Ante un Aula Magna llena, diversos actores del mundo público, académico y de la sociedad civil se reunieron para discutir sobre los avances, deudas y desafíos de la institucionalidad chilena en materia de gestión y conservación de nuestras zonas litorales en el “Seminario Borde Costero”, una actividad organizada por Chile California Council y patrocinada por la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP 25), Resources Legacy Fund, el ministerio de Medio Ambiente y CAPES.
El Seminario, realizado el pasado 9 de agosto en la Casa Central de la Universidad Católica, tuvo por objetivo analizar el estado de protección de nuestro borde costero desde un punto de vista multisectorial y multidisciplinario, de modo de avanzar hacia una legislación integrada de dichos territorios, reservas de biodiversidad seriamente amenazadas por la actividad humana y su falta de regulación.
Las primeras intervenciones vinieron de la mano de Cristián García Huidobro, jefe de la División Jurídica del ministerio de Defensa, y Sebastián Seisdedos, jefe de Patrimonio del ministerio de Bienes Nacionales. El primero detalló el conjunto de leyes y normativas que gobiernan hoy la administración de las zonas costeras y la otorgamiento de permisos y concesiones en dichos territorios. En su exposición, García Huidobro abogó por una política de zonificación que “dé bajada a nuestra Política Nacional de Borde Costero”, argumentando que estos “permiten que todos sepan las reglas del juego a la hora de hacer uso de estos recursos”.
Por su parte, Seisdedos coincidió con García Huidobro en la necesidad, a nivel de Estado y sociedad civil, de tener “una visión actualizada, integral y articulada del territorio costero y su interior, de su política nacional, planificación y gestión», vinculando dicha necesidad con la urgencia de promulgar la Ley de Borde Costero que descansa hoy en el Senado, y cuyas metas son regular el proceso de fijación del Plan Nacional de Borde Costero, incorporar estos ecosistemas al Plan de Ordenamiento Territorial, y establecer un nuevo régimen de concesiones marítimas.
A continuación, Kaitilin Gaffney, de Resources Legacy Fund, contó los pormenores del diseño, creación y aplicación de la Ley de Protección de Vida Marina (Marine Life Protection Act) en el estado de California, normativa cuya implementación comenzó en 2004 para concluir en 2012, con la protección efectiva de todo el borde costero californiano.
«Se sabe que la creación de zonas marinas protegidas permite conservar los ecosistemas marinos y regular efectivamente su supervivencia» explicó Gaffney, añadiendo que toda planificación territorial exitosa debe incluir la participación de las comunidades que habitan en estos territorios. «En los 7 años de vigencia de la ley, hemos visto mejoras en el turismo y comercio pesqueros, en la pesca recreacional, y en la inversión científica para el estudio de los océanos y la vida marina», concluyó.
Diego Urrejola, director ejecutivo de la Fundación Cosmos y miembro de la coalición CostaChile, expuso a continuación acerca de los impactos negativos, tanto ecológicos como sociales, que la desregulación en el borde costero nacional ha causado a lo largo de los años, una realidad que, en un contexto de cambio climático, arguye, puede traer costos serios para la calidad de vida de las comunidades locales.
«En la costa hemos segmentado en predios los terrenos sin tener en cuenta el impacto ecológico de este tipo de medidas (…) Por poner un ejemplo, la costa de Algarrobo retrocede cada año 2.5 metros. ¿Qué va a pasar con las comunidades que allí viven sin las dunas y otros servicios ecosistémicos que ayudaban a regular la crecida del nivel del mar?», postuló. Realizar una gestión que sepa responder a este tipo de preguntas, explicó, es la diferencia “entre gobernar y administrar un territorio”.
En la misma línea, Felipe Paredes, del Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) puso a la gobernanza como el factor esencial que separa una política fracasada en materia de protección de nuestros entornos naturales, de una exitosa. «Muchos de los problemas de pérdida de hábitats y degradación de nuestros ecosistemas marinos pasan simplemente porque no nos ponemos de acuerdo en qué debemos hacer con ellos. De ahí la necesidad de un sistema de gobernanza que articule al sector público, privado y la sociedad civil», argumentó.
Por su parte, Claudia Silva, del ministerio de Medio Ambiente, habló del proyecto de conservación de humedales costeros en la zona centro-sur de Chile, el cual tiene por objetivo crear conciencia sobre el valor de los humedales, recopilando y poniendo a disposición la información, pormenorizada, sobre estos ecosistemas para toda la población: «estamos trabajando sobre áreas que no están protegidas, por lo que es esencial crear conciencia y capacitar a las entidades involucradas en la gestión de estas zonas en la importancia de los humedales costeros».
La ronda de presentaciones concluyó con las intervenciones de Lauría Farías, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, quien habló del trabajo que el comité científico de la próxima COP 25 lleva a cabo ad portas de la cita planetaria (y más allá de ella), así como de la contribución de los océanos en la lucha por la mitigación de los efectos del cambio climático, y de la subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba, quien valoró el trabajo realizado por la comunidad científica en el marco de este encuentro.
El Seminario finalizó con un conversatorio que contó con la presencia de Diego Flores, jefe de Áreas Protegidas del ministerio de Medio Ambiente; Cristián Pérez, de la fundación Global Nomad; Flavia Liberona, de Terram Chile; Juan Ibañez, director del Programa de Sustentabilidad Corporativa de Derecho UC, y Carolina Martínez, del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgos de Desastres (CIGIDEN).
