Francisca Valenzuela, Gepe, Pedropiedra y la actual ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, son algunas de las personas que conforman el proyecto.
En una de las escenas del documental, el investigador CAPES, Rafael Larraín (centro), explica los procesos que ocurren en la tierra al cantante Pedro Piedra (izquierda) y el diseñador Pablo González (derecha). (Crédito: Equipo «Elementos»)
¿Qué ocurre cuando el arte y la ciencia se cruzan para buscar soluciones a la crisis climática y sus efectos en el planeta? Esa es la pregunta que busca resolver el documental Elementos, obra que relata el camino de artistas y representantes del mundo de las ciencias para buscar soluciones sustentables en las raíces de nuestra propia sociedad, y que reúne a figuras de la talla de Francisca Valenzuela, Gepe y Pedropiedra, además de instituciones como el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Universidad Católica (CAPES), el Instituto Milenio SECOS, el Centro de ciencia del Clima y la resiliencia CR2 y el Ministerio de Ciencia.
Luego de una exitosa presentación en el Festival de Cine de vida salvaje y medioambiente de Latinoamérica, Santiago Wild, “Elementos” tendrá su estreno oficial este miércoles 5 de abril, a las 18:15 horas, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
“Elementos es un cruce de saberes entre las artes, las ciencias y los conocimientos ancestrales que nos permiten entender a la naturaleza que nos rodea como un complejo ecosistema interconectado que hay que proteger, principalmente a través del agua, la tierra y el aire. Se trata de una invitación a que nos replanteemos cómo nos vinculamos con el medioambiente y a mantener viva la conversación ambiental para que avancemos hacia los cambios que se necesitan”, explica la directora del proyecto que dio vida a este trabajo, Francisca Boher.
La cantante Francisca Valenzuela, parte del proyecto «Aire». (Créditos: Equipo «Elementos»).
Desde danza hasta biología marina
Junto a la exhibición del documental, de 30 minutos de duración, la instancia contará con una presentación de la ministra del Medioambiente, Maisa Rojas, y concluirá con un conversatorio de parte de las y los protagonistas del proyecto, tales como el doctor en Ciencias Animales Rafael Larraín, el investigador experto en conservación marina Stefan Gelcich, la bailarina Amelia Ibáñez, el artista visual Marcos Sánchez, además de Andrea y Octavio Gana del estudio de arte, luz y sonido Delight Lab.
Además, como parte de esta iniciativa, los artistas Gepe y Francisca Valenzuela lanzarán dos nuevas canciones de su autoría: Gepe presentará “Yenny, Las Cruces”, que cuenta la historia de una mujer del mar que nos enseña acerca del cuidado y valor del agua, el océano y sus recursos y “Aire”, un homenaje a este elemento por parte de Valenzuela. Ambas canciones están disponibles en sus respectivos perfiles de Spotify y el próximo 21 de abril se lanzará “La cadena” de Pedropiedra haciendo alusión al elemento tierra.
Gepe (izquierda) interpretando su nueva canción, que narra la historia de Yenny (derecha), una recolectora de mariscos de Las Cruces. (Crédito: Equipo «Elementos»).
¿Dónde ver «Elementos»?
El documental estará disponible para ser visto en la plataforma Ondamedia de forma gratuita.
Pueden ver adelantos del documental, puedes visitar la cuenta de Instagram @docuelementos o el canal de YouTube del documental.
Un total de 25 iniciativas avanzaron en su tramitación legislativa durante la última legislatura, vigente entre marzo de 2022 y marzo de 2023. Además se despacharon a ley 11 proyectos, el número más alto en una década.
Destacan el término de la tramitación de dos compromisos de gobierno del Presidente Gabriel Boric, aquel que permite el cierre de la Fundición Ventanas y el que adhiere a Chile al Acuerdo de Escazú. También sobresalen el despacho de las mociones “Promueve el Almacenamiento de Energía Eléctrica y la Electromovilidad” y el que “Regula los Biocombustibles Sólidos”. Además, resalta la reactivación, luego de tres años, del proyecto que “Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.
Esta semana se dio a conocer la 17º versión del Reporte Anual de Votaciones Ambientales en el Congreso Nacional, iniciativa del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CAPES UC), que presenta el compendio de los Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental (PLRA) que fueron ingresados al Congreso, ya sea como mensajes del Poder Ejecutivo o mociones parlamentarias, y de aquellos proyectos que fueron sometidos a votación en alguna de las cámaras durante la legislatura recién pasada (Legislatura nº 370, vigente entre el 11 de marzo de 2022 y el 10 de marzo de 2023).
El informe constata un récord en el trabajo legislativo en temas ambientales durante el periodo, en el cual se sometió a votación un total de 25 proyectos, los que avanzaron en su camino para convertirse en ley. Esto representa 1 iniciativa de ley más que la legislatura inmediatamente anterior. Entre las categorías de relevancia ambiental de los proyectos con tramitación activa (votados), se destaca institucionalidad y gestión ambiental (8 proyectos de ley), biodiversidad (5), pesca y acuicultura (5), energía (3), agua (2), minería (1) y paisaje y territorio (1).
Asimismo, el Congreso terminó la tramitación de 11 proyectos, el número más alto de iniciativas despachadas a ley desde el año 2012 (legislatura nº 360) y sumando tres más que el periodo pasado. Entre los proyectos terminados destacan el PLRA que permite el cierre de la Fundición Ventanas y el proyecto de acuerdo que adhiere a Chile al Acuerdo de Escazú, ambos compromisos de gobierno del Presidente Gabriel Boric. También se constituye como un hito el despacho a ley del proyecto que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (ex TPP11); el proyecto de regula los biocombustibles sólidos (el primero que regula el uso de leña y derivados); el proyecto que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad; el que regula la actividad apícola -tras ocho años de tramitación- y el proyecto que sanciona los escapes de salmones desde centros de cultivos.
“El Congreso Nacional cierra un año legislativo, sin duda, intenso en términos de actividad legislativa de relevancia ambiental. Nuestros datos muestran un aumento consistente en el tiempo en términos no sólo de la cantidad, sino también de la diversidad de los temas de relevancia ambiental que aborda el Congreso y, en particular, una creciente publicación de leyes de origen parlamentario, lo que sin duda refleja la creciente preocupación de la ciudadanía en estos temas”, explica la Dra. Francisca Reyes-Mendy, directora del Proyecto Votaciones Ambientales e investigadora de CAPES UC.
Otras cifras relevantes
El Proyecto Votaciones Ambientales busca aumentar la transparencia y el acceso a la información del trabajo parlamentario en materia ambiental, a través del seguimiento de la tramitación de leyes de relevancia ambiental y la publicidad de las votaciones de las y los parlamentarios, con el fin de visibilizar y valorar el trabajo legislativo en estas materias y así promover la participación de todos quienes puedan aportar con evidencia y conocimiento al proceso de formación de la ley.
Entre otras cifras relevantes del Reporte 2023 de Votaciones Ambientales, también se constata un récord en proyectos de relevancia ambiental que fueron ingresados a la Cámara o al Senado durante la legislatura 370, con 49 iniciativas de ley, siete más que en periodo anterior. De ellos, tres tienen un origen en un mensaje presidencial, y el resto son mociones parlamentarias.
Por otro lado, de entre los PLRA que fueron sometidos a votación en alguna de las dos Cámaras del Congreso, destaca el avance del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (también conocido por sus siglas SBAP), luego de más de tres años sin actividad, a nueve de haber sido ingresado y a 12 años del primer proyecto de ley que pretendía regular esta materia. Con esta votación, la iniciativa pasó a tercer trámite en el Senado.
Tal como afirma la Dra. Reyes-Mendy, “esta votación es un gran y valioso avance. Sin desconocer el compromiso y aporte que cada uno de los gobiernos anteriores realizó para el progreso de esta iniciativa, será muy importante que el proyecto de ley sea prontamente aprobado para que el gobierno del Presidente Boric logre iniciar, durante su mandato, su implementación”.
Compromisos presidenciales abordados
El Reporte Anual 2023 de Votaciones Ambientales también incluye un análisis de los PLRA con tramitación activa en el Congreso que se relacionan o dan respuesta a distintos compromisos de campaña, establecidos en el Programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, o a iniciativas comprometidas en su Cuenta Pública de 2022. Así, se contabilizaron 20 compromisos presidenciales relacionados a alguno de los proyectos votados, de un total de 81.
La mayor cantidad de compromisos abordados tuvieron relación con energía respondiendo a siete de ocho promesas y con distintos proyectos de ley votados en Sala. Entre los proyectos se encuentran el que regula los biocombustibles sólidos y el proyecto que promueve la generación de energía Renovable. En biodiversidad se abordaron cuatro de ocho compromisos, resaltando, además del proyecto SBAP, el que busca agregar mecanismos de participación en las solicitudes de reconocimiento de humedal urbano; el que impide la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares y el que permite la protección ambiental de las turberas. En pesca y acuicultura se abordaron dos de cuatro compromisos ambientales, destacando aquel que declara la nulidad de la Ley de Pesca, y el que sanciona los escapes de salmones desde centros de cultivo.
Al respecto, la Dra. Reyes-Mendy afirma: “Considerando que el gobierno del Presidente Boric comienza su segundo año de mandato, es importante recordar que, si bien a la fecha el Ejecutivo ha ingresado tres proyectos de ley de relevancia ambiental, hay importantes compromisos de campaña que están pendientes de abordarse en el Congreso. Entre estos, los que dan respuesta legislativa a los compromisos de ‘crear una ley de protección a las semillas ancestrales y patrimonio genético’; de proponer ‘modificaciones de las leyes N°20.380 sobre protección a los animales y N°20.962 que aplica la Convención CITES’; de iniciar una ‘reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que fortalezca la participación de las comunidades y reconozca la vocación y características del territorio’, o la presentación de una ‘Ley Marco de Economía Circular y Gestión de Residuos’, entre otros.”
Finalmente, el reporte revisa el comportamiento parlamentario en materia legislativa ambiental, realizando el seguimiento sobre cómo votó cada uno de los Diputados (as) y Senadores (as) en los Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental que avanzaron en su tramitación.
Votaciones Ambientales es una iniciativa financiada por el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES UC, ANID PIA/BASAL FB0002 y dirigida por la Dra. Francisca Reyes-Mendy, académica del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile, e investigadora de CAPES UC y del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS).
El libro, realizado por académicos de la Universidad Católica, CAPES, el Observatorio de la Costa, Instituto Milenio SECOS y CIGIDEN, se dio a conocer en el seminario internacional «Ley de Costas para una nueva gobernanza costera en Chile”, evento que celebró el ingreso al Senado de la Ley de Costas.
Aunque hasta hace una década la erosión no era considerada un problema en Chile, el cambio climático, las marejadas y los desastres de origen natural se han sumado a la intervención humana en los paisajes costeros, confluyendo para generar un escenario preocupante.
En ese contexto, durante el seminario internacional «Ley de Costas para una nueva gobernanza costera en Chile”, realizado en el Ex-Congreso Nacional, se dio a conocer el GeoLibro “Hacia una Ley de Costas en Chile: bases para una Gestión integrada de Áreas Litorales”. El texto fue elaborado por diversos científicos y científicas del Observatorio de la Costa, el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile; el Centro de Investigación para la Gestión integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN) y el Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS). Entre ellos, el también investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES), Sergio Navarrete.
“En Chile tenemos suficiente evidencia científica para poder generar una visión integrada de cómo funciona nuestra costa, pero necesitamos integrarla a las políticas públicas. Este libro documenta cómo la costa de nuestro país ha cambiado en los últimos 50 años y esperamos que sea un apoyo para sentar las bases de la propuesta de Ley de Costas”, señala Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa, académica de Geografía UC e investigadora SECOS y CIGIDEN, quien ha liderado la visión científica de la Ley de Costas.
El documento compila a través de 28 capítulos escritos por diversas personas de las ciencias y especialistas, las bases físicas, normativas e institucionales de la costa chilena y describe cómo ha cambiado durante las tres últimas décadas. Estas bases se centran en la gestión integrada, conocimiento físico, socioeconómico, ambiental y cultural, el entendimiento de las amenazas, riesgos y desastres, la influencia del cambio climático, la normativa, institucionalidad y gobernanza, protección de ecosistemas, ordenamiento territorial y los conflictos y desafíos para la gobernanza.
“Este GEOLibro, es un esfuerzo académico motivado por aportar desde la interdisciplina y transdisciplina, a una problemática compleja que, si bien nos muestra un desolador diagnóstico, nos presenta también oportunidades de cambio para generar actuaciones de recuperación, restauración o reconstrucción del espacio costero, utilizando diferentes instrumentos o recursos de gestión. Para ello, será necesario una colaboración más amplia de todos los sectores de la sociedad y una voluntad política de cambio, aspectos que serán claves para este viaje hacia la sostenibilidad. Creemos decididamente que esto es posible, trabajando en el diálogo y la cooperación”, señalan los editores del documento: Carolina Martínez (Geografía UC, SECOS, CIGIDEN), Rodrigo Cienfuegos (CIGIDEN e Ingeniería UC), Juan Manuel Barragán (Universidad de Cádiz), Rodrigo Hidalgo (Geografía UC), Federico Arenas (Geografía UC) y Luis Fuentes (Geografía UC), y Navarrete (ECIM UC, SECOS y CAPES)
El texto, que incluye un análisis de 66 playas entre Arica y Chiloé, tiene como objetivo la transformación sostenible fundamentada en ciencia, participación, diálogo y colaboración entre sus distintos actores y ámbitos.
“Muchos han sostenido que las ciudades viven de espalda al mar. Hoy, la falta de ordenamiento territorial en la costa es una visión de arrastre, que ya nos está pasando la cuenta”, dijo el senador Alfonso de Urresti durante el lanzamiento en el Ex-Congreso Nacional, quien además es uno de los autores del proyecto de Ley de Costas.
En ese sentido, este libro blanco de la Ley de Costas para Chile, espera promover espacios de diálogo, reflexión y acción, frente a problemáticas urgentes de resolver sobre sostenibilidad de los espacios marino-costeros, la justicia ambiental, la equidad y vulnerabilidad social, la adaptación al cambio climático y el desarrollo humano en general.
Un estudio con datos de 194 países publicado en la revista Nature Food, revela que barreras sociales, políticas y económicas impiden que más países, comunidades y personas se beneficien de los sistemas alimentarios acuáticos. Para el grupo de autores, millones de personas no están recibiendo los múltiples beneficios tanto nutricionales, como de los $424 billones de dólares producidos por este sistema alimentario a nivel global. Una perspectiva de equidad, género e inclusión en las políticas públicas podría reducir las brechas.
Los alimentos marinos y de agua dulce, también llamados alimentos azules, son una fuente vital de ingresos y micronutrientes, que sustentan los medios de vida de hasta 800 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, un nuevo e innovador estudio realizado en 194 países ha revelado que, a pesar de generar más de 424.000 millones de dólares a nivel global, los beneficios del sector de los alimentos acuáticos se distribuyen de forma desigual, e incluso, contribuyen directamente a las injusticias existentes.
Los autores del estudio piden que se tomen medidas urgentes para garantizar que las personas, comunidades y países más marginados tengan más oportunidades de beneficiarse de los alimentos acuáticos en términos de comercio, ingresos y nutrición.
«Las crisis actuales -desde los conflictos hasta las pandemias- no han hecho más que exacerbar las desigualdades mundiales, y los sistemas alimentarios azules son más vulnerables que nunca», afirma la profesora Christina Hicks, del Centro Medioambiental de Lancaster en la Universidad de Lancaster y autora principal del estudio.
«Sin embargo, con acceso y derechos más justos, los alimentos azules también presentan la oportunidad de nivelar las condiciones, permitiendo que más personas participen y se beneficien de este rico y diverso sector».
La investigación titulada «Rights and representation support justice across aquatic food systems» (Los derechos y la representación apoyan la justicia en los sistemas alimentarios acuáticos), uno de siete artículos científicos producidos por el grupo internacional de científicos y científicas de la Evaluación de los Alimentos Azules (BFA) y que se acaba de publicar en la revista Nature Food, concluye que el sector de los alimentos acuáticos aporta tanto beneficios basados en el bienestar, en forma de puestos de trabajo y nutrición asequible, como beneficios basados en la prosperidad, en forma de ingresos generados por el aumento de la producción, el comercio y el consumo.
Sin embargo, barreras sociales, económicas y políticas, hacen que los países más necesitados de beneficios basados en el bienestar, tiendan a quedar excluidos de los beneficios que generan riqueza, limitando su potencial de crecimiento.
El equipo de autores, entre expertos en ciencias naturales, sociales y de la salud, destacó además una tensión entre ambos tipos de beneficio, en el que la búsqueda de los beneficios de la riqueza corre el riesgo de socavar los beneficios vitales para el bienestar humano de los alimentos acuáticos, incluido el empleo y la nutrición.
Por ejemplo, en algunos países el crecimiento económico impulsado por las exportaciones podría socavar los puestos de trabajo y la calidad nutricional de la pesca, además de afectar negativamente al sistema alimentario acuático.
En muchos países, se constató que las barreras sociales, económicas y políticas impiden que estos beneficios se distribuyan a la población de forma más equitativa. Por ejemplo, los países de menores ingresos producen y consumen menos alimentos acuáticos, a pesar de emplear a más personas.
Inclusión y género para más justicia alimentaria
El estudio, también descubrió que las políticas a menudo no tienen en cuenta las limitaciones relacionadas con el género, a pesar de la evidencia de que una mayor igualdad para las mujeres apoyaba una alimentación más asequible y podría reducir el número de personas con inseguridad alimentaria en un 17%.
«Aunque 45 millones de las personas que participan directamente en la industria de los alimentos de origen acuático son mujeres, y la mayoría de ellas se dedican a la transformación y venta de productos de la pesca, las políticas no suelen tener en cuenta las limitaciones relacionadas con el género, lo que repercute en los ingresos y el consumo de los hogares», afirma la profesora Nitya Rao, Directora del Instituto Norwich para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de East Anglia y coautora del trabajo.
La investigación sugiere que las políticas basadas en los principios de justicia y derechos humanos, con procesos de toma de decisiones inclusivos que tengan en cuenta los factores de injusticia, podrían impulsar resultados más justos para los sistemas alimentarios acuáticos.
«Los alimentos marinos y sistemas alimentarios acuáticos generan enormes ingresos económicos, a la vez que contienen grandes concentraciones de micronutrientes, que son absolutamente esenciales para la salud y el bienestar de millones de personas. Sin embargo, nuestro estudio muestra que el sistema actual no distribuye equitativamente los beneficios de estos recursos, e identifica las múltiples barreras que hay que superar», añade la profesora Hicks.
«Este es un paso crucial para garantizar un equilibrio equitativo entre los beneficios del bienestar y los de la riqueza (ingresos), como también entre las naciones, lo que es fundamental para garantizar que estos alimentos puedan abordar la desnutrición y la pobreza de millones de personas en todo el mundo», agrega.
Por su parte, Stefan Gelcich, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas UC, investigador CAPES y director del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS), afirma que es necesario reconocer también la diversidad de actores, actividades y productos de la pesca y acuicultura de pequeña escala, que contribuya a un mejor acceso a estos alimentos y a los beneficios que conlleva.
“Tenemos ejemplos de políticas y regulaciones que en Chile han reconocido a pescadores artesanales, mujeres en sus actividades conexas, buzos y recolectoras de orilla en sus oficios, un paso importante para poner en valor sus actividades. Pero también necesitamos avanzar con más fuerza en criterios de equidad de las múltiples pesquerías del país, tanto desde la perspectiva distributiva de los recursos y beneficios, como de la representación de sus actores y de los procedimientos en su co-manejo», refuerza Gelcich, el único coautor chileno de la investigación.
Finalmente, el estudio pide que se adopten políticas adecuadas para garantizar que los beneficios de la producción, el consumo y el comercio de alimentos acuáticos puedan ser accesibles para todos.
Este lunes 24 de octubre, el Dr. Stefan Gelcich, biólogo marino y académico de la Facultad de Ciencias Biológicas UC, recibió de manera oficial en la Universidad de Miami (EEUU), el prestigioso Premio Rosenstiel en Ciencias Oceanográficas, convirtiéndose en el primer chileno y el segundo latinoamericano en obtenerlo.
El Dr. Gelcich (derecha) recibiendo el premio de manos de Dr. Roni Avissar, Escuela Rosenstiel de Ciencia Marina, Atmosférica y Terrestre de la Universidad de Miami.
“Es un gran honor para mí recibir esta distinción, que destaca varios años de investigación y mucho trabajo, ha sido una grata sorpresa el recibimiento de mis colegas acá en EE.UU.”, comentó el profesor Stefan Gelcich durante la entrega oficial del premio Rosenstiel, otorgado al académico en 2020 y que, por razones asociadas a la pandemia de COVID, no pudo ser entregado sino hasta ayer en la tarde en la Universidad de Miami.
Este premio es una instancia creada en 1971 que honra a investigadores que en la última década han tenido un impacto significativo y creciente en su campo de estudio.
Gelcich, biólogo marino de la Universidad Católica del Norte y doctor en Manejo de Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Gales (UK), ha publicado más de un centenar de artículos en revistas internacionales de alto impacto, en temáticas transversales que abordan las ciencias sociales, naturales y socioeconómicas.
Desde inicios de su carrera, se ha centrado en el estudio de la interacción entre sistemas ecológicos y sociales en zonas costeras, la conservación y manejo sustentable de recursos marinos, y el análisis de políticas públicas orientadas al manejo de recursos naturales.
Actual director del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS)e investigador del centro CAPES, Gelcich fue reconocido por sus análisis de los sistemas de derechos exclusivos otorgados a pescadores artesanales, de los sistemas de co-manejo de pesquerías y recursos marinos y por sus avances en el conocimiento, teoría y métodos para el estudio de los sistemas socio-ecológicos con foco en las zonas costeras.
“Este esfuerzo de avanzar en un estudio interdisciplinario que integre los sistemas ecológicos y sociales, reconoce la labor que tanto personalmente como con otros colegas y también con las comunidades con las que he trabajado hemos empujado, para contribuir a la sostenibilidad de las zonas costeras desde una perspectiva biológica y humana de pequeña escala” señaló.
Desde SECOS, Gelcich explica que busca profundizar en el estudio de estos sistemas socio-ecológicos costeros en el mediano y largo plazo. “Tenemos un equipo contundente de trabajo donde nos propusimos la co-producción de conocimientos y soluciones para la sostenibilidad, donde sumamos la investigación y la vinculación con organizaciones sociales y entidades públicas, que aportan saberes tradicionales y burocráticos, necesarios para responder preguntas complejas sobre la costa y su futuro”, explica Gelcich.
Al respecto, una de sus últimas investigaciones, publicada recientemente en la revista Nature Food, aborda la necesidad de avanzar en justicia y equidad en torno a la explotación de recursos marinos y el mejor y más justo provecho de sus beneficios.
“Es un gran desafío avanzar en justicia y equidad respecto a las pesquerías, explica, para ello debemos reconocer la diversidad de actores, actividades y productos de la pesca y acuicultura de pequeña escala, pues necesitamos que estas acciones contribuyan a un mejor acceso a estos alimentos y a los beneficios que conllevan para la dieta de millones de personas en el mundo y por supuesto en Chile” añadió.
También co-fundador de la Fundación Capital Azul, el académico chileno recibió el galardón de parte del decano de la Escuela Rosenstiel de Ciencia Marina, Atmosférica y Terrestre de la Universidad de Miami, Dr. Roni Avissar, en una ceremonia solemne que tuvo lugar este lunes desde las 18:30 hora local.
El Premio Rosenstiel, ha recaído en investigadores como Klaus Wyrtki, conocido por su estudios y predicciones en torno a la corriente de El Niño; Pete Mumby, ecólogo reconocido por sus aportes a las políticas de conservación marina; y James E. Lovelock, meteorólogo y ambientalista, conocido como el principal impulsor de la “Hipótesis Gaia”.
Texto: Comunicaciones SECOS y CAPES Fotos: Universidad de Miami
El pasado 1 de julio, 24 jefes de Estado concluyeron su participación en la segunda versión de la Conferencia de la ONU sobre los Océanos —originalmente planeada para 2020, pero celebrada este año en Portugal— con una declaración donde reconocieron el “fracaso colectivo” que significó el no haber alcanzado las metas para la protección de los océanos contenidas, y comprometidas, en el Objetivo número 14 de la Agenda 2030 Sobre Desarrollo Sostenible.
Entre estas metas, estaban el gestionar y proteger los ecosistemas oceánicos y costeros para el año 2020; reglamentar, para ese mismo año, la explotación pesquera; reestablecer, al menos al punto de su sostenibilidad, las poblaciones de peces diezmadas por estas prácticas, y resguardar, como mínimo, el 10% de todas las zonas costeras y marinas del mundo.
La llamada “Declaración de Lisboa” también incluyó la siguiente confesión por parte de los mandatarios: “estamos profundamente alarmados por la emergencia global que afecta a los océanos. Los niveles del mar están en aumento, la erosión costera empeora, y el océano se vuelve cada vez más cálido y ácido. La contaminación marina crece a un ritmo alarmante, un tercio de las reservas de peces son sobrexplotadas, la biodiversidad marina continúa decreciendo y aproximadamente la mitad de los corales del mundo se han perdido, mientras que especies exóticas invasoras presentan una amenaza significativa a los ecosistemas y recursos marinos”.
Estas palabras, las últimas en una serie de declaraciones cuyo carácter catastrófico suele repetirse cada vez que se suscitan este tipo de conferencias, no son más que ecos de lo que buena parte de la comunidad científica lleva años informando, los riesgos de un escenario que, de continuar, no sólo afectará irremediablemente la vida en estos ecosistemas marinos, sino que también supondrá la pérdida de una fuente de alimentos fundamental para millones de personas hoy, y para toda la humanidad, en el futuro.
Así lo corroboró al menos un grupo de investigadores internacionales en un trabajo recientemente publicado en la revista Global Food Security, donde delinearon un conjunto de medidas “imperativas” para asegurar que los alimentos provenientes de ecosistemas marinos y de agua dulce, también conocidos como “alimentos azules”, sirvan a futuro como una fuente de nutrientes sostenible para una población mundial en constante crecimiento.
Un océano de oportunidades
“Los alimentos azules juegan un rol central en la seguridad alimentaria y nutricional de billones de personas, y se volverán mucho más importantes a medida que el mundo busque crear sistemas alimentarios justos que soporten la salud de los humanos y del planeta”, afirman en su trabajo.
Esto, en primer lugar, porque los alimentos de origen acuático son increíblemente diversos: más de 2.500 especies de animales, plantas y algas son parte de la dieta humana diaria, aportando micronutrientes vitales para prevenir eventos como la mortalidad materna e infantil, problemas de crecimiento y déficits cognitivos durante la formación temprana. Suponen, además, una fuente de proteínas y grasas magras más sana que aquella proveniente de la ganadería terrestre, ayudando a reducir el riesgo de obesidad y de otras enfermedades no transmisibles.
Para el medio ambiente, de hecho, este tipo de alimentos también parecen ser una alternativa real y ecológicamente viable: “los alimentos azules suelen tener huellas ambientales más pequeñas que otras fuentes de comida animal”, comentan los autores, aunque son cautos en reparar que, en este caso, “los detalles importan, pues las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos sobre la vida silvestre pueden llegar a ser bastante altos en el caso de sistemas como el de la pesca de arrastre o sistemas acuícolas pobremente regulados”.
Pese a sus múltiples beneficios, los alimentos azules siguen siendo escasamente considerados en el diseño de sistemas alimentarios sostenibles y resilientes alrededor del mundo, aun cuando expertos y expertas de todos los rincones del globo han abogado por la necesidad de diversificar estos sistemas.
Para Stefan Gelcich, investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES, y uno de los autores de este trabajo, esto se debe a que “los alimentos azules han sido vistos desde la perspectiva económica de los recursos naturales, pesqueros o acuícolas”, por ende, la atención sobre ellos se ha centrado en el potencial meramente productivo que ofrecen, su rol en el PIB o en exportaciones. “El cambio importante, es que se consideren como partes integrales de sistemas alimentarios sostenibles y equitativos” agrega.
Para alcanzar esa integración, no obstante, los tomadores de decisión deben antes superar múltiples desafíos. “Las pesquerías silvestres tanto marinas como de agua dulce necesitan ser mejor valoradas y reconstruidas” comentan los investigadores, “en tanto muchas reservas de peces han sido severamente agotadas y algunas de sus tecnologías poseen altas huellas medioambientales”.
A estas amenazas, se suman estresores ambientales como los enumerados por los autores de la Declaración de Lisboa, la inequidad económica, étnica y de género de la que adolecen hoy estos sistemas alimentarios, y la opacidad que existe hoy a la hora de fiscalizar buena parte del comercio y distribución de estos alimentos, impidiendo tanto a las autoridades como a los consumidores detectar los impactos ambientales y las violaciones a los derechos humanos en que incurren sus proveedores.
Atendiendo a estos desafíos, y basados en un informe presentado en 2021 por estos mismos investigadores como parte de una iniciativa internacional que buscó evaluar el estado actual de los océanos del mundo, el trabajo también enumera algunas de las políticas más urgentes a implementar por gobiernos y tomadores de decisión encargados de modelar y gestionar los sistemas de producción y distribución de alimentos.
“La demanda por alimentos marinos ha incrementado, y se proyecta que lo seguirá haciendo” explica Gelcich, también académico de la Universidad Católica de Chile y director del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera, SECOS. “En este sentido el desafío es poder avanzar hacia una pesca sostenible, apoyando al sector pesquero artesanal, y apuntando hacia sistemas de gobernanza que incorporen una visión donde las dimensiones socio-ecológicas de los sistemas alimentarios jueguen un rol importante”.
Es así como, en su trabajo, Gelcich y el resto de los autores definen tres ejes esenciales por los cuales políticas alimentarias de productos acuáticos a nivel nacional o global debiera orientarse: 1) la integración de los alimentos azules a los procesos de toma de decisión de políticas, programas e inversiones, de modo de permitir un manejo efectivo de su producción, consumo y comercio justo[DS1] ; 2) entender, proteger y desarrollar el potencial de los alimentos azules para terminar con la malnutrición mundial, promoviendo la producción de alimentos accesibles, asequibles y nutritivos, y 3) apoyar el rol central de los actores de pequeña escala dentro de estos sistemas, generando planes y presupuestos que respondan a sus necesidades, circunstancias y oportunidades diversas.
En el trabajo, los autores detallan las distintas dimensiones de estos ejes, indicando los problemas asociados a cada uno de ellos y el tipo de políticas orientadas a su correcta atención y solución.
El caso de Chile
¿Y qué pasa con Chile y sus 6.435 kilómetros de costa? Gelcich cuenta que, pese al rol central que juega el mar en la vida y destino de nuestro país, su situación en el panorama global no es muy distinta a la de la mayoría de las regiones del globo. “En Chile la situación es parecida” cuenta, “estamos dentro de los 10 países que producen más alimentos del mar, pero los hemos estado comprendiendo esencialmente como recursos económicos. El comenzar a comprender a la pesca y acuicultura como un sistema alimentario es importante para avanzar hacia una visión más equitativa en la distribución de los beneficios tanto económicos, sociales y nutricionales que otorgan estos alimentos”.
Las señales, al menos, están apuntando a esta comprensión. En otra reunión de líderes mundiales celebrada en junio, esta vez la versión 2022 de la Cumbre de las Américas, Chile impulsó y concretó la creación de la “Coalición América por la protección del Océano”, integrada por otros siete países de la región (Canadá, EE.UU., Costa Rica, México, Panamá, Colombia y Perú) y la cual busca generar espacios de colaboración, cooperación y coordinación a nivel político sobre Áreas Marinas Protegidas de todo el continente y conservación del océano. Mientras tanto, en la misma Declaración de Lisboa, los jefes de Estado firmantes comprometieron más de 1.000 millones de dólares para la creación, ampliación y gestión de áreas marinas protegidas y la conservación de los océanos.
Es de esperar que algunos de estos esfuerzos también apunten al aseguramiento del potencial de estos mismos océanos para alimentarnos de una manera sana, segura, y sustentable.
La cientista política, doctora en relaciones internacionales, es investigadora en CAPES, el Instituto Milenio SECOS y académica del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la UC. Su campo de estudio siempre ha estado ligado a la interdisciplina, reuniendo equipos de diversos profesionales para investigar los procesos de toma de decisiones en problemas complejos y multidimensionales como los de temática ambiental.
Francisca Reyes Mendy es una persona que siente que ha abrazado la interdisciplina desde que era niña, recuerda que “hice el científico-físico en el colegio, pero además me gustaban las matemáticas, la historia, la economía. Estudié en la Alianza Francesa y un año vino una delegación del Instituto de Estudios Políticos de París, que es el lugar donde estudian todos los presidentes de Francia, y nos contaron qué era lo que se estudiaba allá, justamente una mezcla entre economía, historia, filosofía, geografía, y yo que no sabía qué estudiar dije, ‘esta es la mía’ porque no tengo que decidirme, puedo estudiar de todo, y partí a Francia”.
Volvió a titularse en Ciencia Política en la Universidad Católica y posteriormente hizo el máster y el doctorado en Relaciones Internacionales en la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts, “que es la Escuela más antigua de Relaciones Internacionales en Estados Unidos y se caracteriza por dos cosas, una altísima tasa de estudiantes extranjeros y que tiene 16 áreas de estudios de las cuáles tú libremente eliges 3 para doctorarte, entonces, de nuevo, no estaba obligada a elegir una sola área”, indica Francisca Reyes, que terminó especializándose en organizaciones internacionales, negociación y mediación internacional y política ambiental global.
Aunque su título es de Cientista Política, Francisca se siente más bien una internacionalista, “mi abuelo materno era inmigrante, llegó de Francia a los 20 años a Chile, y mi abuelo paterno había hecho una parte muy importante de su carrera profesional en el exterior, como observador militar de las Naciones Unidas en el conflicto India-Pakistán y luego como representante militar de Chile en Brasil, y mi papá había seguido sus pasos teniendo una carrera internacional en el área de la minería. Entonces, lo que se respiraba en mi casa era, no sólo esta apertura al mundo, sino también una genuina curiosidad e interés por lo que pasaba más allá de tu espacio vital”.
Los temas ambientales
Su primer trabajo fue en la Unidad de Asuntos Internacionales y del Medio Ambiente, de la Comisión Chilena del Cobre, COCHILCO, y el tema era una de las guías técnicas de la Organización Mundial de la Salud que modificaba la concentración de cobre permitida en el agua potable, lo que implicaba que Chile arriesgaba dejar de producir cañerías de cobre. “El Presidente de esa época determinó la creación de una Comisión Técnica Asesora Presidencial y citó a un conjunto de personas, incluyendo a científicos, personas de la industria y nosotros desde el gobierno”, recuerda Francisca Reyes, “esta gran mesa de trabajo fue generando, por un lado, ciencia y entendimiento de cuál era el rol del cobre en el organismo humano, y por otro significó entrar de lleno en el ámbito de las negociaciones internacionales, el impacto a nivel nacional de lo que sucede a nivel global y por supuesto, también ingresé a un área que tiene un componente ambiental muy importante como es la minería”.
Otro paso importante para entender estos temas fue su doctorado en Estados Unidos. Su director de tesis, fue el profesor William Moomaw, físico del MIT, quien comenzó a trabajar como asesor científico de un congresista, “él se dio cuenta, a pesar de ser físico, que «it´s all about politics», menciona Reyes, “y yo entendí que los problemas que enfrentamos no son problemas de la naturaleza, si no que de quién y cómo se toman las decisiones, y así pude unir mi formación de origen, la ciencia política, que estudia fundamentalmente las instituciones, los procesos de toma de decisión, los modelos de gobernanza, con este tema que recientemente capturaba mi interés y que tenía que ver con los desafíos ambientales y de sustentabilidad”.
Ya de vuelta en Chile y habiendo participado y ganado un concurso internacional, comenzó a hacer clases en la Universidad Católica en 2004, “en esa época todavía no se hablaba tan profusamente de los temas ambientales y tuve el tremendo desafío de salir más allá de mi disciplina de origen y de mi unidad académica y empecé a conversar con un grupo de profesores que más tarde formamos el grupo GAMA”. Ahí conoció a destacados científicos como Fabián Jaksic, Luis Abdón Cifuentes, Jonathan Barton, Ricardo Irarrázabal, Cristián Henríquez, Federico Arenas, Sonia Reyes, Rodrigo Arriagada y Óscar Melo, y los invitó a participar en el proyecto «Votaciones Ambientales en el Congreso Nacional».
La interdisciplina
Francisca rememora que “nos juntamos a trabajar con estos profesores y empezamos un camino de aprender primero la interdisciplina, y segundo un camino de aprender de la visión que tenía un grupo de profesores que son todos atípicos y tremendamente interesantes”.
En esta travesía por la interdisciplina, Francisca Reyes reconoce a Fabián Jaksic (director de CAPES) y a Stefan Gelcich (director de SECOS) como su mentor y colega respectivamente. Cuenta que “Fabián me contactó con Stefan, él probablemente vio con mucho más claridad lo fecunda que podía ser la unión de saberes y de visiones. Fabián además hace como una mentoría intangible, porque no es que él te diga qué tienes que hacer, pero te pone en lugares y en situaciones que permiten que tú puedas florecer. Además, una de las características que tienen tanto Fabián como Stefan, es que son intrínsecamente curiosos. Curiosos intelectualmente de lo que no saben, de lo que les interesa más allá de sus fronteras disciplinares”.
“Después de 20 años de trabajo en la universidad tengo la convicción de que no hay ningún problema público que pueda ser abordado desde una visión monodisciplinar, creo que la complejidad de los problemas actuales, en cualquier área, no solo los temas ambientales, impone que haya una visión y un trabajo colaborativo desde distintas disciplinas y con distintos enfoques metodológicos también”, afirma Reyes Mendy.
Votaciones Ambientales
La tesis doctoral de Reyes fue sobre democracia deliberativa y el rol de la transparencia, del acceso a la información y de la rendición de cuentas inciden en la capacidad que tienen los países en comprometerse en temas ambientales. “Cuando llegué a Chile, dije, yo quiero saber cómo votan los parlamentarios en los temas ambientales y pensé que iba a ser fácil, pero no, era otra época”, reflexiona la investigadora, “de hecho era previo a la ley de transparencia, nadie sabía cómo votaban los parlamentarios, en ningún tema, porque no existía la obligación de las votaciones nominales y además no había sistemas de actas online, las votaciones eran a mano alzada, por unanimidad o mayoría de los presentes”.
Esta fue la primera dificultad, la segunda fue más conceptual y tenía que ver con definir cuáles eran los proyectos de relevancia ambiental. “Me di cuenta que no era llegar y tomar por ejemplo, todo lo que se tramitaba en la comisión de medio ambiente, no, porque hay proyectos de ley que se tramitan en varias comisiones distintas”, señala Francisca.
La pregunta, que parecía tan simple: ¿cómo votan los parlamentarios en los proyectos de ley ambientales?, tardó varios años de investigación para comenzar a ser respondida. Para la metodología, contó al inicio con la ayuda del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, y en especial con el aporte de Valentina Durán, a quién la cientista política reconoce su generosidad, a pesar de que no se conocían, de compartir su conocimiento. Luego, una vez que se identificaba el proyecto y cómo votaban los parlamentarios, se debía poder valorar ese voto, y para eso se necesitaba evaluar el efecto ambiental esperado de ese proyecto. Reyes apunta que “con el grupo GAMA y ayudados con los fondos del BID, pudimos montar el proyecto Votaciones Ambientales que ya tiene más de 15 años de funcionamiento y que hoy día está completamente radicado en y financiado por CAPES”.
Después de varios años de hacer seguimiento a las votaciones parlamentarias en temas ambientales, el equipo del proyecto se dio cuenta que algo faltaba. Necesitaban valorar si lo que está pasando en el Congreso respondía a los desafíos de política pública que tenía Chile, o no. “Una de las cosas buenas que tiene la Ciencia Política es el enfoque de lo que se llama la política comparada”, indica la académica, “los países donde funcionaba mejor la política pública, eran los que tenían capacidad de hacer cierto seguimiento a las promesas que hacían las autoridades. Y lo que empezamos a hacer fue mirar lo que comprometían los Presidentes en sus programas de gobierno, en sus cuentas públicas y los principales Ministerios, cuáles eran los problemas de Chile y qué iban a hacer para resolver esos problemas. Y eso que parece tan pedestre, fue muy revolucionario”.
Así como casi nadie se acuerda de las promesas de campaña de los presidentes, cuando hay cambio de mando, tampoco se sabe qué dejó pendiente el presidente anterior, qué herencia deja, sobre qué se puede retomar el trabajo, es así como nació el reporte sobre los Compromisos y Cumplimiento de Promesas de Relevancia Ambiental de los Presidentes.
Proyecto Vincula
La nueva iniciativa de Francisca, que dice la mantendrá ocupada por varios años, es el proyecto Vincula, que nace como un spin off de Votaciones Ambientales, al darse cuenta junto a los profesores del grupo GAMA, que el conocimiento que se generaba en la universidad, por distintos motivos, no llegaba al Congreso. “Nosotros al observar los proyectos de ley nos dábamos cuenta que era como dos mundos paralelos y esto nos causaba mucha frustración. De cierta manera era como una promesa rota, cuando mirabas lo que pasaba en el Congreso decías ‘no, es que no puede ser, cómo no van a saber esto, por qué no hacen esto otro’, por lo que nos dedicamos a tratar de entender mejor cómo el conocimiento llega al proceso de toma de decisiones”, afirma Reyes.
La investigadora comenta que ya tienen un diagnóstico y que hay múltiples razones que explican esta dificultad, entre ellas, la falta de incentivos, la falta de capacidades, el que son dos comunidades con lenguajes completamente distintos, que las vías de acceso al conocimiento en Chile no funcionan tan bien, “y lo que generamos es un proyecto que CAPES ha apoyado fuertemente y que se llama Vincula, y que es un proyecto que está hecho para crear instancias innovadoras de encuentro entre estas dos comunidades, la científica, la que produce conocimiento, con la que toma las decisiones, el espacio legislativo, con el fin último de que el conocimiento pueda informar el proceso de toma de decisiones”. La iniciativa está a punto de iniciar su marcha blanca este 15 de agosto.
“Si yo pudiera resumir mi carrera, diría que ha sido un constante caminar más allá de las fronteras disciplinarias, y en ese sentido ha sido un poco como cumplir mi sueño de niñez que era ir y ver qué había más allá de lo que mis ojos podían ver en ese minuto. Ha sido sinónimo de libertad intelectual y de mucha fecundidad”, finaliza Francisca Reyes.
Para conocer más sobre la investigación de Francisca Reyes, visita:
Durante la legislatura número 369, vigente entre el 11 de marzo de 2021 y el 10 de marzo de 2022, el Congreso Nacional sometió a votación un total de 24 Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental, dando por finalizada la tramitación de ocho de ellos. Además, ingresaron 42 nuevos proyectos relevantes en la materia, casi el doble que en la legislatura anterior. Destacan el término de la tramitación de la Reforma al Código de Aguas y de la Ley Marco de Cambio Climático.
Esta semana se dio a conocer la 16º versión del Reporte Anual de Votaciones Ambientales, iniciativa del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Universidad Católica de Chile (CAPES UC). El proyecto busca aumentar la transparencia y el acceso a la información del trabajo parlamentario en materia ambiental, a través del seguimiento de la tramitación de leyes de relevancia ambiental y la publicidad de las votaciones de las y los parlamentarios.
Como en años anteriores, el Reporte Anual 2022 presenta el compendio de los Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental (PLRA) que fueron ingresados al Congreso, ya sea como mensajes del Ejecutivo o mociones parlamentarias, y de aquellos proyectos que fueron sometidos a votación en la Cámara de Diputados o el Senado durante la legislatura recién pasada (legislatura no. 369, vigente entre el 11 de marzo de 2021 y el 10 de marzo de 2022). Además, el informe presenta un análisis de los compromisos presidenciales abordados en los proyectos tramitados y una revisión de las votaciones de cada parlamentario en la materia.
Reporte de Votaciones Ambientales, disponible en www.votacionesambientales.cl
El informe constata el intenso trabajo legislativo en temas ambientales durante el período: el Congreso Nacional sometió a votación exactamente al doble de Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental que en la legislatura anterior, alcanzando un total de 24 proyectos, 12 más que los tramitados en el período previo.
Asimismo, el trabajo parlamentario permitió completar la tramitación de ocho PLRA, siete de los cuales fueron aprobados y uno rechazado, mientras que en el año legislativo anterior, un único PLRA fue completado.
“Esta legislatura cierra con una intensa actividad legislativa que refleja no solo la complejidad y diversidad de los desafíos ambientales que enfrenta el país sino que también la creciente relevancia política de los mismos”, explica la Dra. Francisca Reyes M., directora del Proyecto Votaciones Ambientales, investigadora CAPES UC y académica del Instituto para el Desarrollo Sustentable UC.
La Dra. Reyes añade: “los resultados de esta legislatura son mixtos. Si bien culmina con logros extraordinarios como la aprobación de la Reforma al Código de Aguas y muy notablemente la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático después de apenas poco más de dos años de tramitación, este período legislativo deja también grandes pendientes como la aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) o la modernización de CONAF. Sobre ellos se suman los compromisos contenidos en el programa de gobierno del recién asumido Presidente Gabriel Boric, varios de los cuales requieren de nueva actividad legislativa para cumplirse. Esto, sin duda, le plantea al Congreso un interesante desafío a abordar”.
Cifras relevantes del reporte
Así como el trabajo parlamentario permitió revisar y someter a votación un alto número de Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental, también ingresaron al Parlamento 42 proyectos nuevos, casi el doble que en la legislatura anterior. De ellos, 38 corresponden a mociones parlamentarias y cuatro a mensajes presidenciales.
Respecto de los temas de los PLRA que fueron ingresados al Congreso, el reporte constató que responden a ámbitos relacionados con adecuaciones a la institucionalidad y gestión ambiental (10), biodiversidad (7), agua (5), pesca y acuicultura (5), residuos y sustancias peligrosas (5), energía (4), aire (2), cambio climático (1), paisaje y territorio (1) y suelo (1).
“Como siempre las mociones parlamentarias toman la delantera en términos de cantidad de proyectos de ley ingresados al Congreso, las que si bien juegan un rol en términos de marcar agenda, muchas veces no logran avanzar en su tramitación legislativa con la celeridad con que lo hacen los proyectos de Ley de origen presidencial. Sin embargo, en esta legislatura destaca la moción liderada por la Senadora Órdenes, y presentada en conjunto con los Senadores Castro, Carvajal, Elizalde y Pizarro, que propone una Ley Marco de Suelos, proyecto clave para el país y que fue aprobado en general apenas seis semanas después de haber sido ingresado al Senado”, explica la investigadora.
Por otro lado, de los ocho Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental que completaron su tramitación, destaca la aprobación de siete de ellos, algunos de gran importancia como la Ley Marco de Cambio Climático (Boletín 13191-12), la primera en la materia, y la Reforma al Código de Aguas (Boletín 7543-12), cuya discusión legislativa demoró casi 12 años.
“Cabe destacar la rápida tramitación de la Ley Marco de Cambio Climático, un proyecto clave para Chile. Es importante resaltar que esta ley existe gracias al gran consenso político, ciudadano y de la comunidad científica, que le dan sustento, pero muy especialmente por el rol clave del proceso de participación temprana para elaborar el anteproyecto y la consulta ciudadana para mejorarlo”, dice la Dra. Reyes.
Y complementa: “en este sentido hay que valorar y reconocer el esfuerzo que realizó la administración del Presidente Piñera para proponer y aprobar esta ley durante su gobierno y ser conscientes del esfuerzo que requerirá su implementación. Así también será clave sacar conclusiones de este proceso para aprobar proyectos pendientes tan importantes como el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.
También fueron aprobadas la Ley que regula el transporte de minerales (Ley Nº 21.425), la Ley de donaciones a entidades sin fines de lucro (Boletín 14486-05), la Ley que exige la reducción de depósitos de desechos en las concesiones acuícolas (Ley Nº 21.410), la Ley que regula la entrega de plásticos de un solo uso (Ley Nº 21.368), y la Ley que prohíbe la contaminación con colillas de cigarrillos (Ley Nº 21.413).
Compromisos presidenciales abordados
El Reporte Anual 2022 de Votaciones Ambientales también incluye un análisis de los Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental con tramitación activa en el Congreso que dan respuesta a alguno de los compromisos presidenciales del programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera, o a iniciativas comprometidas en alguna de sus Cuentas Públicas entre los años 2018 y 2021. Así, se contabilizaron 18 compromisos presidenciales abordados a través de proyectos votados o mensajes presidenciales ingresados al Parlamento.
La mayor cantidad de compromisos abordados tuvieron relación con cambio climático, respondiendo a seis de nueve promesas, todas a través de disposiciones establecidas en la Ley Marco de Cambio Climático. En energía, se abordaron seis de 15 compromisos, a través de dos mensajes y dos mociones parlamentarias que fueron votadas. En materia de agua, se dio respuesta a tres de 11 compromisos.
Finalmente, el reporte presenta un análisis del comportamiento parlamentario en materia legislativa ambiental, realizando el seguimiento a las votaciones nominales de los Diputados y Senadores en cada uno de los Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental identificados.
