Cuándo: 14 de septiembre de 2022
Dónde: Hotel Diego de Almagro, Rancagua (Av. Libertador Bernardo O'Higgins 34, Rancagua, O'Higgins - Ver mapa)
Organiza: Gobierno Regional de O'Higgins, CORE O'Higgins, Pontificia Universidad Católica de Chile
El seminario «Acciones prediales para la sustentabilidad en vides y frutales» se enmarca en el proyecto FIC denominado «Transferencia acciones prediales en fruticultura sustentable» y presentará experiencias nacionales e internacionales de gestión predial para mejorar la resiliencia y productividad del sector.
El proyecto, cuenta con financiamiento de el Fondo para la Competitividad del Gobierno Regional de O´Higgins y su Consejo Regional, enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación.
En el evento, participarán investigadoras e investigadores de la Universidad Católica, (Chile), Universidad Federal Sergipe, (Brasil) y University of Cambridge (UK), entre quienes se encuentran los expertos CAPES Luz María de la Fuente y Eduardo Arellano.
El evento se realizará en el Salón Rancagua del Hotel Diego de Almagro de Rancagua.
Cuándo: 12 de septiembre de 2022
Dónde: Auditorio de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC, Campus San Joaquín (Vicuña Mackenna 4860, Macul).
Organiza: CAPES UC
Este lunes 12 septiembre, 09:30 horas, se llevará a cabo el Seminario «Intensificación ecológica para agricultura de zonas semiáridas».
El evento presentará los resultados y experiencias del proyecto “Sustainable Fruit Farming at the Caatinga (SUFICA)” ejecutado para sistemas frutícolas de Chile y Brasil, y liderado por Eduardo Arellano, académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la UC e investigador principal de la línea 6 de CAPES “Intensificación Ecológica y Agricultura Sustentable”.
La iniciativa buscó mejorar la sostenibilidad de la producción de frutas en regiones semi-áridas desarrollando metodologías participativas para la implementación de prácticas de manejo de intensificación ecológica, con el objetivo de mejorar la resiliencia y productividad de estos sistemas productivos. Contó con la participación de investigadoras e investigadores de la Universidad Católica, Universidad de Chile (Chile), Universidad Federal del Valle de San Francisco, Universidad Federal Sergipe, Universidad del Estado de Bahía (Brasil) University of East Anglia y University of Cambridge (UK), y cuenta con financiamiento de ANID y Newton Fund.
La actividad se desarrollará en el Auditorio de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC, Campus San Joaquín, Vicuña Mackenna 4860, Macul.
Cuándo: 7 de septiembre de 2022
Dónde: Esta actividad se realizará de manera online a través de Youtube UNABTV (ver link)
Organiza: Universidad Andrés Bello y CAPES UC
El Centro CAPES UC y el Comité Editorial de la Universidad Andrés Bello invitan al lanzamiento del libro Lanzamiento de libro Algas, una introducción a la ficología, En este texto, se revisan las hipótesis más modernas sobre el proceso de evolución de la fotosíntesis en los distintos grupos de algas, y se estudian todos los linajes mayores de algas actualmente reconocidos, cubriendo los puntos más importantes de su morfología, reproducción, ecología, biología celular, evolución e importancia económica.
El texto incluye cientos de ilustraciones, todas originales y, asimismo, incluye amplias referencias a las publicaciones más relevantes para cada tema. Este libro es la primera obra de esta magnitud que se publica en español.
Autores:
Dr. Alexis M. Bellorín Romero
Dr. Cristian Bulboa Contador
Dra. Loretto Contreras-Porcia
Presentan:
Dr. Fabian Jaksic, Premio Nacional de Ciencias, Director CAPES
Prof. María Eliana Ramírez, Exdirectora Museo Chileno de Historia Natural
Esta actividad se realizará de manera online a través de Youtube UNABTV.
Un grupo de investigadores utilizó herramientas computacionales para estudiar los distintos conceptos y teorías de sociedad producidas durante el proceso de redacción de la actual Carta Magna, en plena dictadura militar.
Los miembros permanentes de la «Comisión de Estudios para la Nueva Constitución», o «Comisión Ortúzar», encargada por la Junta Militar para elaborar el nuevo texto constitucional.
Usando como objeto de estudio el proceso de creación de la actual Constitución Política de Chile, diseñada y redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1978, un grupo de investigadores de las universidades Diego Portales y Adolfo Ibáñez, junto con el Centro de Estudios Públicos, CEP, puso a prueba distintas herramientas de análisis computacional para intentar desentrañar los marcos conceptuales que ayudaron a dicho texto a refundar, por la vía autoritaria, las bases institucionales del Estado de Chile, y a sobrevivir incluso al régimen de facto que le dio forma.
Sus resultados, publicados recientemente en la revista Historical Methods, permiten identificar las ideas y conceptos que ayudaron a los redactores del texto a delimitar y definir el ámbito de acción de esta nueva Carta Fundamental, y de paso, el nuevo orden político y social que inauguraba. Muestran, además, la estrecha relación entre la acción política y la elaboración conceptual que subyace a la creación una constitución, así como el potencial de los métodos computacionales para el estudio de la historia constitucional de un Estado y de sus procesos de formación.
“La Constitución chilena de 1980 tiene un estatus especial en la historia de América Latina”, nos cuenta Rodrigo Cordero, académico del departamento de Sociología de la U. Diego Portales y autor principal del estudio, “no solo porque fue creada en condiciones de agitación social y represión política, sino también porque estableció, con éxito, el modelo normativo que soportó el experimento neoliberal de una sociedad centrada en el mercado radicalmente nueva. En este marco, el proceso de cambio conceptual impulsado por los redactores de la Constitución de 1980 tenía como horizonte político y normativo superar lo que, según ellos, eran los vicios del pasado socialista, y así dar nacimiento a una nueva democracia, basada en el valor de la autoridad, la protección de la libertad personal y la autonomía radical de los mercados y la propiedad privada”.
Para conocer cómo operó este cambio también a nivel conceptual durante la discusión y redacción del texto, los investigadores se embarcaron en un análisis exhaustivo de los registros oficiales de la comisión encargada por la Junta Militar para elaborar la propuesta, denominada formalmente Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, o “Comisión Ortúzar”, el honor a su presidente, el abogado Enrique Ortúzar Escobar.
La revisión de estas actas, agrupadas en 11 volúmenes, 10,950 páginas y más de 80,005 palabras distintas, significó el primer desafío a enfrentar por parte de Cordero y el resto del equipo, tal como comenta el académico de la U. Adolfo Ibáñez e investigador del CAPES, Gonzalo Ruz: “resumir esa información y lograr extraer patrones interesantes, resulta ser una tarea muy compleja para una persona, e incluso un grupo de personas. En ese sentido” comenta, “el uso de herramientas computacionales destinadas al análisis de textos históricos jugó un rol fundamental para lograr resumir la data textual e identificar estas fronteras conceptuales”.
Dichas “fronteras conceptuales” o “fronteras semánticas” eran aquellas palabras (o asociaciones de palabras) dentro de las cuales se enmarcó, o habría de enmarcarse, la discusión constituyente al interior de la Comisión, conceptos que, en la práctica, terminarían por delimitar los rangos de acción de la nueva Constitución y de todo aquello que sus integrantes daban en calificar por “constitucional”. Mal que mal, y como diría Wittgenstein, “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”.
“En línea con esta mirada” resaltan en el trabajo, “nosotros postulamos que los procesos de creación de una constitución pueden explorarse empíricamente en términos de la construcción de fronteras semánticas que moldean el espacio conceptual de los significados constitucionales”. Esto, prosiguen, basados en el hecho de que “para que una Constitución funcione como un orden vinculante legalmente, no basta con consagrar una serie de normas, reglas e instituciones doctrinales, sino también establecer un espacio conceptual que dibuje los límites que definen las decisiones, instituciones e interpretaciones consideradas “constitucionales”.
“Una de las hipótesis base era que, para comprender adecuadamente la naturaleza refundacional del proyecto constitucional de la dictadura, así como su resiliencia en el tiempo” acota Cordero, “se requería poner atención no sólo a las transformaciones de índole institucional (por ejemplo, la forma del Estado, la estructura de los derechos o los mecanismos de limitación de la democracia, etc.), sino que también a las importantes transformaciones conceptuales que dicha constitución gatilla en el lenguaje social, político y jurídico de la época”.
Y es en esta tarea donde instrumentos propios del análisis computacional y estadístico, como la agrupación de conceptos mediante algoritmos conocida como clustering, o análisis de grupos, sirvieron como una ayuda invaluable. “El clustering nos permitió identificar la agrupación natural de las palabras dentro de un contexto discursivo, logrando descubrir los patrones de asociación semántica y la ubicación espacial de los términos en torno a un “centroide” —es decir, a la palabra más representativa de un clúster o conjunto” explica Ruz. “Al tratarse de un trabajo de investigación multidisciplinario, una vez utilizadas estas técnicas computacionales, sus resultados son luego analizados por investigadores del área de la sociología y la historia, para poder entregarle una interpretación dado el contexto”.
Los nudos que marcaron la redacción del texto
¿Y qué fue lo que descubrieron? “Nuestro análisis nos llevó a identificar tres dinámicas clave que recorren el trabajo de delimitación de la Comisión Constituyente chilena”, señalan los investigadores. La primera de estas dinámicas habría sido las constantes tensiones internas que modelaron el proceso de construcción del texto, entre el rol asesor que proveía la Comisión a la Junta Militar, y la tarea encomendada de diseñar una nueva carta fundamental. Estas tensiones se vieron expresadas en la articulación de distintos “temas de preocupación” entre los miembros de la Comisión, así como cambios en los patrones de asociación de palabras clave como “constitución” a lo largo de proceso.
Una segunda dinámica consistió en la lógica política que subyació a la transformación conceptual llevaba a cabo por la Comisión. Usando términos como “constitución”, “constitucional” y “ley”, los comisionados definieron el horizonte normativo del nuevo orden mediante la revocación de viejas referencias semánticas y la elaboración de nuevos significados, un rasgo, explican, “distintivo de la redacción de textos constitucionales”.
Así, el proceso de redacción de la actual Constitución habría “invertido” el campo semántico del viejo orden instaurando, por ejemplo, la libertad de los órganos sociales autónomos en contraste con el control estatal de tipo marxista; consolidando una democracia autoritaria o protegida a contrapelo de una representativa y constitucional; reafirmando la propiedad individual por sobre la propiedad social, “o cambiando el colectivismo estatal por la libertad individual” explican los autores.
La tercera y última dinámica asociada a la construcción de estas “fronteras constitucionales” consistió en las formas de institucionalización que habrían de blindar el nuevo orden creado de cualquier reforma posterior. “Esto es particularmente visible a través del rol vinculante de términos como “establecer”, “proteger”, “indicar” o “asegurar”, así como mediante el diseño de instituciones fuertes y el refinamiento de ciertas leyes por la vía de decretos y el ensamblaje orgánico de los sistemas político, judicial y de administración estatal” comentan los investigadores.
“Esta dinámica no es sólo consistente con las maneras en que el debate de la Comisión expresó la compulsión de la dictadura pinochetista por institucionalizar un nuevo orden social y explorar las fórmulas para darle forma constitucional” aclaran. “También es consistente con la articulación de un espacio de significados constitucionales que proveyeron la munición intelectual y jurídica para asegurar la larga influencia social y política de esta Constitución. En ese sentido, las transformaciones semánticas de conceptos como “libertad”, “democracia” y “propiedad” jugaron un rol importante”, y lo que es más; “cada concepto se forma alrededor de tensiones particulares que han permeado a la sociedad durante las últimas cuatro décadas”.
Las claves de un nuevo proceso
La Convención Constitucional de 2022, durante su primer día de funciones, el 4 de julio de 2021.
Este 4 de septiembre, sin embargo, la “larga influencia social y política” que ha tenido la Constitución de 1980 vivirá, 42 años después de su promulgación, el primer gran escollo de su historia, cuando 15 millones de chilenas y chilenos habilitados para votar lleguen a las urnas para decidir si aprueban, o rechazan, la nueva propuesta de Constitución redactada por la recién disuelta, y democráticamente electa, Convención Constitucional.
Ante este escenario, resulta casi imposible no comparar los procesos de creación y redacción de ambas cartas fundamentales, especialmente a la luz de los hallazgos detallados en este trabajo. Afortunadamente, estos mismos investigadores están abocados actualmente a la aplicación de estos resultados para el proceso constitucional en curso. “El artículo publicado en Historical Methods entrega algunos de los parámetros fundamentales —tanto en técnicas como en contenidos— con los cuales hemos podido hacer seguimiento y evaluación del proceso constituyente actual”, revela Aldo Mascareño, académico de la U. Adolfo Ibáñez e investigador senior del Centro de Estudios Públicos, CEP.
Así, Mascareño comenta que, “por supuesto, hay conceptos centrales (“derecho”, “derechos”, “constitución”, “ley”, “persona”, “república”, o “presidente”) que están presentes tanto en la Constitución de 1980 como en el proyecto constitucional de 2022, así como en varias constituciones a nivel global. Las diferencias entre ambas se aprecian en dos niveles: primero, en las relaciones entre términos y, segundo, en nuevos términos que surgen en el proyecto 2022”.
“En cuanto a las relaciones conceptuales” profundiza el investigador, “la Constitución de 1980 configura un escenario semántico con centro en la economía y la propiedad, mientras que la de 2022 tiene su foco en la estructura regional del Estado, los derechos sociales y la plurinacionalidad. En cuanto a los términos, el proyecto de 2022 incluye conceptos inéditos en el constitucionalismo chileno, como “plurinacionalidad”, “enfoque de género”, “enfoque interseccional”, “enfoque ecológico”, “autonomía territorial”, y el concepto clave de “región, que si bien ya aparecía en la Constitución de 1980, en esta propuesta adquiere una posición semántica central. El análisis digital permite hacer evidente las continuidades basales entre ambos textos constitucionales, así como también muestra en detalle los giros conceptuales del texto propuesto por la Convención Constitucional”.
Los resultados y actualizaciones de este análisis pueden seguirse a través de la plataforma del grupo C22, en https://c22cepchile.cl
En palabras de su autor principal, el trabajo da cuenta “de las operaciones de transformación semántica de términos clave realizadas por esta Constitución, la cual se observa a través de la disolución de vínculos semánticos existentes y su recomposición en nuevas estructuras conceptuales, que a su vez dan forma a un espacio emergente de significados constitucionales”.
Un equipo interdisciplinario de investigadores del área de la salud, ecología y arquitectura y arte, estudió los factores ambientales y socio-económicos relacionados con las tasas de suicidio utilizando datos demográficos de 18 años, a lo largo de 4000 km en Chile. Sus resultados pueden ser usados para desarrollar políticas públicas específicas de salud mental dirigidas a la población en riesgo.
Advertencia: el siguiente reportaje trata temas referentes al suicidio y la salud mental, por lo que pudiera ser sensible para determinadas audiencias. Si sufres de depresión o necesitas ayuda psicológica de algún tipo, puedes comunicarte a cualquier hora del día con los profesionales de Salud Responde del ministerio de Salud al fono 600 360 7777.
Cuando una persona decide suicidarse, normalmente es el resultado de una reflexión larga y dolorosa, en la que influyen interacciones complejas de factores biológicos, psicológicos y socio-económicos. Este importante aspecto de la salud mental ha sido abordado desde múltiples perspectivas, por grupos de investigación en todo el mundo, buscando estrategias de prevención o mitigación del riesgo de suicidio.
Las tasas de suicidio, que es la frecuencia de este fenómeno normalmente medido por cada 100.000 habitantes durante un año, muestran diferentes tendencias según el país, la edad y/o el sexo de las víctimas, y de las cuales pueden extraerse algunos patrones demográficos, como por ejemplo, que los hombres presentan tasas de suicidio más altas que las mujeres en la mayoría de los países, y dentro de ese grupo, los adolescentes entre 10 y 19 años muestran una tasa de suicidio más alta que el resto de la población.
Además de los patrones demográficos, también se han investigado factores ambientales y socio-económicos, sin embargo, aún hay una brecha en la comprensión de los patrones generales en las tasas de suicidio, por lo que es necesario seguir estudiando este fenómeno y contribuir al diseño de políticas y acciones preventivas.
Un equipo de investigadores, liderados por Sergio Estay, académico de la Universidad Austral de Chile e investigador en CAPES, evaluó las asociaciones entre factores ambientales y socio-económicos, y las tasas de suicidio estratificadas demográficamente en grandes escalas temporales y espaciales. Para ello, utilizaron un conjunto de datos con información sobre las tasas anuales de suicidios por sexo y edad desde 2000 hasta 2017 a lo largo de un gradiente latitudinal de 4.000 km. Los resultados, fueron descritos en el artículo titulado “Socioeconomic and environmental contexts of suicidal rates in a latitudinal gradient: Understanding interactions to inform public health interventions”, y publicado en la revista Journal of Psychiatric Research.
Ciencias biológicas y salud mental
¿Cómo la ecología y las ciencias biológicas pueden ayudar a comprender este fenómeno? Conversamos con Estay, autor principal de la investigación, quien nos explicó que “la ecología es una ciencia que siempre debe lidiar con fenómenos muy complejos, con múltiples interacciones entre variables. Por lo tanto, la mirada ecológica puede aportar a la necesaria mirada macro a este fenómeno. Por supuesto, la mirada a macro-escala, como en nuestro artículo, es muy necesaria, pero actúa como complemento a la investigación a micro-escala, el nivel individual, que viene de las ciencias biomédicas. En nuestro trabajo utilizamos herramientas estadísticas muy usadas en ecología para relacionar los factores sociales y ambientales con las tasas de suicidio”, detalla Estay.
Estudios previos a nivel mundial han mostrado que las las condiciones ambientales a las que están expuestas las poblaciones humanas influyen en las tasas de suicidio en diferentes escalas. Entre los factores más comunes están la temperatura, la duración de la luz solar, la altitud y la latitud geográficas, y aunque no están claros los mecanismos biológicos exactos detrás de estas asociaciones, varios estudios han detectado vínculos estadísticos entre la duración de la luz solar y los eventos de suicidio individuales o las tasas de suicidio.
En cuanto a los factores socio-económicos, como la pobreza o el consumo de drogas o alcohol, estos se han analizado más ampliamente porque tendrían más peso que los factores climáticos para explicar las diferencias regionales en las tasas de suicidio. Los resultados de estas investigaciones dependen de la escala de los estudios. Por ejemplo, a nivel local o nacional, se informa de una asociación positiva entre pobreza y las tasas de suicidio, es decir, a mayor nivel de pobreza, aumenta el riesgo de suicidio entre la población, aunque las tasas varían según el sexo. Por el contrario, a escala regional o global, algunos estudios han mostrado una tendencia marginalmente positiva entre los ingresos económicos y las tasas de suicidio.
En el caso del consumo de drogas, se ha demostrado una relación entre el uso de drogas (marihuana, inhalables, etc.) y los intentos de suicidio, especialmente entre adolescentes o jóvenes. También se ve una correlación entre el alcoholismo y los intentos, eventos y tasas de suicidios, haciendo notar que puede deberse a la escala de los estudios, porque la mayor parte proviene de abordajes a nivel individual (casos), mientras que la información a nivel poblacional (tasas) es más escasa.
Lo anterior muestra lo complejo de establecer relaciones entre factores socio-económicos y las tasas de suicidio, con evidencia respaldando asociaciones positivas y negativas, lo que refuerza la necesidad de realizar más estudios a diferentes escalas y contextos para proporcionar evidencias de patrones que puedan respaldar políticas públicas en salud mental.
“Existen múltiples razones por las que la mirada a grandes escalas espaciales en fenómenos biológicos es muy importante, pero en este caso y en general en salud pública, este análisis permite apoyar el diseño de políticas preventivas específicas para cada región”, manifiesta Estay, “obviamente existen acciones preventivas que son generales y pueden ser aplicadas a todo el país de la misma forma, pero las particularidades de cada territorio son también relevantes para adaptar estas estrategias o diseñar algunas específicas para cada localidad”.
Resultados para la prevención
Como señala el artículo científico, se consideró un amplio gradiente latitudinal, abarcando más de 4.000 km entre las capitales regionales de todo Chile, lo que significa que se analizaron datos desde un clima cálido desértico en el norte, hasta el oceánico subpolar del sur austral. “Encontramos una clara asociación entre la menor disponibilidad de luz solar en invierno, dada por la mayor nubosidad, y las tasas de suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes. Esto también sugiere que zonas del extremo austral de Chile, con mucha nubosidad, pueden tomar este resultado para diseñar estrategias preventivas específicas”, menciona el investigador.
El segundo patrón fue aún más claro, la influencia de la pobreza en las tasas de suicidio, “este resultado fue el más importante del estudio”, afirma Estay, “la pobreza mostró una asociación muy fuerte con la tasa de suicidio en hombres adultos. Esto tiene múltiples explicaciones a nivel psicológico y sociológico, pero en la práctica indica que las crisis económicas o los bolsones de pobreza crónica son áreas donde deben existir planes preventivos rápidos y extensos. Es en estas zonas donde se podría tener un impacto más inmediato en salud pública”.
El investigador señala que en Chile el suicidio se da, en términos de casos, principalmente en personas entre 20 y 55 años. “Sin embargo, la mayor tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes se da en los adultos mayores de 60 años. Esto es importante, ya que en el imaginario colectivo, el suicidio se asocia mucho a jovenes, incluso a adolescentes, pero son los más viejos quienes lo sufren proporcionalmente más. Esto es algo que pareciera no está incorporado en nuestra idea de quien está en riesgo de suicidio”.
Estos resultados pueden entregar una guía para el diseño de políticas públicas en salud mental especialmente dirigidas a las comunidades según la región. Las intervenciones médicas poblacionales pueden planificarse según las unidades territoriales y los modelos de este estudio sirven para definir y priorizar estas estrategias. Por ejemplo, mejorar el acceso a servicios médicos para jóvenes que viven en el sur del país donde hay menos luz solar y más nubosidad, o implementar intervenciones específicas para hombres adultos mayores que viven en zonas de pobreza crónica o programas de respuesta rápida durante crisis económicas. Los investigadores esperan entregar información de relevancia a los tomadores de decisiones en este tema tan complejo y difícil, que pueda ayudar a desarrollar acciones preventivas y de acompañamiento psicológico y social.
El pasado 1 de julio, 24 jefes de Estado concluyeron su participación en la segunda versión de la Conferencia de la ONU sobre los Océanos —originalmente planeada para 2020, pero celebrada este año en Portugal— con una declaración donde reconocieron el “fracaso colectivo” que significó el no haber alcanzado las metas para la protección de los océanos contenidas, y comprometidas, en el Objetivo número 14 de la Agenda 2030 Sobre Desarrollo Sostenible.
Entre estas metas, estaban el gestionar y proteger los ecosistemas oceánicos y costeros para el año 2020; reglamentar, para ese mismo año, la explotación pesquera; reestablecer, al menos al punto de su sostenibilidad, las poblaciones de peces diezmadas por estas prácticas, y resguardar, como mínimo, el 10% de todas las zonas costeras y marinas del mundo.
La llamada “Declaración de Lisboa” también incluyó la siguiente confesión por parte de los mandatarios: “estamos profundamente alarmados por la emergencia global que afecta a los océanos. Los niveles del mar están en aumento, la erosión costera empeora, y el océano se vuelve cada vez más cálido y ácido. La contaminación marina crece a un ritmo alarmante, un tercio de las reservas de peces son sobrexplotadas, la biodiversidad marina continúa decreciendo y aproximadamente la mitad de los corales del mundo se han perdido, mientras que especies exóticas invasoras presentan una amenaza significativa a los ecosistemas y recursos marinos”.
Estas palabras, las últimas en una serie de declaraciones cuyo carácter catastrófico suele repetirse cada vez que se suscitan este tipo de conferencias, no son más que ecos de lo que buena parte de la comunidad científica lleva años informando, los riesgos de un escenario que, de continuar, no sólo afectará irremediablemente la vida en estos ecosistemas marinos, sino que también supondrá la pérdida de una fuente de alimentos fundamental para millones de personas hoy, y para toda la humanidad, en el futuro.
Así lo corroboró al menos un grupo de investigadores internacionales en un trabajo recientemente publicado en la revista Global Food Security, donde delinearon un conjunto de medidas “imperativas” para asegurar que los alimentos provenientes de ecosistemas marinos y de agua dulce, también conocidos como “alimentos azules”, sirvan a futuro como una fuente de nutrientes sostenible para una población mundial en constante crecimiento.
Un océano de oportunidades
“Los alimentos azules juegan un rol central en la seguridad alimentaria y nutricional de billones de personas, y se volverán mucho más importantes a medida que el mundo busque crear sistemas alimentarios justos que soporten la salud de los humanos y del planeta”, afirman en su trabajo.
Esto, en primer lugar, porque los alimentos de origen acuático son increíblemente diversos: más de 2.500 especies de animales, plantas y algas son parte de la dieta humana diaria, aportando micronutrientes vitales para prevenir eventos como la mortalidad materna e infantil, problemas de crecimiento y déficits cognitivos durante la formación temprana. Suponen, además, una fuente de proteínas y grasas magras más sana que aquella proveniente de la ganadería terrestre, ayudando a reducir el riesgo de obesidad y de otras enfermedades no transmisibles.
Para el medio ambiente, de hecho, este tipo de alimentos también parecen ser una alternativa real y ecológicamente viable: “los alimentos azules suelen tener huellas ambientales más pequeñas que otras fuentes de comida animal”, comentan los autores, aunque son cautos en reparar que, en este caso, “los detalles importan, pues las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos sobre la vida silvestre pueden llegar a ser bastante altos en el caso de sistemas como el de la pesca de arrastre o sistemas acuícolas pobremente regulados”.
Pese a sus múltiples beneficios, los alimentos azules siguen siendo escasamente considerados en el diseño de sistemas alimentarios sostenibles y resilientes alrededor del mundo, aun cuando expertos y expertas de todos los rincones del globo han abogado por la necesidad de diversificar estos sistemas.
Para Stefan Gelcich, investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES, y uno de los autores de este trabajo, esto se debe a que “los alimentos azules han sido vistos desde la perspectiva económica de los recursos naturales, pesqueros o acuícolas”, por ende, la atención sobre ellos se ha centrado en el potencial meramente productivo que ofrecen, su rol en el PIB o en exportaciones. “El cambio importante, es que se consideren como partes integrales de sistemas alimentarios sostenibles y equitativos” agrega.
Para alcanzar esa integración, no obstante, los tomadores de decisión deben antes superar múltiples desafíos. “Las pesquerías silvestres tanto marinas como de agua dulce necesitan ser mejor valoradas y reconstruidas” comentan los investigadores, “en tanto muchas reservas de peces han sido severamente agotadas y algunas de sus tecnologías poseen altas huellas medioambientales”.
A estas amenazas, se suman estresores ambientales como los enumerados por los autores de la Declaración de Lisboa, la inequidad económica, étnica y de género de la que adolecen hoy estos sistemas alimentarios, y la opacidad que existe hoy a la hora de fiscalizar buena parte del comercio y distribución de estos alimentos, impidiendo tanto a las autoridades como a los consumidores detectar los impactos ambientales y las violaciones a los derechos humanos en que incurren sus proveedores.
Atendiendo a estos desafíos, y basados en un informe presentado en 2021 por estos mismos investigadores como parte de una iniciativa internacional que buscó evaluar el estado actual de los océanos del mundo, el trabajo también enumera algunas de las políticas más urgentes a implementar por gobiernos y tomadores de decisión encargados de modelar y gestionar los sistemas de producción y distribución de alimentos.
“La demanda por alimentos marinos ha incrementado, y se proyecta que lo seguirá haciendo” explica Gelcich, también académico de la Universidad Católica de Chile y director del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera, SECOS. “En este sentido el desafío es poder avanzar hacia una pesca sostenible, apoyando al sector pesquero artesanal, y apuntando hacia sistemas de gobernanza que incorporen una visión donde las dimensiones socio-ecológicas de los sistemas alimentarios jueguen un rol importante”.
Es así como, en su trabajo, Gelcich y el resto de los autores definen tres ejes esenciales por los cuales políticas alimentarias de productos acuáticos a nivel nacional o global debiera orientarse: 1) la integración de los alimentos azules a los procesos de toma de decisión de políticas, programas e inversiones, de modo de permitir un manejo efectivo de su producción, consumo y comercio justo[DS1] ; 2) entender, proteger y desarrollar el potencial de los alimentos azules para terminar con la malnutrición mundial, promoviendo la producción de alimentos accesibles, asequibles y nutritivos, y 3) apoyar el rol central de los actores de pequeña escala dentro de estos sistemas, generando planes y presupuestos que respondan a sus necesidades, circunstancias y oportunidades diversas.
En el trabajo, los autores detallan las distintas dimensiones de estos ejes, indicando los problemas asociados a cada uno de ellos y el tipo de políticas orientadas a su correcta atención y solución.
El caso de Chile
¿Y qué pasa con Chile y sus 6.435 kilómetros de costa? Gelcich cuenta que, pese al rol central que juega el mar en la vida y destino de nuestro país, su situación en el panorama global no es muy distinta a la de la mayoría de las regiones del globo. “En Chile la situación es parecida” cuenta, “estamos dentro de los 10 países que producen más alimentos del mar, pero los hemos estado comprendiendo esencialmente como recursos económicos. El comenzar a comprender a la pesca y acuicultura como un sistema alimentario es importante para avanzar hacia una visión más equitativa en la distribución de los beneficios tanto económicos, sociales y nutricionales que otorgan estos alimentos”.
Las señales, al menos, están apuntando a esta comprensión. En otra reunión de líderes mundiales celebrada en junio, esta vez la versión 2022 de la Cumbre de las Américas, Chile impulsó y concretó la creación de la “Coalición América por la protección del Océano”, integrada por otros siete países de la región (Canadá, EE.UU., Costa Rica, México, Panamá, Colombia y Perú) y la cual busca generar espacios de colaboración, cooperación y coordinación a nivel político sobre Áreas Marinas Protegidas de todo el continente y conservación del océano. Mientras tanto, en la misma Declaración de Lisboa, los jefes de Estado firmantes comprometieron más de 1.000 millones de dólares para la creación, ampliación y gestión de áreas marinas protegidas y la conservación de los océanos.
Es de esperar que algunos de estos esfuerzos también apunten al aseguramiento del potencial de estos mismos océanos para alimentarnos de una manera sana, segura, y sustentable.
La siguiente columna fue escrita por los miembros CAPES, Dra. Francisca Boher y Dr. Patricio Pliscoff para una nueva edición del boletín «Dimensión Sustentable», de la Dirección de Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El bosque esclerófilo, parte del ecosistema mediterráneo de Chile central, es un tipo de vegetación caracterizada por su alto endemismo y por el constante verdor de sus árboles y arbustos. Sin embargo, entre la primavera de 2019 y el verano de 2020, parte de este bosque experimentó un evento masivo de desecación que lo transformó de un momento a otro en un “bosque café”, un fenómeno conocido como pardeamiento. Peumos, quillayes, litres, lingues y bellotos no pudieron resistir once años consecutivos de sequía.
Este suceso provocó un profundo daño a la estructura y funcionamiento del bosque, así como a los beneficios que recibimos de él, como el control de la erosión del suelo, la purificación del aire, la infiltración del agua, la provisión de madera, plantas medicinales, insectos que polinizan cultivos, entre otros.
Pero pese al desolador escenario, no todo está perdido: el bosque esclerófilo requiere medidas urgentes de conservación y manejo para su recuperación, y desde distintos espacios, hoy somos muchos los que trabajamos para restaurar este reservorio de biodiversidad.
Es el caso del proyecto “Restauración Ecológica y Parque Interpretativo en Predio UC San Carlos de Apoquindo”, una iniciativa coordinada por el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES UC, para la creación de un parque que integre actividades de manejo y restauración del bosque esclerófilo con actividades educativas e interpretativas, en una nueva zona de acceso a la pre-cordillera.
El proyecto consta de cuatros ejes: 1) restauración del bosque, analizando el estado actual de la biodiversidad y su funcionamiento ecológico, y ejecutando estrategias mixtas de recuperación: siembra y plantación; 2) diseño y construcción de una solución de ingeniería para la infiltración, acopio y distribución de aguas lluvia; 3) creación de un espacio educativo de acceso universal que concientice sobre el valor ecológico del bosque esclerófilo y la Cordillera de Los Andes; y 4) recorrido educativo e interpretativo cuyo contenido, instalaciones y diseño evoque sensibilidades y despierte cuestionamientos en los visitantes. Los anteproyectos del parque ya fueron financiados y ejecutados, y actualmente, CAPES se encuentra en una fuerte campaña para sumar socios estratégicos y levantar recursos para su implementación.
Asimismo, el Centro contribuye con conocimiento básico y aplicado en el desarrollo de otros esfuerzos de conservación de este bosque, como la participación del investigador Patricio Pliscoff (PhD) en la iniciativa del Centro de Estudios Públicos “Conservación, Institucionalidad y Filantropía”, que tiene por objeto contribuir a preservar la biodiversidad terrestre identificando los ecosistemas aún desatendidos en las áreas protegidas públicas y privadas dentro de un contexto de cambio climático, y a través de propuestas de políticas públicas elaboradas por un grupo de personas de destacada trayectoria ambiental.
Con estas colaboraciones, estamos abordando la crisis de biodiversidad a través de un modelo de apertura y gestión integral, creando un piloto de restauración ecológica del bosque esclerófilo, avanzando hacia el compromiso de carbono neutralidad y aportando con conocimiento científico en la búsqueda de soluciones que nos permitan avanzar hacia la sustentabilidad.
Francisca Boher es doctora en Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y coordinadora de Vinculación y Transferencia del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES UC.
Patricio Pliscoff es doctor en Ecología de la Universidad de Lausanne, Suiza, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES UC.
Fabián Jaksic, director del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES, fue incorporado como nuevo miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, ACAL, institución con más de 40 años promoviendo y contribuyendo al desarrollo de las ciencias matemáticas, físicas, químicas, de la vida y de la tierra y sus aplicaciones en beneficio del desarrollo y de la integración humana, cultural y social de América Latina y el Caribe.
Entre los investigadores e investigadoras chilenas que pertenecen a ACAL están el también investigador CAPES Francisco Bozinovic, Gloria Montenegro, Jorge Allende, Mario Rosemblatt y Cecilia Hidalgo.
“Suscribo la visión y misión de la ACAL y deseo contribuir con acciones concretas”, escribió el profesor Jaksic en su mensaje de agradecimiento por esta distinción, manifestando además que “el reconocimiento de los pares latinoamericanos es muy importante para mí y me siento honrado de la compañía que adquiero en Chile, cuyos miembros ACAL conozco y respeto”.
La Academia de Ciencias de América Latina fue creada en honor a la memoria de Simón Bolívar por un grupo de investigadores científicos de América Latina en 1982, estableciendo su sede permanente en Caracas en 1983, año del bicentenario del nacimiento del llamado Libertador de América.
ACAL desarrolla programas de cooperación que comprenden la divulgación de los eventos científicos regionales, la evaluación permanente del potencial de investigación de América Latina y el Caribe, el intercambio de investigadores, la transferencia de conocimientos y la formación de redes regionales de investigación. La Academia también fomenta y realiza estudios de política científica y promueve el interés por la ciencia en los diferentes niveles educativos y entre toda la población.
Actualmente la Academia cuenta con más de 250 miembros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Anualmente, ACAL organiza una reunión científica en un país distinto de la región. En Chile se ha desarrollado en dos oportunidades, en Santiago y en Viña del Mar.
Entre los organismos patrocinantes de ACAL se cuentan la Fundación Simón Bolívar para la Academia de Ciencias de América Latina, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y su Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe, ORCYT-UNESCO, el Consejo Internacional para la Ciencia, ICSU y la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, TWAS.
La cientista política, doctora en relaciones internacionales, es investigadora en CAPES, el Instituto Milenio SECOS y académica del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la UC. Su campo de estudio siempre ha estado ligado a la interdisciplina, reuniendo equipos de diversos profesionales para investigar los procesos de toma de decisiones en problemas complejos y multidimensionales como los de temática ambiental.
Francisca Reyes Mendy es una persona que siente que ha abrazado la interdisciplina desde que era niña, recuerda que “hice el científico-físico en el colegio, pero además me gustaban las matemáticas, la historia, la economía. Estudié en la Alianza Francesa y un año vino una delegación del Instituto de Estudios Políticos de París, que es el lugar donde estudian todos los presidentes de Francia, y nos contaron qué era lo que se estudiaba allá, justamente una mezcla entre economía, historia, filosofía, geografía, y yo que no sabía qué estudiar dije, ‘esta es la mía’ porque no tengo que decidirme, puedo estudiar de todo, y partí a Francia”.
Volvió a titularse en Ciencia Política en la Universidad Católica y posteriormente hizo el máster y el doctorado en Relaciones Internacionales en la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts, “que es la Escuela más antigua de Relaciones Internacionales en Estados Unidos y se caracteriza por dos cosas, una altísima tasa de estudiantes extranjeros y que tiene 16 áreas de estudios de las cuáles tú libremente eliges 3 para doctorarte, entonces, de nuevo, no estaba obligada a elegir una sola área”, indica Francisca Reyes, que terminó especializándose en organizaciones internacionales, negociación y mediación internacional y política ambiental global.
Aunque su título es de Cientista Política, Francisca se siente más bien una internacionalista, “mi abuelo materno era inmigrante, llegó de Francia a los 20 años a Chile, y mi abuelo paterno había hecho una parte muy importante de su carrera profesional en el exterior, como observador militar de las Naciones Unidas en el conflicto India-Pakistán y luego como representante militar de Chile en Brasil, y mi papá había seguido sus pasos teniendo una carrera internacional en el área de la minería. Entonces, lo que se respiraba en mi casa era, no sólo esta apertura al mundo, sino también una genuina curiosidad e interés por lo que pasaba más allá de tu espacio vital”.
Los temas ambientales
Su primer trabajo fue en la Unidad de Asuntos Internacionales y del Medio Ambiente, de la Comisión Chilena del Cobre, COCHILCO, y el tema era una de las guías técnicas de la Organización Mundial de la Salud que modificaba la concentración de cobre permitida en el agua potable, lo que implicaba que Chile arriesgaba dejar de producir cañerías de cobre. “El Presidente de esa época determinó la creación de una Comisión Técnica Asesora Presidencial y citó a un conjunto de personas, incluyendo a científicos, personas de la industria y nosotros desde el gobierno”, recuerda Francisca Reyes, “esta gran mesa de trabajo fue generando, por un lado, ciencia y entendimiento de cuál era el rol del cobre en el organismo humano, y por otro significó entrar de lleno en el ámbito de las negociaciones internacionales, el impacto a nivel nacional de lo que sucede a nivel global y por supuesto, también ingresé a un área que tiene un componente ambiental muy importante como es la minería”.
Otro paso importante para entender estos temas fue su doctorado en Estados Unidos. Su director de tesis, fue el profesor William Moomaw, físico del MIT, quien comenzó a trabajar como asesor científico de un congresista, “él se dio cuenta, a pesar de ser físico, que «it´s all about politics», menciona Reyes, “y yo entendí que los problemas que enfrentamos no son problemas de la naturaleza, si no que de quién y cómo se toman las decisiones, y así pude unir mi formación de origen, la ciencia política, que estudia fundamentalmente las instituciones, los procesos de toma de decisión, los modelos de gobernanza, con este tema que recientemente capturaba mi interés y que tenía que ver con los desafíos ambientales y de sustentabilidad”.
Ya de vuelta en Chile y habiendo participado y ganado un concurso internacional, comenzó a hacer clases en la Universidad Católica en 2004, “en esa época todavía no se hablaba tan profusamente de los temas ambientales y tuve el tremendo desafío de salir más allá de mi disciplina de origen y de mi unidad académica y empecé a conversar con un grupo de profesores que más tarde formamos el grupo GAMA”. Ahí conoció a destacados científicos como Fabián Jaksic, Luis Abdón Cifuentes, Jonathan Barton, Ricardo Irarrázabal, Cristián Henríquez, Federico Arenas, Sonia Reyes, Rodrigo Arriagada y Óscar Melo, y los invitó a participar en el proyecto «Votaciones Ambientales en el Congreso Nacional».
La interdisciplina
Francisca rememora que “nos juntamos a trabajar con estos profesores y empezamos un camino de aprender primero la interdisciplina, y segundo un camino de aprender de la visión que tenía un grupo de profesores que son todos atípicos y tremendamente interesantes”.
En esta travesía por la interdisciplina, Francisca Reyes reconoce a Fabián Jaksic (director de CAPES) y a Stefan Gelcich (director de SECOS) como su mentor y colega respectivamente. Cuenta que “Fabián me contactó con Stefan, él probablemente vio con mucho más claridad lo fecunda que podía ser la unión de saberes y de visiones. Fabián además hace como una mentoría intangible, porque no es que él te diga qué tienes que hacer, pero te pone en lugares y en situaciones que permiten que tú puedas florecer. Además, una de las características que tienen tanto Fabián como Stefan, es que son intrínsecamente curiosos. Curiosos intelectualmente de lo que no saben, de lo que les interesa más allá de sus fronteras disciplinares”.
“Después de 20 años de trabajo en la universidad tengo la convicción de que no hay ningún problema público que pueda ser abordado desde una visión monodisciplinar, creo que la complejidad de los problemas actuales, en cualquier área, no solo los temas ambientales, impone que haya una visión y un trabajo colaborativo desde distintas disciplinas y con distintos enfoques metodológicos también”, afirma Reyes Mendy.
Votaciones Ambientales
La tesis doctoral de Reyes fue sobre democracia deliberativa y el rol de la transparencia, del acceso a la información y de la rendición de cuentas inciden en la capacidad que tienen los países en comprometerse en temas ambientales. “Cuando llegué a Chile, dije, yo quiero saber cómo votan los parlamentarios en los temas ambientales y pensé que iba a ser fácil, pero no, era otra época”, reflexiona la investigadora, “de hecho era previo a la ley de transparencia, nadie sabía cómo votaban los parlamentarios, en ningún tema, porque no existía la obligación de las votaciones nominales y además no había sistemas de actas online, las votaciones eran a mano alzada, por unanimidad o mayoría de los presentes”.
Esta fue la primera dificultad, la segunda fue más conceptual y tenía que ver con definir cuáles eran los proyectos de relevancia ambiental. “Me di cuenta que no era llegar y tomar por ejemplo, todo lo que se tramitaba en la comisión de medio ambiente, no, porque hay proyectos de ley que se tramitan en varias comisiones distintas”, señala Francisca.
La pregunta, que parecía tan simple: ¿cómo votan los parlamentarios en los proyectos de ley ambientales?, tardó varios años de investigación para comenzar a ser respondida. Para la metodología, contó al inicio con la ayuda del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, y en especial con el aporte de Valentina Durán, a quién la cientista política reconoce su generosidad, a pesar de que no se conocían, de compartir su conocimiento. Luego, una vez que se identificaba el proyecto y cómo votaban los parlamentarios, se debía poder valorar ese voto, y para eso se necesitaba evaluar el efecto ambiental esperado de ese proyecto. Reyes apunta que “con el grupo GAMA y ayudados con los fondos del BID, pudimos montar el proyecto Votaciones Ambientales que ya tiene más de 15 años de funcionamiento y que hoy día está completamente radicado en y financiado por CAPES”.
Después de varios años de hacer seguimiento a las votaciones parlamentarias en temas ambientales, el equipo del proyecto se dio cuenta que algo faltaba. Necesitaban valorar si lo que está pasando en el Congreso respondía a los desafíos de política pública que tenía Chile, o no. “Una de las cosas buenas que tiene la Ciencia Política es el enfoque de lo que se llama la política comparada”, indica la académica, “los países donde funcionaba mejor la política pública, eran los que tenían capacidad de hacer cierto seguimiento a las promesas que hacían las autoridades. Y lo que empezamos a hacer fue mirar lo que comprometían los Presidentes en sus programas de gobierno, en sus cuentas públicas y los principales Ministerios, cuáles eran los problemas de Chile y qué iban a hacer para resolver esos problemas. Y eso que parece tan pedestre, fue muy revolucionario”.
Así como casi nadie se acuerda de las promesas de campaña de los presidentes, cuando hay cambio de mando, tampoco se sabe qué dejó pendiente el presidente anterior, qué herencia deja, sobre qué se puede retomar el trabajo, es así como nació el reporte sobre los Compromisos y Cumplimiento de Promesas de Relevancia Ambiental de los Presidentes.
Proyecto Vincula
La nueva iniciativa de Francisca, que dice la mantendrá ocupada por varios años, es el proyecto Vincula, que nace como un spin off de Votaciones Ambientales, al darse cuenta junto a los profesores del grupo GAMA, que el conocimiento que se generaba en la universidad, por distintos motivos, no llegaba al Congreso. “Nosotros al observar los proyectos de ley nos dábamos cuenta que era como dos mundos paralelos y esto nos causaba mucha frustración. De cierta manera era como una promesa rota, cuando mirabas lo que pasaba en el Congreso decías ‘no, es que no puede ser, cómo no van a saber esto, por qué no hacen esto otro’, por lo que nos dedicamos a tratar de entender mejor cómo el conocimiento llega al proceso de toma de decisiones”, afirma Reyes.
La investigadora comenta que ya tienen un diagnóstico y que hay múltiples razones que explican esta dificultad, entre ellas, la falta de incentivos, la falta de capacidades, el que son dos comunidades con lenguajes completamente distintos, que las vías de acceso al conocimiento en Chile no funcionan tan bien, “y lo que generamos es un proyecto que CAPES ha apoyado fuertemente y que se llama Vincula, y que es un proyecto que está hecho para crear instancias innovadoras de encuentro entre estas dos comunidades, la científica, la que produce conocimiento, con la que toma las decisiones, el espacio legislativo, con el fin último de que el conocimiento pueda informar el proceso de toma de decisiones”. La iniciativa está a punto de iniciar su marcha blanca este 15 de agosto.
“Si yo pudiera resumir mi carrera, diría que ha sido un constante caminar más allá de las fronteras disciplinarias, y en ese sentido ha sido un poco como cumplir mi sueño de niñez que era ir y ver qué había más allá de lo que mis ojos podían ver en ese minuto. Ha sido sinónimo de libertad intelectual y de mucha fecundidad”, finaliza Francisca Reyes.
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