Reporte de Votaciones Ambientales constata intenso trabajo legislativo en materia ambiental en 2021

Durante la legislatura número 369, vigente entre el 11 de marzo de 2021 y el 10 de marzo de 2022, el Congreso Nacional sometió a votación un total de 24 Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental, dando por finalizada la tramitación de ocho de ellos. Además, ingresaron 42 nuevos proyectos relevantes en la materia, casi el doble que en la legislatura anterior. Destacan el término de la tramitación de la Reforma al Código de Aguas y de la Ley Marco de Cambio Climático.

Esta semana se dio a conocer la 16º versión del Reporte Anual de Votaciones Ambientales, iniciativa del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Universidad Católica de Chile (CAPES UC). El proyecto busca aumentar la transparencia y el acceso a la información del trabajo parlamentario en materia ambiental, a través del seguimiento de la tramitación de leyes de relevancia ambiental y la publicidad de las votaciones de las y los parlamentarios.

Como en años anteriores, el Reporte Anual 2022 presenta el compendio de los Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental (PLRA) que fueron ingresados al Congreso, ya sea como mensajes del Ejecutivo o mociones parlamentarias, y de aquellos proyectos que fueron sometidos a votación en la Cámara de Diputados o el Senado durante la legislatura recién pasada (legislatura no. 369, vigente entre el 11 de marzo de 2021 y el 10 de marzo de 2022). Además, el informe presenta un análisis de los compromisos presidenciales abordados en los proyectos tramitados y una revisión de las votaciones de cada parlamentario en la materia.

Reporte de Votaciones Ambientales, disponible en www.votacionesambientales.cl

El informe constata el intenso trabajo legislativo en temas ambientales durante el período: el Congreso Nacional sometió a votación exactamente al doble de Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental que en la legislatura anterior, alcanzando un total de 24 proyectos, 12 más que los tramitados en el período previo.

Asimismo, el trabajo parlamentario permitió completar la tramitación de ocho PLRA, siete de los cuales fueron aprobados y uno rechazado, mientras que en el año legislativo anterior, un único PLRA fue completado.

“Esta legislatura cierra con una intensa actividad legislativa que refleja no solo la complejidad y diversidad de los desafíos ambientales que enfrenta el país sino que también la creciente relevancia política de los mismos”, explica la Dra. Francisca Reyes M., directora del Proyecto Votaciones Ambientales, investigadora CAPES UC y académica del Instituto para el Desarrollo Sustentable UC.

La Dra. Reyes añade: “los resultados de esta legislatura son mixtos. Si bien culmina con logros extraordinarios como la aprobación de la Reforma al Código de Aguas y muy notablemente la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático después de apenas poco más de dos años de tramitación, este período legislativo deja también grandes pendientes como la aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) o la modernización de CONAF. Sobre ellos se suman los compromisos contenidos en el programa de gobierno del recién asumido Presidente Gabriel Boric, varios de los cuales requieren de nueva actividad legislativa para cumplirse. Esto, sin duda, le plantea al Congreso un interesante desafío a abordar”.

Cifras relevantes del reporte

Así como el trabajo parlamentario permitió revisar y someter a votación un alto número de Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental, también ingresaron al Parlamento 42 proyectos nuevos, casi el doble que en la legislatura anterior. De ellos, 38 corresponden a mociones parlamentarias y cuatro a mensajes presidenciales.     

Respecto de los temas de los PLRA que fueron ingresados al Congreso, el reporte constató que responden a ámbitos relacionados con adecuaciones a la institucionalidad y gestión ambiental (10), biodiversidad (7), agua (5), pesca y acuicultura (5), residuos y sustancias peligrosas (5), energía (4), aire (2), cambio climático (1), paisaje y territorio (1) y suelo (1).

“Como siempre las mociones parlamentarias toman la delantera en términos de cantidad de proyectos de ley ingresados al Congreso, las que si bien juegan un rol en términos de marcar agenda, muchas veces no logran avanzar en su tramitación legislativa con la celeridad con que lo hacen los proyectos de Ley de origen presidencial. Sin embargo, en esta legislatura destaca la moción liderada por la Senadora Órdenes, y presentada en conjunto con los Senadores Castro, Carvajal, Elizalde y Pizarro, que propone una Ley Marco de Suelos, proyecto clave para el país y que fue aprobado en general apenas seis semanas después de haber sido ingresado al Senado”, explica la investigadora.

Por otro lado, de los ocho Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental que completaron su tramitación, destaca la aprobación de siete de ellos, algunos de gran importancia como la Ley Marco de Cambio Climático (Boletín 13191-12), la primera en la materia, y la Reforma al Código de Aguas (Boletín 7543-12), cuya discusión legislativa demoró casi 12 años.

“Cabe destacar la rápida tramitación de la Ley Marco de Cambio Climático, un proyecto clave para Chile. Es importante resaltar que esta ley existe gracias al gran consenso político, ciudadano y de la comunidad científica, que le dan sustento, pero muy especialmente por el rol clave del proceso de participación temprana para elaborar el anteproyecto y la consulta ciudadana para mejorarlo”, dice la Dra. Reyes.

Y complementa: “en este sentido hay que valorar y reconocer el esfuerzo que realizó la administración del Presidente Piñera para proponer y aprobar esta ley durante su gobierno y ser conscientes del esfuerzo que requerirá su implementación. Así también será clave sacar conclusiones de este proceso para aprobar proyectos pendientes tan importantes como el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

También fueron aprobadas la Ley que regula el transporte de minerales (Ley Nº 21.425), la Ley de donaciones a entidades sin fines de lucro (Boletín 14486-05), la Ley que exige la reducción de depósitos de desechos en las concesiones acuícolas (Ley Nº 21.410), la Ley que regula la entrega de plásticos de un solo uso (Ley Nº 21.368), y la Ley que prohíbe la contaminación con colillas de cigarrillos (Ley Nº 21.413).

Compromisos presidenciales abordados

El Reporte Anual 2022 de Votaciones Ambientales también incluye un análisis de los Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental con tramitación activa en el Congreso que dan respuesta a alguno de los compromisos presidenciales del programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera, o a iniciativas comprometidas en alguna de sus Cuentas Públicas entre los años 2018 y 2021. Así, se contabilizaron 18 compromisos presidenciales abordados a través de proyectos votados o mensajes presidenciales ingresados al Parlamento.

La mayor cantidad de compromisos abordados tuvieron relación con cambio climático, respondiendo a seis de nueve promesas, todas a través de disposiciones establecidas en la Ley Marco de Cambio Climático. En energía, se abordaron seis de 15 compromisos, a través de dos mensajes y dos mociones parlamentarias que fueron votadas. En materia de agua, se dio respuesta a tres de 11 compromisos.

Finalmente, el reporte presenta un análisis del comportamiento parlamentario en materia legislativa ambiental, realizando el seguimiento a las votaciones nominales de los Diputados y Senadores en cada uno de los Proyectos de Ley de Relevancia Ambiental identificados.

Para mayor información ingresar al sitio web www.votacionesambientales.cl

Texto: Comunicaciones CAPES

Proponen la inclusión de “derechos territoriales” en nueva Constitución

Un análisis efectuado por el investigador CAPES y Cedel UC, José Tomás Ibarra, en conjunto con investigadores e investigadoras del Centro CERES, y de las universidades Católica de Chile y Católica de Valparaíso, buscó determinar el potencial de una nueva constitución con enfoques sociales y ecológicos, en el marco del actual proceso constituyente que vive nuestro país.

En el paper, publicado en la revista Sustainability, los autores analizan en profundidad una serie de conflictos socioambientales presentes hoy en Chile asociados a actividades industriales, tales como la agricultura intensiva, la silvicultura, la minería, la pesca y acuicultura, y la industria energética, además de fenómenos como la parcelación de los suelos y la contaminación urbana.

En opinión de los investigadores, estos conflictos —que hablan de desigualdad en el acceso al agua, la degradación de los suelos, la contaminación por metales, la sobreexplotación de recursos y el desplazamiento de comunidades rurales e indígenas— están estrechamente vinculados a la normativa constitucional vigente, “siendo una de las principales razones”, acotan, “la transferencia de derechos de propiedad sobre tierras y aguas sin consideración por el bien común”.

A través de un articulado que consagra “la libre apropiación de bienes comunes como un principio general constitucional”, señalan que la actual Constitución, generada en dictadura, privilegia el derecho a la propiedad privada por sobre la protección de los recursos naturales como una regla general de nuestro sistema legal, llevando a la abismal inequidad territorial existente en el acceso de las personas a estos recursos y su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.

“Un escenario de injusticia ambiental ocurre cuando ciudadanos y ciudadanas sienten vulnerabilidad en su salud y sus vidas debido a su situación socioeconómica, en particular por el territorio donde viven”, explica Ibarra.

“Nuestro análisis de conflictos socioambientales en Chile muestra múltiples casos sobre cómo personas y comunidades tienen derecho a una protección desigual por parte de regulaciones ambientales y de salud pública, sólo por el hecho de nacer o vivir en determinados territorios a lo largo del país”, afirma. Esta heterogeneidad de conflictos y las diversas industrias a las que involucra, sugiere que los conflictos medioambientales responden a un problema sistémico, más que a problemas particulares para cada zona.

Medio Ambiente: una demanda generalizada

Protesta medioambiental en la zona de Ventanas, uno de los principales focos de conflicto del país (© El Mostrador).

Esta desigualdad, de hecho, es refrendada por el sentir ciudadano. A través de una encuesta realizada a 800 personas mayores de 18 años entre abril y mayo de 2021, la investigación determinó que estos conflictos resultan un catalizador al momento de definir una preferencia política, por ejemplo, al elegir a candidatos a la Convención Constitucional.

“La preocupación por el medio ambiente no es un fenómeno reciente entre los chilenos”, comenta el investigador del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también autor del estudio, Marcelo Mena. “Esta pregunta llevan haciéndola por más de 10 años instituciones como IPSOS, CADEM, o el Instituto de Sociología UC. Todas las veces que ha habido encuestas nacionales de Medio Ambiente, las respuestas han sido consistentes. Hay una preocupación ambiental permanente que se ha dado, y nuestra teoría es que gran parte de esta valoración tiene que ver con un cuestionamiento a un modelo que trae beneficios para unos en desmedro de otros”.

La teoría se revela, también, a partir de la composición de la misma Convención. Y es que 105 de los 155 constituyentes elegidos presentaron en sus propuestas, durante el período de campaña, al menos tres principios medioambientales.

A este factor se suman otros tres elementos que, en palabras de Tomás Ibarra, harían del actual proceso constituyente “un escenario único para una constitución ecológica”.

“Según nuestro análisis un 79% de la ciudadanía apoya una nueva Constitución Ecológica, por lo tanto, existe un apoyo amplio de las chilenas y chilenos. Además, existe un apoyo transversal de los constituyentes para que la nueva carta magna sea una constitución basada en derechos, entre los que los Derechos de la Naturaleza aparecen genuina y recurrentemente, y, por último, las comisiones de trabajo de la convención, al menos la de medio ambiente y la de sistemas de conocimiento, han integrado múltiples insumos de carácter socioecológico desde la ciudadanía (como audiencias públicas y cabildos)”.

Una Constitución ecológica

Como aporte a la discusión, el documento sugiere considerar la confección de una Constitución con una perspectiva ecológica —más allá de una perspectiva medioambiental— con el fin de considerar no solo las problemáticas que afectan a nuestros recursos naturales, sino que también los impactos sociales derivados de estos aspectos.

Para ello, los autores proponen la inclusión de derechos territoriales en la nueva Carta Magna, “como un principio crucial para alcanzar justicia socioambiental en Chile”. “Estos derechos”, declaran, “debieran entenderse como un reconocimiento a la heterogeneidad de los ecosistemas y herencias culturales existentes en Chile, así como una oportunidad para generar jurisdicción local para temáticas socioambientales de acuerdo sus respectivos contextos territoriales”.

Al hablar de “derechos territoriales”, en contraste con los “derechos de propiedad”, los investigadores se refieren al derecho a crear leyes concernientes a la propiedad de los bienes raíces, poniendo atención a las preocupaciones ambientales y los derechos sobre los recursos e institucionalizando un principio de sustentabilidad en el ordenamiento legal. “Abogamos por una perspectiva de largo plazo en la nueva Constitución, bajo la cual el desarrollo económico no se produce a expensas de los ecosistemas, sino que reconozca su dependencia hacia éstos”, señala el documento.

Por último, los autores sugieren el establecimiento de estos derechos mediante una planificación territorial basada en los límites naturales de nuestras cuencas hidrográficas, las que, según un reporte nacional elaborado en 2014, ascienden a 129 a lo largo del territorio.

En el trabajo, éstos proponen un ordenamiento que agrupa estas cuencas según los ecosistemas donde intervienen, generando, así, áreas que podrían ser gestionadas de forma similar. En el paper, los investigadores presentan 7 potenciales ecorregiones (Altiplano andino; Desierto de Atacama; Bosque matorral y esclerófilo; Bosque valdiviano; Estepa andina; Bosque sub-antártico, y Campos de hielo patagónicos), concentradas en 5 macrozonas: macrozona Norte, Norte-Centro, Central, Centro-Sur y Sur Austral.

“Imaginamos que la planificación territorial ayudaría a conseguir un desarrollo socioeconómico equilibrado de las distintas regiones del país, el manejo responsable de los recursos naturales, justicia ambiental y una mejora en el bienestar de sus habitantes”, concluyen.

«Social-Environmental Conflicts in Chile: Is There Any Potential for an Ecological Constitution?» también contó con la participación de los investigadores Maite Berasaluce y Pablo Díaz (autores principales), de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV); Paulina Rodríguez, del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Juan Luis Celis y Pedro Mondaca, también de la PUCV.

La comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional durante una visita a Coronel (© El Keltehue).

Texto: Comunicaciones CAPES y CEDEL
Créditos imágenes: El Mostrador / El Keltehue


Medio ambiente y Congreso Nacional: el poder de la información y participación en manos de ciudadanos agentes de cambio | Viernes 22 de octubre

El Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) y la Iniciativa Votaciones Ambientales les invitan a participar de la charla «Medio ambiente y Congreso Nacional: el poder de la información y participación en manos de ciudadanos agentes de cambio», a realizarse en el marco del próximo Festival de la Ciencia, FECI 2021.

En esta charla, a realizarse de forma online el próximo viernes 22 de octubre a las 10:00 hrs., la investigadora CAPES y profesora del Instituto para el Desarrollo Sustentable UC, Francisca Reyes, discutirá sobre la importancia de prestarle atención al trabajo del Congreso Nacional en materias de relevancia ambiental, y en especial a cómo votan nuestros parlamentarios en estos temas.

Para ello, la académica y quienes participen discutirán sobre cómo funciona el Congreso, profundizando en el proceso de formación de las leyes y los espacios que existen para la participación ciudadana y la comunidad científica.

Además, la investigadora expondrá sobre el Proyecto Votaciones Ambientales, y como este brinda herramientas sencillas para aumentar el involucramiento de científicos, activistas y ciudadanos con el Congreso y el proceso de formación de leyes, respondiendo preguntas como: ¿sabes cómo vota tu parlamentario en temas ambientales? ¿sabes cuáles son los compromisos de gobierno y sus avances en temas ambientales? ¿cómo sé cuando se vota una ley ambiental? Entre otras preguntas.

La charla es gratuita y abierta a todo público. Las y los interesados pueden inscribirse completando este formulario de inscripción.

¡Los esperamos!

Artículo CAPES: Metales en los suelos

La investigadora principal de la línea 1 de CAPES, Rosanna Ginocchio, junto a los investigadores Alexander Neaman, Yasna Tapia y Alexey Novoselov, reflexionaron sobre las principales claves para desarrollar una legislación que evite el riesgo de contaminación de los suelos por metales, una realidad dolorosamente presente en nuestro país. Su artículo, que compartimos de forma íntegra, apareció en la Revista InduAmbiente de marzo-abril de 2021.

Existe certeza que en el norte y centro de Chile, las rocas son naturalmente abundantes en cobre y otros elementos minerales (como el arsénico, que pese a ser un metaloide, será referido aquí como un «metal» para facilitar la comprensión). Este hecho hace que las concentraciones de metales sean naturalmente altas en los suelos de esta zona, en comparación con el resto del país u otras partes del mundo. Estas concentraciones naturales se definen como «concentraciones de línea base» o background en inglés.

Las altas concentraciones de cobre en las rocas posibilitan que Chile sea un país minero y líder mundial en la producción de este recurso. Sin embargo, como consecuencia de esta actividad productiva, se ha generado un enriquecimiento antrópico de suelos con metales en diversas áreas su zona norte y centro. Al mismo tiempo, otras actividades económicas también han enriquecido los suelos con metales. Como la agricultura, que ha incrementado dicha concentración en ciertas zonas debido al uso intensivo de pesticidas y fertilizantes químicos (Schoffer et al. 2020).

Legislación inexistente

En Chile, existe preocupación por la contaminación de los suelos con metales, sin embargo, no contamos con una legislación nacional al respecto. En este escenario, cabe preguntarse: ¿Las leyes de otros países, son adecuadas para nuestra realidad?, ¿cómo se puede desarrollar una regulación soberana y apropiada?

En ausencia de una normativa específica para regular la contaminación antrópica de los suelos del país con metales, el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012), en su Titulo II, artículo 11, presenta una lista de 14 países cuyas normas de calidad ambiental y de emisión pueden ser utilizadas como referencias. En la temática de interés, los autores de este artículo realizamos un exhaustivo análisis y llegamos a la conclusión que Italia es uno de los países que más se asemeja a Chile desde el punto de vista geoquímico (Neaman et al. 2020). Asimismo, la legislación italiana establece concentraciones máximas de metales en suelos. Entonces, ¿la legislación italiana será la más aplicable para regular la contaminación antrópica con metales en suelos de Chile?

Para responder a esta interrogante, estudiamos suelos ubicados en la cuenca del río Aconcagua (Región de Valparaíso), en áreas donde no se realizan actividades humanas. Es decir, las concentraciones de metales en suelos de esas zonas representan una condición natural o de línea base, que para el cobre total fue de 134 mg/kg. Ese valor está por encima del límite legislativo de Italia (120 mg/kg), o sea, aplicando la legislación italiana en Chile, se puede llegar a una conclusión errónea de que todos los suelos evaluados están contaminados, incluso en áreas con ausencia de actividades antrópicas (ver tabla adjunta).

Por otro lado, los estudios realizados demuestran que el contenido de línea base de cobre total en suelos de la cuenca del Aconcagua no representa ningún riesgo para la biota presente (por ejemplo, Verdejo et al. 2015). En otras palabras, el límite legislativo de Italia para cobre en suelos representa un valor muy exigente para la realidad chilena y puede señalar riesgo ambiental donde no lo hay.

 

 

Claves para regular

Actualmente, sociedades científicas, académicos y organizaciones no gubernamentales (ONGs) están elaborando un Proyecto de Ley Marco de Suelos que vele por la protección de este recurso y de los servicios ecosistémicos que entrega al ser humano. Uno de los tópicos de esta ley es la contaminación de los suelos. En este contexto, ¿cómo establecer los contenidos máximos permisibles de metales en los suelos chilenos?

Para abordar ese tema, en primer lugar, es preciso definir el criterio para llamar a un suelo como «contaminado». Algunos investigadores proponen referirse a la contaminación cuando la concentración de un metal en el suelo sobrepasa tres veces el valor de la línea base. Según nuestro parecer, tal criterio es aplicable a suelos con bajas concentraciones naturales de metales. Sin embargo, en el caso de la cuenca del Aconcagua, los contenidos triples del valor de la línea base representarán un riesgo para la salud humana, en el caso de arsénico y plomo (ver tabla adjunta). Aunque los criterios de toxicidad de estos elementos para la salud humana se han establecido en estudios extranjeros, será imprudente no considerarlos debido a ausencia de estudios análogos en Chile.

 

 

Bioensayos con lombrices permiten analizar el riesgo para la biota de los metales en los suelos

Por lo tanto, proponemos considerar como «contaminado» cualquier suelo cuyas concentraciones de metales superen la línea base. Para tal efecto, será importante realizar estudios en cada cuenca hidrográfica del país, debido a la variabilidad en las concentraciones naturales de metales presentes en los suelos.

Un ejemplo de esto último son las grandes diferencias entre las cuencas Casablanca y Aconcagua, presentadas en la tabla adjunta, lo cual se debe a la distinta composición de las rocas. Aunque ambas cuencas se encuentran ubicadas en la Región de Valparaíso, en la primera predominan rocas plutónicas intermedias (dioritas y granodioritas), mientras que en la segunda son más abundantes las rocas volcánicas (basaltos, andesitas y dacitas), tal como se puede apreciar en la figura adjunta.

Esos tipos de rocas se caracterizan por química y mineralogía distintas. A la vez, los metales de interés tienden a concentrarse en minerales específicos. Por ejemplo, la calcopirita (CuFeS2) es el mineral de cobre más importante. Por otro lado, el mayor contenido de Cu se puede encontrar en rocas volcánicas asociadas con el magmatismo de arco, como basaltos y andesitas. En este contexto, las vulcanitas máficas e intermedias entregan mayores concentraciones de cobre a los suelos de la cuenca del río Aconcagua, en comparación con la cuenca del estero Casablanca.

Evaluación de riesgo

Hoy en día, la ciencia no es capaz de predecir correctamente la biodisponibilidad de los metales en el suelo. Es decir, no se logra pronosticar, de manera robusta, si ocurren o no efectos tóxicos sobre los organismos. Respecto a los riesgos de metales en suelos para la biota, se pueden realizar ensayos de toxicidad (bioensayos), en condiciones de laboratorio o de terreno, basándose en los protocolos internacionales.

Se ha demostrado que sólo una fracción del total del metal presente en un suelo se encuentra biodisponible. Justamente por eso, la presencia de altas concentraciones de metales en suelos no significa necesariamente que ocurran efectos tóxicos. Esta situación, para el caso de la biota, fue demostrada en diversos estudios realizados a nivel nacional (por ejemplo, Ginocchio et al. 2002, Tapia et al. 2013) e internacional.

Debido a esta razón, las regulaciones relacionadas con la contaminación del suelo, a nivel internacional, han evolucionado hacia normativas basadas en evaluaciones de riesgo para la biota y/o la salud humana (por ejemplo, Reinikainen et al. 2016), en vez de valores umbrales específicos basados en los contenidos totales o parciales de metales en el suelo.

Es importante destacar que la evaluación de riesgo ambiental (para la salud humana y la biota) debe realizarse en forma sitio-específica ya que hay diversos factores que determinan la fracción biodisponible del metal y, por ende, la exposición real de la biota o humanos a los contaminantes y la eventual ocurrencia de efectos negativos (toxicidad). Estos factores incluyen las características fisicoquímicas de los suelos, el clima del lugar, la forma química/mineralógica en la que se encuentra el contaminante en el suelo y la sensibilidad (o tolerancia) intrínseca de la biota presente, entre otros.

 

 

Los autores proponen hacer estudios de línea base en cada cuenca hidrográfica y considerar como «contaminado» todo suelo cuyas concentraciones de metales la superen.

Respecto a los riesgos de los metales en suelos para la salud humana, se puede llevar a cabo una evaluación sitio-específica utilizando, por ejemplo, hortalizas. Si los contenidos de metales en las partes comestibles de las hortalizas están por debajo de los valores umbrales, no hay riesgo para la salud humana. Sin embargo, la tasa de consumo de hortalizas y otras vías de exposición (por ejemplo, ingestión accidental del suelo) también deben considerarse en esta evaluación (Lizardi et al. 2020).

Finalmente, será necesario realizar estudios de concentraciones de metales en la sangre y/u orina de las personas que habitan en áreas contaminadas, para luego contrastar los valores obtenidos con los umbrales establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Tales estudios son escasos en el país y se han realizado principalmente en el caso de intoxicaciones agudas de la población.

Conclusiones

Debido a altas concentraciones naturales o de línea base de metales en los suelos del país, existe una necesidad de avanzar hacia el desarrollo de una legislación soberana respecto a los suelos contaminados por metales. Esta regulación debe considerar las condiciones locales (por ejemplo, línea base, tipo de suelo y condiciones climáticas), en lugar de adaptar y/o adoptar leyes extranjeras que pueden sobreproteger o subproteger la biota presente.

La futura legislación chilena respecto a la contaminación del suelo debe basarse en evaluaciones de riesgo ambiental, o sea para la biota y/o la salud humana, en vez de valores umbrales específicos basados en concentraciones totales o parciales de metales presentes en el suelo.

Finalmente, se agradece a ANID PIA/BASAL FB0002 (Center of Applied Ecology and Sustainability, CAPES) por el financiamiento para el desarrollo y difusión de este estudio.

Texto: Neaman, Ginocchio, Tapia y Novoselov, con ligeros cambios para normalización

Artículo originalmente publicado en InduAmbiente 169 (Marzo-Abril 2021), páginas 36 a 39.

Reporte mide cumplimiento de promesas en materia ambiental 2018-2021

De los 91 compromisos de gobierno en materia ambiental existentes hasta el 31 de mayo de 2021, 33 se consideran cumplidos (27 en 2020), 51 en proceso (46 en 2020), 5 sin avance (6 en 2020) y 2 (11 en 2020). Esto significa un avance en relación a los niveles de cumplimiento identificados en el periodo anterior.

Destacan sin avance proyectos de ley aún pendientes de aprobación, como el que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el que que busca introducir modificaciones al SEIA, y el PdL que crea el Servicio Nacional Forestal, por nombrar algunos. Ninguno de estos pendientes identificados como relevantes fueron mencionados en la Cuenta Pública 2021.

Destacan compromisos aún pendientes en materia de cambio climático: entre ellos el ingreso y votación en general del proyecto de ley marco de Cambio Climático. Además, destaca el inicio de la fase de participación ciudadana de la propuesta estratégica climática de largo plazo (ECLP) de Chile, la que forma parte de los compromisos contraídos por Chile en el marco del Acuerdo de Paris.  

La iniciativa Votaciones Ambientales publicó este mes los resultados del reporte “Compromisos y Cumplimiento de promesas en materia ambiental 2018 – 2021”, que presenta el nivel de cumplimiento de los desafíos de relevancia ambiental que el gobierno de Sebastián Piñera ha contraído tanto en su Programa de Gobierno como en las Cuentas Públicas anuales, desde marzo de 2018 a la fecha. Con esta última cuenta pública celebrada el pasado 1 de junio, se entrega el catastro definitivo de los compromisos de relevancia ambiental asumidos por la actual administración.

El estudio es liderado por Francisca Reyes, profesora del Instituto para el Desarrollo Sustentable UC, e investigadora asociada al Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES UC), el Instituto Milenio de Socio Ecología Costera (SECOS) y el Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales (CESIEP), y busca generar un instrumento de rendición de cuentas y un mecanismo de priorización y seguimiento de la agenda de política pública ambiental.

Para la investigadora, este ejercicio es imprescindible para la buena política pública ambiental, la que se juega en horizontes de tiempo que trascienden los ciclos electorales.  En sus palabras “una imagen útil es pensar en que la buena política pública es una maratón, no los 100 metros planos, pero una maratón que se corre en modalidad carrera de relevos entre los distintos periodos de Gobierno que se deben pasar —no dejar caer— el testimonio entre ellos. En este sentido, en mi opinión no existe buena política pública sin acceso a la información y participación por lo que esperamos que este Reporte contribuya, ad portas de comenzar los procesos de presentación de programas de Gobierno de las respectivas candidaturas presidenciales”.

Para la profesora, el resultado de este análisis es un instrumento de rendición de cuentas que “permite determinar de manera muy precisa el nivel de cumplimiento de los compromisos ambientales de nuestras autoridades, y a la vez mostrar claramente los avances y pendientes que dejará esta administración y que deberían ser abordados por un próximo Gobierno”.

En este sentido, Reyes enfatiza la necesidad de concretar el trabajo en curso en temas claves para el país como Minería, “hubiera deseado que la aprobación de la Política Nacional Minera hubiera sido anunciada, y en su defecto espero pueda aprobarse antes de fin de año ya que se ha realizado un trabajo muy valioso y participativo que sería una gran oportunidad perdida de no aprobarse durante esta administración”, y de revisar la real voluntad que existe de cumplir con compromisos claves como el de implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas o el de reformular el Servicio de Evaluación Ambiental, cuyos proyectos de ley están en procesos de tramitación aún pendientes en el Congreso Nacional.

Hallazgos del estudio

De acuerdo a la información recabada, tras la cuenta pública 2021 existen 92 compromisos de gobierno en materia ambiental (uno añadido en la última cuenta pública). De ellos, 91 fueron evaluados en términos de su cumplimiento con los siguientes resultados: 33 se consideran cumplidos, 51 en proceso, 5 sin avance y 2 sin información. Las áreas con mayor nivel de cumplimiento son agricultura (100%), paisaje y territorio (67%), y aire (50%). Las áreas con menor nivel de cumplimiento son Silvicultura (17%), minería (0%), y suelo (0%).

Metodología

En la construcción del reporte, se revisó el “Programa de Gobierno y las Cuentas Públicas 2018-2021” del presidente Piñera, para catastrar los compromisos del Gobierno en materia ambiental. Estos compromisos fueron categorizados en torno a las distintas áreas de relevancia ambiental, tales como agua, pesca y acuicultura, silvicultura y otras.

Para medir el nivel de cumplimiento, se consultaron fuentes públicas y se contó con el apoyo de académicos de la distintas Universidades y Centros de Estudio.

Finalmente, con estas respuestas se categorizó el nivel de cumplimiento en cuatro categorías: cumplido, en proceso, sin avance y sin información.

“Compromisos y Cumplimiento de promesas en materia ambiental 2018-2020” es una publicación de la Iniciativa Votaciones Ambientales en el Congreso Nacional que pertenece a la línea 5 “Gestión sostenible de los recursos naturales e investigación en políticas públicas” financiada por CAPES UC.

Texto: Comunicaciones CESIEP

Reporte GAMA revela drástica caída de la actividad legislativa ambiental en 2020

Así lo consigna el “Reporte Anual de Votaciones Ambientales” publicado por el Grupo Asesor en Medio Ambiente de la Universidad Católica, el cual evaluó el desempeño legislativo de los parlamentarios en materia medioambiental de los últimos 12 meses.

El Grupo Asesor en Medio Ambiente, GAMA UC, publicó este miércoles los resultados de la 15° versión de su “Reporte Anual de Votaciones Ambientales”, fruto del proyecto que busca aumentar la transparencia y el acceso a la información del trabajo parlamentario en materia ambiental a través del seguimiento y la evaluación anual de sus votaciones en leyes de relevancia ambiental.

Para la directora del proyecto e investigadora de CAPES y CESIEP, Dra. Francisca Reyes, “sin duda este fue un año duro para los avances de la agenda ambiental en el Congreso”. Además de la “escasa actividad legislativa, el tercer año de mandato del Presidente Piñera termina con grandes pendientes, como la aprobación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (actualmente en su última instancia en el Congreso), proyecto clave para la institucionalidad ambiental del país que lleva en la práctica una década tramitándose”.

Sin embargo, agregó que “es importante destacar el avance que significa el ingreso e inicio de la tramitación del Proyecto de ley que fija Ley Marco de Cambio Climático, el que tiene el gran desafío de incorporar el gran número de indicaciones realizadas para seguir avanzando en su tramitación”.

Las claves del reporte

A días de haberse cumplido el tercer año de gobierno del presidente Piñera, el reporte consigna que en este tiempo se votaron 12 proyectos de ley en materia ambiental (7 menos que en el período anterior), al tiempo que solamente 22 proyectos de este tipo fueron ingresados para tramitación (56% menos que durante el periodo anterior). De éstos, 20 nacieron de la iniciativa de parlamentarios en la forma de mociones.

El documento también destaca que durante el periodo analizado solo se aprobó una ley de la República —la que establece el Estatuto Chileno Antártico— cuya tramitación se alargaba desde el año 2014. Aun así, los revisores enfatizaron que esta ley es sólo parcialmente beneficiosa para el medio ambiente, con tiene una relevancia ambiental calificada como baja.

El informe también notó que, a pesar de la escasa actividad legislativa en temáticas ambientales, se observa un alza en proyectos de ley que responden a compromisos y desafíos de relevancia ambiental identificados oficialmente por el Gobierno (17 compromisos ambientales tuvieron una respuesta legislativa) comparado con solamente 10 en el periodo anterior.

Este año estudiado estuvo marcado por un alza importante en los proyectos en temas energéticos, donde de los 12 proyectos votados, 4 correspondieron a esta área: propuestas sobre eficiencia energética, concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos, prohibición en el uso de calefacción domiciliaria a leña en lugares declarados como zonas saturadas, y regulación de la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón. Lo anterior —junto a la votación del Proyecto de ley que fija la Ley Marco de Cambio Climático— marca un giro en la agenda ambiental que, creen los autores, responde a los compromisos internacionales del país de reducir sus emisiones y descarbonizar la matriz energética.

Respecto al comportamiento parlamentario, en el Senado se registró un aumento de 10 senadores con “perfil verde” en 2019-2020, a 33 en el periodo 2020-2021. En cuanto a los diputados y diputadas, este perfil aumentó de 87 a 96 entre un período y otro. Además, el reporte muestra que habiendo parlamentarios “indiferentes”, —es decir, que se ausentan sin justificación— a más de un tercio de las votaciones de relevancia ambiental emitidas en los últimos 12 meses. En total, se reportaron 4 senadores y 6 diputados y diputadas con ese perfil.

El “Reporte Anual de Votaciones Ambientales” es una publicación del Proyecto Votaciones Ambientales del Grupo Asesor en Medio Ambiente, GAMA, integrado por once académicos de distintas áreas disciplinarias de la UC, perteneciente a siete facultades e institutos de la universidad. La iniciativa es financiada por el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES UC, y apoyada por el Instituto de Ciencia Política de la UC.

Para más información, descarga el reporte desde su sitio web.

 

Texto: Comunicaciones CAPES y CESIEP

Revive el Seminario CAPES-CESIEP-CEE «Ciencia con impacto»

Discutir el papel de la ciencia en la toma de decisiones y compartir experiencias exitosas de formulación de política pública basada en evidencia con temática ambiental y sustentabilidad, fue el objetivo central del Seminario Internacional “Ciencia con Impacto: ¿cómo generamos políticas informadas por evidencia?”.

El seminario tuvo lugar este 26 de noviembre y fue organizado conjuntamente por el Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales (CESIEP), el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES UC, y el centro Collaboration for Environmental Evidence (CEE) Chile.

El primer bloque del seminario buscó discutir sobre la vinculación entre ciencia y política pública, buscando dilucidar cuáles son las brechas que limitan la participación de los investigadores en procesos de toma de decisión a nivel gubernamental.

Durante este bloque, el académico UC, investigador CAPES y director CESIEP, Dr. Rodrigo Arriagada, presentó asimismo el rol del nuevo Collaboration for Environmental Evidence – Chile, que busca promover y apoyar la síntesis rigurosa de evidencia sobre temas de interés para el manejo y la política ambiental.

En el segundo bloque del seminario se presentó la experiencia de diversos centros CEE alrededor del mundo en la provisión y uso de evidencia en el proceso de toma de decisiones.

Finalmente, el tercer bloque se centró en la experiencia de la academia chilena respecto al uso de evidencia en el proceso de formulación de leyes.



Fuente: Comunicaciones CESIEP

Revive el Seminario CAPES-CESIEP-CEE «Ciencia con impacto»

Discutir el papel de la ciencia en la toma de decisiones y compartir experiencias exitosas de formulación de política pública basada en evidencia con temática ambiental y sustentabilidad, fue el objetivo central del Seminario Internacional “Ciencia con Impacto: ¿cómo generamos políticas informadas por evidencia?”.

El seminario tuvo lugar este 26 de noviembre y fue organizado conjuntamente por el Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales (CESIEP), el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES UC, y el centro Collaboration for Environmental Evidence (CEE) Chile.

El primer bloque del seminario buscó discutir sobre la vinculación entre ciencia y política pública, buscando dilucidar cuáles son las brechas que limitan la participación de los investigadores en procesos de toma de decisión a nivel gubernamental.

Durante este bloque, el académico UC, investigador CAPES y director CESIEP, Dr. Rodrigo Arriagada, presentó asimismo el rol del nuevo Collaboration for Environmental Evidence – Chile, que busca promover y apoyar la síntesis rigurosa de evidencia sobre temas de interés para el manejo y la política ambiental.

En el segundo bloque del seminario se presentó la experiencia de diversos centros CEE alrededor del mundo en la provisión y uso de evidencia en el proceso de toma de decisiones.

Finalmente, el tercer bloque se centró en la experiencia de la academia chilena respecto al uso de evidencia en el proceso de formulación de leyes.



Fuente: Comunicaciones CESIEP

Seminario virtual «Ciencia con Impacto: ¿cómo generamos políticas informadas por evidencia?» | 26 de noviembre | 8:45 hrs.

El Seminario virtual «Ciencia con Impacto: ¿cómo generamos políticas informadas por evidencia?» es la primera actividad del centro CEE de Chile, el primero de su tipo para América Latina.

El objetivo del seminario, a realizarse el próximo 26 de noviembre de 8:45 a 16:00 hrs., es discutir el papel de la ciencia en la toma de decisiones y compartir experiencias exitosas tanto a nivel nacional como internacional.

La jornada constará de tres bloques, formados tanto por paneles como por presentaciones. En el primer bloque, un panel discutirá el tema de los incentivos para la academia, en particular, cómo la transferencia de conocimiento generado en las universidades, en su mayoría desarrollado con financiamiento público, debe ser parte del trabajo de los científicos para contribuir a la toma de decisiones. Mientras que en este panel la academia chilena estará representada por Pedro Bouchon, Vicepresidente de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Congreso estará representado por la diputada Catalina Pérez y el senador Guido Girardi, así como Andrés Couve, ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. A continuación de este panel, Rodrigo Arriagada, Director del Centro CEE de Chile hará una presentación sobre este nuevo centro y su función.

El segundo bloque comenzará con una presentación de Neal Haddaway, Senior Research Fellow de SEI sobre la importancia de las metodologías de síntesis de evidencia para una mejor toma de decisiones, seguido de presentaciones de directores de los centros de CEE, Ruth Steward, directora del Africa Centre for Evidence, Universidad de Johannesburgo; Andrew Pullin, director del Centre for Evidence-Based Conservation, Universidad de Bangor, y Steven Cooke, Director del Canadian Centre for Evidence-Based Conservation, Universidad de Carleton, quienes compartirán la experiencia de sus centros en la formulación de políticas informadas por la evidencia.

El tercer bloque, «Compartiendo experiencias de uso de evidencia en el proceso de formulación de la ley: la experiencia de la academia chilena», contará con destacados investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes compartirán su experiencia en la entrega de evidencia durante el proceso de formulación de la ley. Este panel será presentado por la senadora Carmen Gloria Aravena.

Los interesados e interesadas en participar, pueden inscribirse completando la información de este formulario.




Afiche_Ciencia_con_Impacto_ES_Final2.0