los derrames químicos y físicos al ambiente para reducir sus impactos al ambiente, especialmente durante la temporada reproductiva de la fauna. Pero particularmente en las operaciones mineras, existe la necesidad obvia de raspar y mover cantidades voluminosas de suelo y vegetación, llevando así el hábitat de la fauna local a un estado alterado esencialmente irreversible, sin perjuicio del esfuerzo por restaurar el hábitat previamente existente una vez que las faenas mineras hayan finalizado (lo que significa más de una década o incluso un siglo en Chile), y repoblarlo con la fauna y flora originales.

Una práctica común ha sido “rescatar” y reubicar (es decir, desalojar y trasladar) especies animales consideradas de interés de conservación según las normas chilenas. “Rescate” es un eufemismo inapropiado: ¿Alguna especie requiere ser “rescatada” de su hábitat como si hubiera sido golpeada por una fuerza inesperada de la naturaleza, así como una inundación o un incendio? Desalojada es la palabra adecuada; no es que se convenza a los animales para que se vayan, sino que son sacados a la fuerza de su hábitat. Aclarado esto, el simple hecho de desalojar y trasladar a esas especies de interés exige reubicarlas en hábitats hospitalarios, donde tengan acceso a refugio, alimentos, nutrientes y agua; no solo a una superficie del suelo o un volumen de agua que ellos deben colonizar por su cuenta y restablecer sus conexiones comunitarias con las fuentes locales de alimentos, los competidores, parásitos y depredadores.

Tales traslados en Chile generalmente se realizan con publicidad, como si se “rescatara” o “salvara” una determinada especie alejándola de un peligro inminente. Por ejemplo, del aumento del nivel del agua causado por la construcción de represas en los cursos de agua, del despeje del suelo para la construcción de carreteras o de la excavación del terreno para las faenas mineras. Pero el propósito final de tales traslados no es claro. Si se encuentra un hábitat similar donde reubicar una determinada especie “rescatada”, no necesariamente se tiene en cuenta el contexto comunitario al que se enfrentan sus individuos. ¿Existen poblaciones preexistentes con las que tendrán que competir por refugio, alimentos o agua? ¿Hay nuevos parásitos o depredadores a los que temer? Un ejemplo familiar ilustra esta situación: entre los seres humanos, mudarse de casa es uno de los principales factores de estrés en la vida (otros son perder el trabajo o un pariente cercano). Imagínese el impacto en animales siendo capturados y luego liberados en un sitio desconocido, perdiendo todas las formas de organización social (particularmente para especies gregarias, comunales o coloniales como chinchillas, vizcachas y otros mamíferos y aves). Además, algunas especies como pumas y otros gatos monteses, zorros y otros carnívoros, rapaces diurnas y nocturnas, aves carroñeras como cóndores y buitres, e incluso lagartijas y ranas, son territoriales y están dispuestas a enfrentarse por derechos de “propiedad”. Lo que significa que para establecerse en un nuevo territorio, tendrán que luchar con los congéneres residentes que no necesariamente dan la bienvenida a estos recién llegados. Es decir, los “rescatistas” humanos no sólo están estresando a los animales forzados a emigrar sino que también a los desprevenidos residentes. Colóquese en la posición de tener que trasladar a un vecindario de ciudadanos afectados por algún desastre a otro pueblo: ¿simplemente los mete en algún medio de transporte y los libera en otro lugar para que se ocupen de sus necesidades de subsistencia? -si es que sobreviven al viaje y recomponen su modo de vida.

De vuelta al mundo real: recientemente leí una carta al editor de Science dirigida por Jaime Jiménez y colaboradores (“Conservación de la chinchilla versus minería de oro en Chile”. Science 377: 480-481, 29 julio 2022). En ella, Jiménez et al. describían que [mi traducción libre] “La empresa minera está lista para comenzar la extracción, pero la ley chilena prohíbe que los proyectos de desarrollo dañen la biodiversidad local (6). La empresa minera ha propuesto como solución el traslado de las chinchillas, pero sus intentos de reubicar un pequeño número de ellas fracasó (12)” y concluían que “El gobierno de Chile debe seguir acatando las leyes vigentes, que exigen que la viabilidad de los traslados debe ser adecuadamente evaluada y probada antes de que el hábitat de la chinchilla sea destruido por la minería, tanto en este caso como en futuros conflictos entre los objetivos corporativos y la conservación del medio ambiente”. Esta lectura me hizo pensar que el tema de “rescate”, reubicación y monitoreo de la fauna trasladada en Chile requiere un abordaje más cuidadoso, particularmente por parte de ecólogos, veterinarios y zoólogos, actuando como funcionarios gubernamentales, consultores ambientales o ciudadanos preocupados. Revisando la literatura disponible en Chile, encontré el informe de 2014 de Juan Carlos Torres-Mura et al. al Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG): “Guía técnica para implementar medidas de rescate/relocalización y perturbación controlada”, 45 páginas (véase también SAG 2019. “Guía de evaluación ambiental componente fauna silvestre”. Documento Técnico D-RNN-EIA-PR-001, 22 páginas). En el informe de Torres-Mura y colaboradores, además de muchas recomendaciones de manejo, se presenta la propuesta general de monitorear las poblaciones trasladadas por hasta 3 o 4 años para asegurarse de que estén firmemente establecidas y reproduciéndose. Quizás como secuela a este informe, el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEA) emitió dos documentos técnicos: En “Criterios técnicos para la aplicación de la medida de rescate y relocalización” (de agosto de 2021) dispuso que para obtener el permiso contemplado en el artículo 146 letra (a) del RSEIA, el proponente deberá cumplir con ciertas condiciones razonables para el traslado de la población objetivo, pero en ninguna parte se dice que deba ser objeto de seguimiento después de haber sido desalojada y mucho menos por cuánto tiempo. Esto se subsana en un segundo documento (de febrero de 2022): “Criterio de evaluación en el SEIA: criterios técnicos para la aplicación de una perturbación controlada”, que establece que se debe considerar un indicador de éxito (por ejemplo, permanencia o aumento de la población objetivo) y que se debe realizar un seguimiento de al menos dos ciclos reproductivos para permitir una comparación entre años. En pocas palabras, el programa de seguimiento podría abarcar un período tan corto como 12 meses, ya que permitiría comparar la abundancia en el año 1 con la del año 2. ¿Es esto suficiente?

El problema general en todo esto es que los traslados reciben mucha atención cuando parten por alejar a los animales del peligro impuesto por los seres humanos, pero no cuando ellos prosiguen su destino en su nuevo “hogar”. Seguramente, imponer un seguimiento podría proporcionar retroalimentación para perfeccionar los futuros esfuerzos de “rescate” y reubicación. Pero ¿y si el seguimiento muestra que el traslado fue un fracaso y la mayoría o todos los animales murieron? (¿de estrés, hambre, sed, enfermedad, o por competencia o depredación?). También sería bueno saber si sobrevivieron con un margen razonable o aceptable. Pero todavía están por verse los resultados del seguimiento de cualquiera de los esfuerzos de traslado anteriores que han ocurrido en Chile. Pudúes, pumas, otros gatos salvajes, zorros, vizcachas, loros tricahues e incluso ranas y lagartos han sido trasladados durante las últimas tres décadas. Pero esencialmente desconocemos el destino de esas reubicaciones (a modo de excepción, véase Francisco Fontúrbel & Javier Simonetti 2011. Traslados y conflictos entre humanos y carnívoros: ¿solución o creación de problemas? Wildlife Biology 17: 217-224). ¿Están esos resultados (si los hay) analizados y orientando nuevas reubicaciones de especies actualmente amenazadas, como las chinchillas en el norte de Chile? ¿Alguna vez se ha realizado un análisis de riesgo? Si se predice que un traslado probablemente puede tener poco éxito, se rechazará un proyecto minero? ¿O, como de costumbre, los animales serán simplemente filmados cuando sean capturados (= “rescatados”) y luego soltados en un nuevo “hogar”? ¿Como si hubieran sido liberados a una similar o mejor calidad de vida? ¿Cuáles son los planes de contingencia si la reubicación no sale bien? Finalmente, ¿un seguimiento de 12 meses es suficiente para dejarnos tranquilos?

La situación de traslados animales en Chile ya referida arriba es parecida a barrer rápidamente el polvo debajo de una alfombra: una “alfombra” de falta de análisis de riesgos, de seguimiento demasiado breve, de ausencia de medidas adaptativas y en general, de falta de retroalimentaciones y de lecciones aprendidas. El mantra implícito parece ser: “Desalojemos y reubiquemos esos molestos animales y supliquemos por la indiferencia o el olvido de su destino lo más pronto posible”. En mi opinión, este es el monstruo antiestético al que nadie quiere enfrentarse en nuestros esfuerzos nacionales de traslados animales.

Reconozco mis intercambios de correo con Francisco Fontúrbel, James Hall, Jaime Jiménez, Fulgencio Lisón y Juan Carlos Torres-Mura, pero asumo toda la responsabilidad por mis opiniones aquí expresadas.

Texto: Fabián Jaksic, CAPES